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Un juez federal vinculó a proceso a cuatro agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) adscritos a Interpol México por robo agravado, contra la administración de justicia en distintas modalidades y tortura.
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna autorizó a la FGR continuar con su investigación contra los agentes y concedió dos meses de periodo complementario.
Durante la audiencia que inició ayer y duró casi 15 horas, la FGR acusó a cinco policías por supuestamente estar vinculados a una red en la que se utilizaron informes oficiales de agencias estadounidenses para inculpar a una familia de Zapopan, Jalisco con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que dicho plan se operó desde la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), entonces encabezada por Gualberto Ramírez.
Sin embargo, el juez únicamente consideró que la FGR aportó elementos suficientes para acreditar la supuesta participación y responsabilidad de cuatro de los imputados mientras que el quinto agente recuperó su libertad porque acreditó que tuvo cuatro incapacidades médicas cuando ocurrieron los hechos señalados por la FGR en los que supuestamente se firmaron oficios para investigar a la familia víctima, que derivaron en la ejecución de tres cateos.
Las víctimas estuvieron representadas por el abogado Marco Antonio del Toro quien narró ante el juez que la estructura de una institución de procuración de justicia federal (la FGR) fue utilizada para inculpar a las víctimas de delitos que no cometieron, derivado de un conflicto marital y de un divorcio entre un empresario, quien ya cuenta con orden de aprehensión, y su exesposa.
El abogado explicó que el empresario denunció a su exesposa y sus dos hermanos de robarse dos o tres botellas de vino de origen griego y chino para presionar ilegalmente a la mujer de concederle la guarda y custodia de sus hijos y renunciar a todos los derechos patrimoniales que pudieran corresponderle derivado de la disolución del vínculo matrimonial.
El juez prohibió a los medios de comunicación publicar los nombres de las víctimas, los domicilios, números telefónicos referidos en la audiencia y los nombres de los servidores públicos vinculados a proceso a quienes sujetó a prisión preventiva justificada.
