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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contabilizó mil 643 militares que comprometieron la seguridad y la imagen del Ejército entre 2019 y 2020: filtraron documentos, vendieron armas y vestuario, se involucraron en robos y extorsiones, compraron o vendieron drogas, o bien están vinculados a la delincuencia organizada, entre otros.
Los casos que se exponen corresponden a los informes que presentaron diversas secciones del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana tras aplicar medidas de contrainteligencia, otros provienen de evidencias localizadas en medios de comunicación, redes sociales y a través de denuncias anónimas.
El documento fue creado por el Sistema de Inteligencia Militar como parte de la evaluación bianual 2019-2020 y muestra las estadísticas de casos en los que se han vulnerado las medidas de contrainteligencia, “afectando la seguridad en las operaciones, la información, la documentación y la integridad física del personal militar”, según consta en los registros de correo electrónico filtrados por el grupo Guacamaya.
El informe enviado el 20 de abril de 2021 da cuenta de que la mayoría de las faltas fueron cometidas por la tropa (mil 500), aunque hay registro de la participación de 60 oficiales, 30 jefes y tres generales.
De las 13 categorías analizadas por el Sistema de Inteligencia Militar destaca el caso de 34 integrantes del Ejército, a quienes presuntos integrantes de la delincuencia organizada intentaron cooptar. De éstos, se comprobó que sólo en dos casos se consolidó esta cooptación, en el resto se considera que las medidas preventivas adoptadas por los mandos fueron adecuadas, aunque “no se descarta que existan casos donde la delincuencia organizada sí haya logrado su objetivo”.
Se ubicaron 78 casos de filtraciones de documentos oficiales, principalmente a través de Facebook, Twitter y mensajería instantánea.
La Sedena destaca que algunas de éstas fueron difundidas por usuarios con un alto número de seguidores.
También señala que integrantes de la delincuencia organizada utilizan las redes sociales para difundir información que afecta la imagen del Ejército.
“A pesar de la disminución de eventos [se redujo 18.6% de 2019 a 2020], éste es uno de los rubros que persiste entre el personal militar y en el que se requieren mayores esfuerzos, debido a las consecuencias que resultan tanto a nivel institucional como personal”, se lee en el documento.
La Inteligencia Militar detectó un incremento en la extracción y venta de armamento. En 2019 ubicó tres casos y en 2020, ocho. El 18.2% de estos casos se dieron en la VII Región Militar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
“Los eventos antes descritos exponen una falta de supervisión y aplicación de las medidas de seguridad física y procedimientos de contrainteligencia en la materia, lo que permite que se materialicen extracciones de armamento no autorizadas para su posterior comercio”, se explica en el informe.
Lo mismo ocurre con la venta de uniformes y equipo que produce su comercialización en redes sociales, mercados informales, o bien, por parte de personal militar, “mismo que puede ser utilizado por la delincuencia organizada para realizar sus actividades ilícitas”.
El análisis comparativo de 2019 y 2020 muestra una disminución de la incidencia: pasó de mil 51 casos el primer año, a 592 en 2020, lo que representa una disminución general de 43.68%.
Según el informe, esto es propiciado “fundamentalmente” por el surgimiento de la pandemia de Covid-19 que “limitó algunas actividades del personal militar que verifica las medidas de contrainteligencia, así como de los responsables de aplicarlas”.
También enfatiza la efectividad de las medidas adoptadas por la Sedena como correctivos disciplinarios, consejos de honor, cambio de adscripción, entre otros.
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