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Por más de un año, Yolanda soportó el comportamiento de sus compañeros de trabajo antes de tomar la decisión de ejercer acción jurídica en su contra, incluso cuando se decidió a hacerlo se sintió culpable, pero el acoso laboral del que era víctima había trastocado hasta su esfera familiar y ya no pensaba permitirlo.
A tres años de haber presentado algunas de las denuncias, el proceso va lento, algunas se han resuelto con sanciones “leves” para sus agresores y otras siguen en proceso, en otras hay dificultad porque no existe un sistema legal con competencias delimitadas sobre a quién le corresponde cada una de las actuaciones, a tal grado que denunciar y dar seguimiento al avance de las investigaciones es, también, cuestión de privilegios.
“Cuando tú denuncias debes de contar con un buen asesor para conocer cuál es la autoridad competente que debe conocer el asunto que tú tienes”, en su caso, el ser abogada le permitió analizar cuáles conductas eran competencia administrativa, cuáles eran penales y cuáles eran electorales para accionar ante las tres instancias.
El caso de Yolanda Pedroza Reyes, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, es pionero en la materia, el camino que siga éste van a seguir otros casos similares, lo que imprime importancia en el conocimiento de las competencias de las autoridades.
Pedroza Reyes también urge a las autoridades correspondientes a legislar en la materia, pues actualmente no hay sanciones definidas en contra de quien ejerza violencia psicológica o violencia política, la única violencia que está reglamentada y cuenta con sanciones en el código penal es la violencia sexual.
La violencia de la que Yolanda fue víctima se conoce como acoso laboral, sin embargo este acoso es movido por cuestiones de género, las decisiones que debía tomar el pleno del Tribunal se tomaban de manera unilateral por uno u otro de sus compañeros, no había sesiones de pleno y querían obligarla a formar actas de sesiones inexistentes a las que nunca fue convocada. El acoso laboral tampoco está reglamentado en materia electoral en el que ella se desempeña.
Y es precisamente en el ámbito electoral, en el que la magistrada consideró que el tema es más complicado porque en algunos casos a los que se va a sancionar son representantes electos, y “cómo se va a sancionar si es tu representante”, otra complicación existe cuando son tus iguales o el trabajo es colegiado, dado que las medidas de protección que se dicten tiene que considerar estos aspectos.
De los tres procedimientos que emprendió la víctima: el electoral, presentado en noviembre de 2015, fue resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en marzo del 2016 y acreditó la violencia de la que fue y quizá aún es víctima la magistrada; la acción penal se presentó en abril del 2016 y a dos años sigue en proceso; los proceso administrativos por su parte han generado sanciones leves en contra de sus agresores.
Actualmente Yolanda Pedroza Reyes es la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, porque sus compañeros ya habían ocupado este cargo y la ley les impide repetir el encargo, es decir, a sus compañeros ya no les quedó de otra que elegirla.
Reconoció que a raíz de las denuncias uno de ellos ha cambiado su actitud, muestra más respeto, sin embargo, otro de ellos mantiene una actitud renuente a trabajar en conjunto, no obstante, los efectos para ella van más allá, tuvo que acudir a recibir apoyo psicológico para aislar estos hechos de su ámbito familiar, para no “sentirse culpable por denunciar”.
Pero las agresiones no solo surgían de sus pares sino de sus subordinados, como un efecto causado por sus compañeros que la ponían en evidencia, provocando que sus subordinados no la percibieran como una igual de los otros magistrados, sino alguien inferior.
Finalmente señaló que eso le provocó una percepción de aislamiento, y es similar a lo que muchas otras mujeres viven, pues “cuando eres víctima de violencia, te sientes aislada”.
maria.medrano@clabsa.com.mx
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