A finales de la semana pasada, sucedió lo inevitable: sin debate, sin análisis, sin escuchar más voces que la que suena en Palacio Nacional, la mayoría gobernante en ambas cámaras del Congreso de la Unión aprobó un paquete de reformas legales para trasladar el control de la Guardia Nacional a la Sedena. 

Para el viernes por la tarde, el decreto estaba firmado y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Consummatum est. 

O tal vez no. Ahora el conflicto cambia de foco y escenario. Por una parte, viene esta misma semana una nueva batalla legislativa, con momios algo más favorables para la oposición. 

La inesperada (y lamentable) iniciativa priista para extender la participación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 llegará al pleno de la Cámara de Diputados entre martes y miércoles. Probablemente encontrará allí, de la mano de Alejandro Moreno y Rubén Moreira, los votos suficientes para alcanzar una mayoría constitucional. Pero el asunto puede complicarse en el Senado, donde la bancada priista ya expresó su rechazo a la propuesta. 

El viernes pasado, en la conferencia mañanera, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, quiso espantar con el petate del muerto, alegando que si no se extendiera el plazo del artículo quinto transitorio, “entraríamos con problemas en la institución.” 

No dio muchos detalles sobre los “problemas” específicos, pero mencionó que en las administraciones anteriores, las Fuerzas Armadas no contaban con un marco legal para actuar en materia de seguridad pública y eso las había obligado a operar al “filo de la navaja”, llevando a que a la fecha tengan “mucho personal que está en prisión”. 

Omitiendo las aclaraciones necesarias —tal vez el general Sandoval no recuerde la Ley de Seguridad Interior, aprobada en 2017 y eventualmente declarada inconstitucional por la Suprema Corte— y las preguntas obvias (¿Cuánto es mucho personal? ¿De qué casos concretos estamos hablando y cuáles fueron las acusaciones específicas?), uno supondría que la Sedena tendría a la mano un sencillo expediente para evitar la repetición de esa penosa experiencia. 

Bastaría con transferir más personal, equipo e instalaciones a la Guardia Nacional. Todo lo que juzguen necesario, todo lo que hoy usa el Ejército para labores de seguridad pública. Al fin y al cabo, les acaban de dar el control pleno, operativo y administrativo, de la corporación ¿Cuál sería el problema? 

A mi juicio, el problema desde la perspectiva de la Sedena es doble. Por una parte, saben perfectamente que las reformas legales aprobadas la semana pasada son de constitucionalidad dudosa (por decirlo de algún modo) y temen que eventualmente la SCJN falle en su contra. 

Eso los pondría ante un complejo dilema: podrían tener que escoger entre seguir con la simulación que hasta hoy ha significado la GN (con el notable riesgo administrativo que eso significa), ceder plazas y presupuesto a una dependencia civil (la SSPC), o sacar a todos sus elementos de la GN (y por tanto matarla). 

Por otra parte, parecerían estarse curando en salud. Pedir una extensión del plazo del quinto transitorio es casi admitir que temen lo que suceda en la próxima administración y quieren por tanto seguir directamente en las calles haciendo tareas de policía, como un mecanismo de presión y negociación con gobiernos estatales y eventualmente las próximas autoridades federales. 

Una institución que confía en el futuro y en la sucesión no trata de poner candados de este tipo.

 
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