Estas cosas suceden poco, pero hay que parar oreja cuando pasan.
Según notas de prensa aparecidas durante el fin de semana, un grupo de turistas —14 a 20, dependiendo la fuente— procedentes del estado de Guanajuato fue secuestrado el 18 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco.
Los detalles sobre el incidente son aún escasos y confusos. De acuerdo con la versión del fiscal general de Jalisco, Octavio Solís Gómez, los turistas guanajuatenses circulaban en ocho vehículos todo terreno por una zona residencial de Puerto Vallarta, cuando fueron interceptados por un grupo de hombres armados. Algunas de las víctimas tratan de huir, hay disparos y uno de los guanajuatenses, un empresario dedicado al transporte de materiales, recibe una herida letal. Los demás integrantes del grupo desaparecen.
Pero, cosa curiosa, no existe, una semana después del incidente, ninguna denuncia formal por secuestro o desaparición de personas, ya sea Jalisco o Guanajuato. O al menos eso informó el fiscal Solís.
¿Qué hay entonces detrás de este caso? ¿Hay alguna vinculación con la pugna que se libra en Guanajuato entre varios grupos criminales, incluyendo al Cártel de Jalisco Nueva Generación? Nadie sabe del todo. Por ahora, hay más especulación que datos y más rumores que evidencia. Sin embargo, es posible hacer algunas reflexiones generales a partir del hecho concreto:
1. Los secuestros masivos son una señal de que la violencia criminal en un espacio específico se ha empezado a volver indiscriminada. Ese fue el caso, por ejemplo, en Acapulco en 2010, cuando 20 turistas michoacanos fueron raptados y luego asesinados, supuestamente “por error”. Lo que siguió en el puerto guerrerense en los meses subsecuentes fue muestra de que las bandas habían dejado de tener límites.
2. Un secuestro masivo como el ocurrido en Puerto Vallarta solo puede suceder si hay redes de complicidad con los grupos criminales en las corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno. No es cualquier cosa detener a ocho personas, capturar a 14 o 20 personas (después de pegar una andanada de tiros) y desaparecerlas como si nada, en el corazón de uno de los principales centros turísticos del país. Eso no sucede si no hay alguien protegiendo a los delincuentes.
3. Resulta probable que las víctimas hayan sido ubicadas por sus secuestradores mucho tiempo antes de que llegaran a Puerto Vallarta. Es posible, incluso, que hayan estado en la mira desde su salida de Guanajuato unos días antes. Eso apunta a un fenómeno cada vez más marcado: las redes criminales del centro-occidente del país cruzan fronteras estatales. Lo que sucede en Jalisco impacta en Guanajuato y viceversa. Lo mismo se puede decir de Michoacán y Colima. Hay un componente claramente regional en los patrones de violencia de esa zona del país. Eso sugiere que habría que pensar en una respuesta federal que abarcase a la región completa y que coordinara a las autoridades de esos cuatro estados.
4. Por la ubicación de los hechos, el incidente es noticia internacional y puede volverse la puntilla para una industria turística ya enormemente golpeada por la pandemia. En ese sentido, las autoridades de los tres niveles de gobierno harían bien en diseñar y poner en marcha una estrategia específica de seguridad para localidades con alta afluencia de turistas.
Los hechos de Puerto Vallarta no son asunto menor. Son una muestra del deterioro de las condiciones de seguridad en el centro-occidente del país y señal de la libertad que tienen para operar diversos grupos criminales.
Ojalá esto sea una llamada de atención para las autoridades. Si un secuestro masivo se deja pasar sin mayor respuesta, la situación puede empeorar mucho y en muy poco tiempo.
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