Es previsible que la conversación sobre las iniciativas de reforma electoral, presentadas recientemente, se intensifique aún más en los próximos días; permítame pues, inaugurar este espacio con algunos apuntes al respecto. Primero, dos advertencias: 1) La iniciativa presentada desde la presidencia de la República, va del texto Constitucional, por lo que muchas definiciones y la confección de nuevos procedimientos todavía estarían sujetas –en caso de su aprobación– a la legislación secundaria. 2) En materia electoral, todos los temas son interdependientes; cualquier ajuste, por más sencillo que parezca, tendrá efectos como ondas expansivas en diversos aspectos, incluso fuera de las fronteras de la normativa estrictamente electoral.
La reducción del tiempo en radio y televisión que se debe destinar por cada emisora, en periodo electoral, de 48 a 35 minutos es una de las consideraciones previstas en la iniciativa presidencial. Antes de que Usted que me lee se congratule por no tener que ver u oír tanta propaganda partidista cuando intenta disfrutar de sus contenidos favoritos, permítame colocar un elemento para la reflexión. Recordemos que esta medida no tiene como destinatarios únicos a los partidos políticos nacionales, sino también a las autoridades electorales, y –en menor proporción– a otras figuras como son las candidaturas independientes, los nuevos partidos políticos, los partidos políticos locales y –en entidades como Oaxaca– a candidaturas independientes indígenas.
De tal suerte que la sola propuesta supone un desafío mayúsculo a los legislativos locales y federal: resolver en normativa secundaria, el supuesto de reducción de tiempo, asegurando que la disminución proporcional de presencia mediática a esas figuras, que de por sí ya tienen menor acceso a tales espacios, no disminuya sustancialmente su capacidad de competir en la contienda y, a la vez, asegurar disponibilidad de medios para que las autoridades electorales cuenten con la posibilidad real de promover la participación ciudadana, compartir información relevante y oficial, así como combatir la desinformación durante las elecciones.
Comunicar oportuna y suficientemente, así como poner a todas las opciones políticas al alcance de la ciudadanía, durante la contienda, será el verdadero reto que atraviese tanto a los Congresos, a los partidos, a las autoridades electorales y a las candidaturas, en esta arista. Las redes sociales emergerán, entonces, como alternativa, y en tal caso, su regulación amplia, robusta y sostenida por mecanismos e instancias serias será también urgente.
Finalmente, permítame recordarnos que, tal como ahora se prevé en la normativa electoral, el tiempo de radio y televisión no implica una erogación al Estado; su costo impacta a las empresas concesionarias que están obligadas a cederlo. Usted, ¿qué otras implicaciones advierte alrededor de este tema? ¿Sobre qué otros temas o aspectos electorales quisiera colocar el diálogo? No deje de conversar y de mantenerse en el debate público.
Consejera Electoral. Abogada, Maestra en estudios de la democracia y procesos electorales. Siempre dispuesta a la conversación sobre temas electorales, derechos político electorales de las mujeres y de grupos históricamente discriminados. Contáctame en mis Redes sociales: fB @GracielaDiaz, X: @g_diazv, iG: g_diazv y sigamos el debate.