Explicablemente irritado porque a pesar de su trayectoria y experiencia le fue negada la posibilidad de buscar su reelección como diputado, Porfirio Muñoz Ledo soltó contra Mario Delgado Carrillo graves acusaciones que confirman que Morena avanza aceleradamente hacia una profunda fractura, a solo dos meses de las cruciales elecciones federales del seis de junio próximo y en medio de en una abierta confrontación con el Instituto Nacional Electoral.

Como se sabe, el INE tomó determinaciones que, para ese organismo autónomo y el consenso de los juristas, buscan simplemente hacer valer la ley, pero que para Morena y para AMLO son maniobras leguleyas para impedir que refrenden su mayoría en la Cámara de Diputados y descarrilar victorias inminentes (a su juicio), en algunas de las gubernaturas de los estados en contienda.

Son dos esas determinaciones: 1. Hacer valer, como exige la Constitución, que ningún partido político exceda en ocho por ciento su número de diputados a partir del porcentaje total de votos obtenidos (la coalición Morena-PT-PES obtuvo en 2018 el 44% de la votación total, pero conformó una bancada que equivale a 61.6% del total de diputados); y 2. Revocar —por no comprobar gastos de precampaña— el registro de 49 candidatos morenistas, entre ellos Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán.

Ante estos hechos, el líder nacional de Morena llegó al exceso de amagar con la “extinción” de árbitro electoral, palabra inadecuada y a todas luces excesiva por la intolerancia que refleja.

Para Muñoz Ledo —tras conocerse el lunes pasado las listas de candidatos plurinominales de Morena de las que fue eliminado— Delgado Carrillo se ha vuelto “enemigo vociferante del INE”, porque está “acorralado por la justicia”. ¿A qué se refiere? A que, en efecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mandató al INE a “fiscalizar la opacidad y el excesivo uso de recursos privados en la campaña de Mario Delgado Carrillo”, aunque consideró inexistente el uso de recursos públicos.

La sentencia del expediente SER-PSC-30/2021 ordena dar vista, para que se investigue al respecto, a la Unidad de Fiscalización del INE y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda.

Con tales argumentos, Muñoz Ledo señala que Delgado Carrillo (a quien también acusa de haberle arrebatado a la mala la dirigencia nacional de Morena) “pretende ejecutar a la autoridad antes de que lo declare ratero”.

El líder del partido en el gobierno explicó que Muñoz Ledo no fue incluido en las listas porque no presentó en tiempo y forma la solicitud correspondiente, lo que el aún diputado desmintió, compartiendo copia de la misma, recibida por la Comisión Nacional de Elecciones del partido a las 18:47 horas del pasado lunes 29 de marzo.

“Me eliminaron porque me consideran –como antes a AMLO– un peligro para México”, tuiteó Muñoz Ledo el miércoles y luego exigió a quien llamó “el titiritero mayor” que le corte los hilos y las prebendas al “muñeco morboso”. Este último –obvio– debe ser Delgado Carrillo. ¿Quién “el titiritero mayor”? Uno pensaría que López Obrador. Pero eso sugiere que ambos personajes ya están confrontados, una evidencia más de fractura.

Otro “titiritero”, aunque un poco menor que el mayor, podría ser Marcelo Ebrard, de cuyo grupo político es personaje centralísimo Delgado Carrillo. Eso significaría que estamos en un episodio más de la pugna de poder que desde la conformación del gabinete y durante la reciente renovación de la dirigencia nacional de Morena confrontó al secretario de Relaciones Exteriores con la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuyo grupo apoyó las pretensiones de Muñoz Ledo de liderar al partido en el gobierno.

En cualquiera de esos escenarios, alcanza a atisbarse una lucha por la candidatura presidencial morenista para 2024.

Por lo pronto, en sus listas de candidatos plurinominales aparecen en las primeras posiciones empresarios, exfuncionarios públicos, alcaldes y diputados federales que pretenden la reelección. Es el caso de Patricia Armendáriz, la Shark Tank que es consejera del Grupo Financiero Banorte; Antonio Pérez Garibay, papá del piloto de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez; Miguel Torruco Garza, hijo del actual secretario de Turismo, Miguel Torruco; y Yeidckol Polevnsky, exsecretaria general del partido, entre otros.

Instantáneas:

1. YA HABLAN DE NOMENCLATURA. No es menor la inconformidad entre militantes de Morena por lo que consideran un turbio manejo de la lista de candidatos a diputados plurinominales, del que responsabilizan al dirigente nacional Mario Delgado Carrillo. Acusan exclusión y entrega de espacios a amistades, recomendados y militantes de otros partidos. Gilberto Encinas, quien fuera coordinador de campaña de AMLO en San Luis Potosí, sostiene que la indignación se ve en todo el país. “Nunca se hicieron encuestas, ni se escogieron los mejores perfiles, además de que se entregaron espacios desproporcionadamente al Partido Verde y al PT”, asegura Encinas. De ahí que señalen a un reducido grupo, al que llaman ya la Nomenclatura, que se ha alzado con el control del partido y que ha repartido espacios y candidaturas “por encima de los intereses de los mismos morenistas”. Porfirio Muñoz Ledo lo ha dicho en términos más simples pero muy claros: es el imperio de la “dedocracia”. Como en los tiempos de “El dedo de oro”, novela imperdible de Guillermo Sheridan.

2. PÍO. Será un mes después de las elecciones del próximo 6 de junio cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita su resolución sobre el caso de Pío López Obrador para determinar si el INE puede concluir o no las investigaciones en su contra por recibir presuntas aportaciones en efectivo para las campañas de Morena en 2015 y 2018. Los abogados del hermano del Presidente aseguran que hasta el momento no han recibido notificación alguna para entregar más pruebas o presentarse a audiencias. Serán entonces cuatro meses los que deberán pasar para conocer la determinación del TEPJF. Después del 6 de junio, todo. Conveniente ¿no?

3. ¿Y LA ECONOMÍA? La secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el miércoles pasado a la Cámara de Diputados los precriterios de política económica para 2022. Estima para este año un crecimiento del PIB de 5.3% y para 2022 de 3.6%. Con esos rangos apenas se compensaría la caída de 8.5% provocada por la pandemia. Para el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, tales indicadores sugieren que para 2023 la economía mexicana tendría una fuerte caída. Considera que, si se pretende impulsar para ese año un crecimiento más o menos razonable de 2%, será necesario que el año entrante se realice una reforma fiscal que permita un desarrollo territorial con crecimiento sostenible, incluyente y equitativo. Para eso debe fortalecerse antes la productividad del país, a fin de que impulse la competitividad empresarial.