La violencia desatada en Caborca, donde hace tres semanas un convoy del crimen organizado “levantó”, torturó y ejecutó a diez personas, cuyos cuerpos abandonados formaron un racimo sangriento en el camino a Sonoyta, no solo tiene en su centro la supremacía en el tráfico de drogas y personas. En el fondo de la disputa está también el control de las minas de oro de la región.

Sonora es la entidad con mayor actividad minera en el país, con un valor de producción de 138 mil millones de pesos.

El pasado 19 de junio más de 15 camionetas con hombres armados recorrieron Caborca durante horas, buscando objetivos previamente seleccionados. El operativo era parte de la guerra entre el llamado Cártel de Caborca, a cuyo frente se encuentra Rodrigo Páez Quintero (sobrino del célebre Rafael Caro Quintero), y el grupo de Los Salazar, que responde a la facción del Cártel de Sinaloa que encabezan los hijos de El Chapo: Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán.

Un mes antes habían aparecido dos hieleras con restos humanos y un narcomensaje del Cártel de Caborca en el que se advertía que productores, comerciantes y mineros tendrían que pagar “derecho de piso” a este grupo criminal. El viernes pasado, narcomantas sembradas por el Cártel de Sinaloa responsabilizaron a Páez Quintero de la violencia que ha cundido en la región, y “denunciaron” ante el presidente López Obrador que el sobrino de Caro recibía protección de los tres niveles de gobierno, y en especial del Ejército: un anuncio más de que, en Caborca, la violencia no se detendrá.

Según la carpeta FED/SON/CABO/0002265/2018, en octubre de 2018 propietarios del ejido El Bajío, a 65 kilómetros de Caborca, denunciaron ante las autoridades que Rafael Pavlovich Durazo, tío de la actual gobernadora del estado, se había presentado con 23 individuos armados para saquear minerales de los terrenos ejidales. Lo acompañaba Rodrigo Páez Quintero, quien se identificó como jefe de plaza de Caborca y dijo a los ejidatarios que su tío Rafael Caro Quintero le había dado permiso para matarlos “si no se salen a chingar a su madre”.

Desde entonces, los conflictos en la zona minera no han hecho sino crecer.

En 2009, los ejidatarios de El Bajío entraron en litigio con la Minera Permont, con la que habían trabajado durante una década mediante convenios ocupación. Exigieron la devolución de los terrenos, así como una reparación de 300 millones. El Tribunal Unitario Agrario ordenó solo la restitución de los predios en litigio. La minera conservó una franja colindante, que se hallaba en terrenos nacionales, no ejidales, en la que continuó la explotación de minerales.

Pero los ejidatarios, alentados por un oscuro abogado de Sinaloa, Jesús Thomas González, no pudieron hacer lo mismo. Se quedaron sin dinero y con la operación minera suspendida (hacen falta millones de dólares para echarla a andar). En 2014 también los ejidatarios se dividieron. El grupo liderado por la familia Cruz rompió con el grupo aliado al abogado Thomas: vino una época de tensiones por el control del ejido, que culminó con el asesinato de Jacinto Cruz.

El conflicto entre los grupos derivó en la descomposición del ambiente en la zona. Comenzó el “huachicoleo” de minerales y también el robo de oro a la minera: uno en enero de 2011, otro en agosto de 2015, uno más en noviembre de 2019.

El bocado era demasiado atractivo para las organizaciones criminales. Los Salazar se acercaron a un grupo de ejidatarios. Rodrigo Páez ofreció financiarles la producción  a los otros.

Los Cruz denunciaron a Páez y a Rafael Pavlovich en septiembre de 2019 “ya que han sacado bastante oro y no se nos ha dado ni un gramo”.

El 1º de marzo de este año, un convoy de cuatro camionetas con hombres armados llegó a terrenos del ejido El Bajío, que colindan con la Minera Penmont (se trata de una mina  cielo abierto). Ordenaron al personal de vigilancia de esta empresa que se retirara: “El problema no es contra ustedes, es contra los Cruz”. Se pidió apoyo al Ejército y sobrevino un enfrentamiento en el que, se lee en el comunicado de la Sedena, tres presuntos delincuentes fueron “neutralizados”.

El conflicto fue escalando: el grupo de los Cruz fue expulsado del predio por la gente liderada por Thomas. El pasado 11 de marzo, los nuevos ocupantes del ejido irrumpieron en la minera con machetes y bombas molotov, e hirieron a 11 vigilantes.

El ataque se repitió en la madrugada del día 26: esta vez 16 guardias fueron heridos y algunos otros privados de la libertad hasta que fueron rescatados por la policía estatal.

Los invasores destruyeron el campamento, quemaron vehículos y tomaron posesión del predio. Hoy, tanto la minera como otros grupos de ejidatarios denuncian la entrada de grupos criminales a la zona para quedarse con esas tierras: se ha detectado, mientras tanto, que los invasores de la mina están “ordeñando” los residuos para venderlos en el mercado negro.

Caborca está en llamas. El enfrentamiento crece entre los grupos criminales. Y como era de esperarse, ninguna autoridad ha intervenido.