Durante décadas, los gobiernos priistas cambiaron las leyes electorales a modo, de tal suerte que para cuando fueran las elecciones presidenciales, la oposición tuviera desventajas sobre el régimen oficialista. Era eso parte de la dictadura perfecta del priato. Sin embargo, para ganar legitimidad política, Ernesto Zedillo, modificó en 1996 el cuestionado artículo 105 de la Constitución. A partir de ese momento, se prohibió hacer cualquier cambio en las normas electorales 90 días antes del inicio del proceso electoral presidencial venidero. Eso significa que, para las elecciones de 2024, NO se pueden hacer cambios después del 31 de mayo de 2023. Esta fecha es la disputa que hoy tienen el presidente Andrés Manuel López Obrador y su grupo parlamentario, por otro lado la oposición y en otro la autoridad electoral, el INE.
Mientras más rápido se publique el Plan B electoral del Presidente, más rápido se pueden acabar los litigios e incluso las suspensiones judiciales para que, de lleno, entren en vigor las seis normas electorales que recientemente aprobó el Congreso, pero aquí es donde hay una disputa política-legal: el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel (PAN), mandó de vuelta al Senado el último día de sesiones cuatro de las seis leyes electorales aprobadas. Al hacer eso, se aseguró de que las normas no entren en vigor hasta febrero, cuando regresan de vacaciones. Y es que, en el Senado, el bloque oficialista no cuenta con las dos terceras partes para convocar a un periodo extraordinario este mismo año. Varios señalan que lo que hizo Creel fue una práctica parlamentaria acostumbrada; sin embargo, me parece que tan no lo fue, que apenas dio el trámite, la diputada Margarita Zavala, también del PAN, pidió que se volviera a leer el acuerdo que había hecho y votado el presidente de la cámara baja. Cuando la exprimera dama se aseguró de que todo iba de vuelta al Senado, respiró tranquila y dio su aval.
Otras personas consultadas piensan que Creel le metió “gol” al oficialismo y ganó tiempo, pues pudo haber enviado al Ejecutivo, para publicación, todos los artículos que ya habían sido aprobados por ambas cámaras del Congreso, sólo regresando al Senado el artículo eliminado de la “vida eterna de los partidos”, que forma parte de la ley electoral. El Presidente, luego de la mañanera de ayer, es de quienes piensan que Creel le jugó chueco y ganó tiempo, por eso estaba tan de malas. Tan es así que declaró, también ayer en la mañanera, que ya se van a publicar las leyes electorales y que en febrero que regrese el Senado a sesionar, ya verán qué hacen con el artículo de “vida eterna” que está pendiente.
Así, hay que ver qué sucede, pero me parece que, para ganar tiempo y eventualmente librar la fecha del 31 de mayo de 2023, López Obrador ha ordenado la publicación de la norma electoral, o así se infiere de lo que señaló en la mañanera. Esto meterá presión adicional a la revisión judicial que, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, harán del tema. Y es que todo el proceso legislativo y varios artículos podrían tener visos de inconstitucionalidad. La disputa Creel-AMLO aumentará los temas impugnados.
López Obrador no será experto en muchas cosas, pero domina los temas electorales y sabe que con las reformas aprobadas (el Plan B), su partido estaría más cerca que nunca no sólo de volver a ganar la presidencia, sino también de lograr una súper mayoría en el Congreso para hacer los cambios constitucionales que hasta ahora él no ha logrado: desaparecer al INE, a los organismos autónomos como el INAI, la Cofece y el IFT, agregar programas sociales a la Constitución y modificar temas energéticos, entre otros.
Así que, la gran batalla es si las normas que se han discutido y aprobado en el Congreso de la Unión, el llamado Plan B, estarán aplicando para el 31 de mayo del próximo año, pues si no, ya no aplicarán para las elecciones federales y estatales de 2024, las más grandes de la historia de México por la cantidad de cargos simultáneos a elegir. Estamos de lleno en una batalla legal sin precedente.
