El Instituto Nacional Electoral (INE) se ha encargado de ser ambiguo en sus resoluciones sobre lo que pueden hacer los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, por ello me refiero a los seis políticos inscritos, para ver quién entre ellos se convierte en el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

El INE ha decidido hasta ahora no “arbitrar” el adelantado proceso sucesorio de Morena. Tres razones pudieran explicar la ausencia de su actuar como reguladores electorales: 1) que la nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a diferencia de su antecesor, no quiso iniciar su gestión confrontando al presidente Andrés Manuel López Obrador y el proceso interno de Morena que él ideó; 2) que la presidenta del Instituto haya pasado más tiempo tratando de conseguir los votos al interior de éste para nombrar a un nuevo equipo directivo y, ante la falta de varios puestos clave, no fue debidamente asesorada en temas regulatorios. (Por cierto, no juntó los votos necesarios para los puestos más importantes, con lo que tuvo que conformarse con nombrar a varios “encargados de despacho”).

O 3), que en el INE hayan preferido no “arbitrar”, dado que tienen la percepción de que cualquier resolutivo para frenar a las “corcholatas” habría sido incumplido, con lo que se hubiera mostrado una gran debilidad institucional y prefirieron evitar dar esa apreciación.

Pero el proceso de Morena ha recibido tantas impugnaciones ante el Tribunal Electoral (TEPJF) por parte de la oposición, e incluso de miembros de Morena, que, literalmente, ya se armó un “desmadre” con un futuro incierto.

Luego de varios ires y venires entre resoluciones del INE y del TEPJF, ahora éste último acaba de ordenar, el miércoles pasado, que el instituto emita unos “lineamientos” para regular los procesos internos adelantados para la selección de candidaturas presidenciales. (Ojo: estos lineamientos van a salir mes y medio después de que Morena anunció su proceso y tres semanas luego de que la oposición arrancó el suyo).

Estos nuevos lineamientos que el INE está ordenado a expedir deben regular, particularmente, la fiscalización de estos procesos para verificar que los recursos utilizados tengan un origen lícito, y definir si el gasto se clasifica como ordinario o se va a abonar al de las precampañas. ¡Y aquí es donde todo se va a complicar!

Hasta hoy, todas las “corcholatas” y varios del frente opositor están gastando muchísimo dinero en espectaculares, bardas, redes sociales, artículos promocionales y hasta spots en salas de cine y programas de televisión. Han argumentado que no son ellos, que son sus “seguidores” quienes lo hacen y se han deslindado de este tipo de gastos sin mayor consecuencia. Pero, ahora que vienen estos lineamientos, y dado que se podrán abonar los gastos del proceso interno a los de precampaña, las cosas cambian radicalmente.

Esto porque, si el INE, con su fiscalización, computa los gastos que están haciendo las “corcholatas” en las internas y los suma como parte de la precampaña de Morena —y toda vez que el tope de las precampañas será de alrededor de 80 millones de pesos—, quien sea el candidato de Morena podría rebasar fácilmente el límite de gastos de precampaña y la sanción por este rebase es la no obtención del registro como candidato presidencial. Lo mismo aplicará para el candidato del frente opositor.

Las otras tres causales para anular un registro de candidato, a cualquier cargo de elección, son: actos anticipados de precampaña, no entregar oportunamente los informes de gastos de dicha precampaña o la contratación de propaganda en radio y TV. Estas aplican a más de uno de los actuales aspirantes.

Así que, en resumen: o todos los aspirantes a la Presidencia controlan ya sus erogaciones para no correr el riesgo de perder su registro por rebase de gastos, o el INE y el TEPJF —después de los lineamientos— se harán de la “vista gorda” y permitirán todo tipo de irregularidades, con lo que tendremos unas elecciones sin árbitro.

Vienen días de mucha incertidumbre para todos los aspirantes a la Presidencia, y de fuertes presiones para el INE y el TEPJF.