El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la comunicación mediante la cual la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, envió al Senado de la República dos ternas para elegir quiénes cubrirán igual número de vacantes en el Tribunal Electoral (TEPJF) a partir del próximo mes de noviembre.

El proceso ha sido arduo, muchos buenos candidatos y candidatas, muchas entrevistas y 12 finalistas comparecieron ante el Pleno de la SCJN. Ahora le toca al Senado nombrar a dos de las ternas enviadas. Y, en ellas, hay funcionarios judiciales de vasta experiencia e intachables carreras como funcionarios públicos: Elena Fernández, Claudia Valle, Gabriela Villafuerte, Jesús Lara, Armando Maitret y Javier Sandoval.

Todo apunta a que ninguno de ellos logrará ser magistrado de la Sala Superior del TEPJF. Su único y gran defecto, actualmente, es que todos están vinculados al Poder Judicial Federal (PJF). El gobierno federal y sus bancadas en el Senado (Morena, PT y PV) no quieren saber nada del PJF, menos de gente cercana a la presidenta de la SCJN, y tampoco poner gente de ellos para “arbitrar” todos los litigios electorales en la antesala de las elecciones del país, en donde más cargos se van a disputar. De igual forma, la vacante de la Sala Especializada en Radio y TV (CDMX) del TEPJF llegó al Senado hace cuatro meses y el Senado tampoco la ha procesado, ni la procesará.

¿Pudo haber hecho las cosas distintas la SCJN y consensuar con los otros Poderes de la Unión los nombramientos? Sí se pudo. Sin embargo, la presidenta de la Corte ha rechazado ir a algunos eventos al Legislativo y prefirió seguir sin acercamientos, quizá por puritanismo en las formas. Por otro lado, tampoco invitaron a representantes del PJF y de la Corte a los eventos protocolarios y festivos —como la gesta heroica del Castillo de Chapultepec, el Grito de Independencia y hasta la ceremonia conmemorativa de los sismos del 19 de septiembre—, pues se ve difícil encontrar consenso en temas de Estado.

¿Puede la Corte ordenarle al Senado que se voten los nombramientos pendientes? Sí, puede hacerlo. Siendo el Senado un Poder autónomo, puede, de manera práctica, decir que no hay consenso y no votarlos. Así lo ha hecho el Senado por meses y no ha nombrado a los comisionados del Instituto para la Transparencia (el INAI).

Dicho esto, el arbitraje electoral estará incompleto y, tanto en la Sala Especializada, como en la Sala Superior, al no haber una integración completa, los actuales magistrados tendrán más carga de trabajo en cada una de sus ponencias y tendrán que llamar a sustitutos —de otros juzgados— para asegurar cubrir quórums legales.

Considero que con esto se empieza a perfilar un serio distanciamiento entre poderes del Estado mexicano, algo que no se había visto nunca y, seguramente, la relación de la 4T con el PJF tendrá más e importantes descalabros. Lo de menos es que no se inviten mutuamente a las fiestas que hacen. ¿Qué va a pasar en la parte presupuestal? ¿Qué va a pasar en cumplimiento de las sentencias? ¿Qué va a pasar en los ataques —muchas veces sin fundamento— a jueces y juezas federales? ¿Se va a hacer un frente común para resolver el tema migratorio y otros que nos están desbordando?

La situación pinta compleja y antes de que acabe el año se pondrá más. Es probable que la relación tome un nuevo rumbo hasta septiembre de 2024, fecha en que ya habrá un nuevo Congreso de la Unión, y habrá que ver cómo pintan las cosas.