La Secretaría General de la ONU dio a conocer la semana pasada su informe sobre “El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe”. Se trata de un documento compacto, bien documentado y con una perspectiva integral. Vale la pena revisarlo. Enciende focos rojos sobre la realidad al tiempo que ofrece alternativas. Los conceptos son claros y las recomendaciones, en su mayoría, parecen viables.
Un gran lema de la ONU frente a la pandemia ha sido “Reconstruir Mejor” (Build Back Better). Para el caso de nuestra región, se agrega oportunamente “con igualdad y sostenibilidad”. No se trata de una simple frase, sino de reconocer, primero, que el daño causado por el COVID-19 es grave, mayor de lo que nos imaginamos, y que nada se gana con pretender ocultarlo. La realidad nos va a alcanzar a todos, si es que no lo ha hecho aún, y entonces será peor.
Ocurre de manera inobjetable que todos, en algún sentido u otro, hemos sido víctimas o hemos padecido las consecuencias de esta crisis. Pero no podemos quedarnos en el lamento. Hay que generar respuestas y mientras más pronto mejor. Sería un error esperar a que pase la pandemia –pasará, no tengo dudas– aún cuando no sepamos con certeza cuándo. Se requieren respuestas de corto y largo aliento, sensatas, efectivas, que nos permitan hacer las cosas mejor de como las veníamos haciendo. Y eso implica revisar estructuras institucionales, políticas públicas, acciones prioritarias, programas sociales y mecanismos de cooperación internacional, entre otras.
Nuestra región alcanzó dimensión de epicentro por sus profundas desigualdades, sus sistemas de salud fragmentados y sus débiles estructuras de protección social. La pandemia nos dejó al desnudo a todos y provocará, nos dicen, la peor recesión de los últimos 100 años. Ojalá fallen los pronósticos, ¿pero y si no? Pues a prepararse. ¿Qué haríamos con otros 96 millones de pobres? La deuda social sería impagable. El malestar ciudadano haría crisis.
Ya sabíamos que el modelo de desarrollo de la región, en términos generales, enfrentaba graves limitaciones estructurales: altos niveles de desigualdad, corrupción, violencia, pérdida de biodiversidad, etcétera. De ahí que la recuperación posterior a la pandemia represente la oportunidad de cambiar el modelo, o acentuar el ritmo del cambio en aquellos países que ya lo han iniciado. Ante todo, mantener la paz, reforzar el compromiso con los derechos humanos y fortalecer al sistema democrático con mayor transparencia e inclusión social. En algunos países como el nuestro, se agrega el grave problema de la delincuencia organizada. Sin que se tenga una solución unívoca, se esgrime con razón la necesidad de una mayor presencia del Estado en todo el territorio: más efectiva, más responsable, más eficaz.
El informe nos dice también que el tema de fondo para una recuperación económica sostenible es la igualdad. La igualdad que ayuda a sostener los ingresos y la demanda agregada, donde los jóvenes deberán asumir un papel más activo, al representar el 17% de la población regional. También se subraya la igualdad de género. Las mujeres, desproporcionalmente afectadas por la pandemia y más expuestas al aumento de la violencia. Y en este renglón de igualdad de género se menciona, con justicia, a la comunidad LGBTI, para que puedan disfrutar sus derechos con plenitud, empezando por el derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
La respuesta al COVID-19 nos permite acercarnos nuevamente, aunque con un enfoque más realista, autocrítico y preocupante, a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Senado mexicano acaba de instalar una comisión renovada con estos propósitos. Su participación activa y propositiva será fundamental. Para alcanzar las metas habrá que trabajar con ahínco en sus cuatro dimensiones: la social, la económica, la ambiental y la política.
Las recomendaciones del informe incluyen considerar un ingreso básico de emergencia para todos aquellos que viven en pobreza, así como proveer servicios básicos a todos los que se encuentran en las situaciones más vulnerables: mujeres, niños, personas mayores, pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes, etcétera. Es decir, primero las personas y luego las empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, para que puedan cubrir sus costos laborales. Para las grandes empresas, se sugieren apoyos condicionados a mantener los empleos, invertir en ciencia y desarrollo, y abstenerse de distribuir dividendos entre los accionistas. Que ganen lo justo pero sin excesos.
El informe llama a renovar los programas de protección social y promover políticas industriales sostenibles. A estrechar la colaboración con universidades y el sector privado. Esto es, a colaborar con todas las partes interesadas (stakeholders). Alienta asimismo a reforzar los sistemas tributarios progresivos para fortalecer la movilización de recursos internos y asegurar que el esfuerzo fiscal se traduzca en impuestos redistributivos y reduzca la evasión.
La conservación de la biodiversidad, la preservación de los ecosistemas naturales y marítimos, así como de los sistemas agrícolas y forestales más orientados a las comunidades y los productos locales, constituye otra de la recomendaciones del informe, que remata el tema proponiendo mayor respeto a los derechos de los pueblos originarios.
La sostenibilidad medioambiental sustentada en la Agenda 2030 debe ser la base para el relanzamiento de la cooperación multilateral, tan necesaria en estos tiempos. No hay otra forma mejor para hacer frente a los desafíos globales, y la pandemia por el COVID-19, está ya entre los más graves de ellos. Por su escala y sus consecuencias, el cambio climático, la movilidad humana, los flujos ilícitos de armas y de capitales, y las pandemias están en la misma categoría. Los problemas globales requieren soluciones globales y estas requieren, a su vez, de una cooperación internacional convenida, más efectiva. ¿Dónde, me pregunto, puede darse ésta si no es a través del multilateralismo? La ONU, a sus 75 años, con todo y limitaciones, sigue siendo el mejor espacio para lograrlo.
Este informe ofrece una perspectiva multidimensional, integral y bien estructurada. Sin embargo, no es exhaustivo. Informes de otras instancias, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), contienen información adicional que complementa la radiografía de la trama. Poco a poco se va generando una imagen de esa nueva realidad sustentada en hechos, cifras, análisis cada vez mejores, prospectivas rigurosas, etcétera. Nunca he sido alarmista pero después de leerlos me quedo preocupado. La nueva realidad tardará mucho en convertirse en una nueva normalidad. No son lo mismo. El proceso de adaptación será más complicado aún, si mantenemos como referente la normalidad de la que veníamos. Me temo que a esa hoja habrá que darle vuelta. Serán muchas las cosas que van a cambiar, pero es ahí, justamente, donde aparece la oportunidad. Por ello el lema referido no es hueco: reconstruir mejor. También confío en que la resiliencia de nuestra naturaleza nos permitirá sobreponernos, pero va a costar trabajo y quizá también más tiempo del que sospechamos.
Toca ahora a cada país de América Latina y el Caribe analizar con cuidado la información rigurosa que se va generando. No toda es aplicable a todos los países y, finalmente, las recomendaciones emitidas pues no son más que eso. Que cada quien se quede con aquellas que mejor se ajusten a su realidad. Porque además, cada país genera sus propias cifras y sus estimaciones internas. Sin menoscabo de la soberanía y del derecho a la autodeterminación de los pueblos, pienso que un modelo de cooperación internacional más solidario nos vendría bien a todos. Los documentos informan, ubican, descubren, desengañan, evocan y estimulan, pero solo las voluntades hacen posible el cambio.
Embajador de México en la ONU
