Las investigaciones de la Fiscalía General de la República están más cerca de la carta dada a conocer hace dos semanas por la defensa del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, que de la versión ofrecida por el gobierno del morenista Rubén Rocha Moya.
La carta de Zambada, que indica que fue privado de la libertad el 25 de julio pasado al asistir a una reunión en la que estarían presentes el gobernador de Sinaloa y su rival político, el exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, llevaba un cartucho de dinamita: en el documento, el líder del Cártel de Sinaloa sostiene que Cuén fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar en el que él fue emboscado, y en el que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su antiguo socio, El Chapo, lo sometió para llevarlo a un pequeño aeropuerto de Nuevo México y entregarlo al gobierno de Estados Unidos.
Tres días después de la publicación de la carta, el gobierno de Sinaloa intentó desautorizarla, mediante la presentación de un supuesto video, captado en una gasolinera de Culiacán, encaminado a demostrar que el exrector había sido asesinado en realidad durante el intento de robo de su camioneta.
Al dar a conocer hace una semana los primeros avances de su investigación, la FGR sostuvo que la información presentada por la fiscalía estatal adolecía de inconsistencias y varias irregularidades. El cadáver de Cuén presentaba, por ejemplo, cuatro heridas de bala y un hematoma en la cabeza. En el video de la fiscalía del estado solo se escuchaba un disparo. Por lo demás, señaló la FGR, los tres empleados de la gasolinera no refirieron que hubieran escuchado detonaciones.
Era un deslinde que cayó como bomba en el gobierno de Sinaloa y que se quiso arreglar mediante el cese de la fiscal Sara Bruna Quiñonez.
Ayer, sin embargo, la FGR derrumbó por completo la versión ofrecida por el gobierno de Rocha Moya:
“La información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable, ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta, en la forma en que fue planteada”, se lee en el comunicado 436/24.
La investigación federal no solo descarta la hipótesis principal de la fiscalía del estado: informa que ha localizado el inmueble “donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada”, en el cual “está vinculada la agresión que llevó a la muerte a Héctor ‘N’”.
No hay de otra: el video presentado oficialmente en Sinaloa es un acto de obstrucción de la justicia que tuvo como fin dar carpetazo a la investigación, así como desviar la atención.
La FGR ha probado, además, que las autoridades estatales no procesaron correctamente el cuerpo de Cuén, que fue inmediatamente incinerado.
El comunicado cuadra con prácticamente todo lo expresado en la carta de El Mayo. La FGR dice que ha ubicado con toda precisión “la pista de donde salió el avión utilizado para el presunto secuestro de Ismael ‘N’”, e informa que ha identificado los vehículos que fueron utilizados para llevarse al Mayo.
Zambada relata que le pusieron una capucha en la cabeza, que lo metieron atado a la caja de una camioneta y que lo llevaron a una pista de aterrizaje que se hallaba a 20 o 25 minutos de distancia, donde lo obligaron a abordar un avión privado.
“Creo que es importante que se sepa la verdad”, había escrito El Mayo. En la parte final de su comunicado, la FGR concuerda nuevamente con lo dicho por el narcotraficante: anuncia que va por Joaquín Guzmán López por los delitos de secuestro y traición a la patria al privar ilegalmente de la libertad a una persona en territorio nacional, para entregarla a autoridades de otro país, de acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal.
En un solo boletín, la FGR echa por tierra de manera definitiva la hipótesis del robo y asesinato en la gasolinera, y confirma prácticamente cada párrafo de la carta dada a conocer por la defensa de Zambada.
Es aceite hirviendo y una clara señal enviada desde el centro para el gobernador de Sinaloa.