Mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantenga como su más alto líder a Alejandro Moreno, poco puede esperarse de la conformación de una alianza electoral que se articule a partir de una agenda consistente en la que las propuestas resulten realmente alternativas al oficialismo y no abonen a legitimar las fallas estructurales que con sus iniciativas y declaraciones reivindican.

Alejandro Moreno y su equipo incentivan el uso de la fuerza como solución, ya no sólo para que el Estado comparta el monopolio de las armas con el crimen organizado que además tiene control de buena parte del territorio nacional, sino que ahora promueven la idea de que la ciudadanía se arme.  

“Si el gobierno no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, que las familias que lo deseen tengan la opción de armarse para proteger su vida y las de sus hijos. Ya es hora de que los delincuentes sepan que la gente se va a defender. #EstadoFallido”, dice Alejandro Moreno.

Lo que a todas luces es un desatino, para quienes entienden la política no como una balanza de poder sino como un espectáculo de contrincantes con la espada envainada, esta propuesta de promover la autoprotección ciudadana se acomoda muy bien en la narrativa de polarización provocada por López Obrador y su fallida estrategia de seguridad. Al punto de que se ponga “seriamente” en la mesa como solución armar a la población.  

Desvía la atención del conflicto estructural, no solo por su demagogia, sino porque no nos hará pensar correctamente en el problema de la violencia como un negocio multisectorial en el que no solo hay millones de ganancias por drogas, trata, extorsión o cualquier delito, pero sobre todo por las ganancias jugosas que genera la guerra.  

De acuerdo con los datos de Amnistía Internacional, la violencia con armas de fuego afecta a la vida de las personas en todo el mundo y causa la muerte de más de 500 personas cada día y en ciertas situaciones afecta de forma desproporcionada a las mujeres y a grupos marginados de la sociedad.

Habrá que recordarle al líder priista que a pesar de que las balaceras al interior de planteles escolares son un fenómeno que se asocia casi exclusivamente con los Estados Unidos, en México también se han presentado algunos casos. Recordemos que el 10 de enero de 2020, un chico de 11 entró con dos pistolas a su colegio en Torreón, Coahuila, y las usó para asesinar a una maestra, herir a un profesor y a cinco estudiantes antes de suicidarse. El 18 de enero de 2017, al interior de un aula del Colegio Americano del Noroeste, en Monterrey, Nuevo León, ocurrió un evento muy similar: un estudiante de 15 años sacó un arma en plena clase y abrió fuego contra la profesora y otros tres compañeros de su grupo. Después, cargó la pistola nuevamente y se suicidó.

Si algo hace falta, es una estricta regulación de las armas de fuego junto con iniciativas estratégicas de reducción de la violencia son la forma más eficaz de reducir la violencia armada. El 44% de todos los homicidios cometidos en el mundo conllevan violencia armada.
Hemos comprobado que el mercado negro se expande en tres circunstancias: cuando no hay regulación clara, cuando se facilita acceso sin control y cuando hay prohibición.

La guerra contra las drogas pretendía erradicar la producción, el tráfico y el consumo de drogas a través del exterminio del crimen organizado en el país. Sin embargo, durante esta guerra solo ha habido muertes y desaparecidos, dejando claro que la prohibición y la falta de regulación adecuada no es la vía.  

La prohibición o, en su otro extremo, la falta de regulación de armas, terminaría por sumergirnos en un caos aún más irreversible. Si realmente se quisieran exponer propuestas efectivas, se abordaría a cabalidad la necesidad urgente de la regulación de drogas y armas para reducir la violencia. ¿Hay alguien en la oposición que empuje comprometidamente estas causas?

@MaiteAzuela