En su discurso sobre los primeros 100 días de gobierno, Claudia Sheinbaum omitió mencionar de qué forma participarán las Fuerzas Armadas en lo que ella llama “el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”.
La omisión de la mención no es una casualidad. La herencia de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum es una constitución militarizada y, por lo tanto, un país militarizado.
Parece que no existe en la agenda de los primeros 100 días, ni en el futuro inmediato, la intención de revertir la militarización del país. ¿Cuál es el diagnóstico del gobierno federal sobre la herencia verde olivo?
Apenas en diciembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó el “Informe especial sobre la incursión de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, prevención y cultura de la paz”. En este documento, la CNDH exonera al gobierno anterior de haber militarizado el país y pavimenta el camino para que el segundo piso no tenga que preocuparse. Tal vez, con el respaldo de este documento oficial de la CNDH, Claudia Sheinbaum consideró que no tenía por qué mover un dedo con el Ejército en los primeros cien días de gobierno.
El informe de la CNDH no escatima en afirmar que es “falsa” la militarización de la seguridad pública. Como si la CNDH tuviera el mandato de defender las decisiones del gobierno federal, afirma en uno de sus capítulos que “busca desmitificar la noción de una militarización en México, analizando la manera en que se desarrolla la incorporación de las fuerzas armadas a la seguridad pública, bajo un marco legal y con directrices específicas, que responde a las condiciones particulares del contexto nacional y los retos actuales en materia de seguridad, coordinación institucional y fortalecimiento del Estado de derecho, muy distintos a los que prevalecieron los anteriores 12 años”. La redacción de este párrafo parece maquilada más en una oficina de Bucareli que en una de Periférico Sur 3469.
El documento de la CNDH omite la transgresión a la Constitución que se consumó el 30 de septiembre de 2024, cuando tenía un mes de iniciada la legislatura actual y en el último día como presidente de Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a la reforma del histórico artículo 129 constitucional.
Desde que existe la Constitución vigente, el artículo 129 no había sido tocado ni siquiera por los gobiernos más autoritarios del PRI en el siglo XX. La razón era siempre: el Ejército no podía ser utilizado en tiempos de paz para aspectos que no tuvieran que ver estrictamente con la disciplina militar. Este era un límite claro al poder militar frente al poder civil. Pero Andrés Manuel López Obrador decidió que había que levantar ese límite.
La reforma del 30 de septiembre eliminó el factor de la disciplina militar y amplió el actuar de los militares a la facultad de ejercer las funciones que tienen previstas en la Constitución y en las leyes que de ella emanan. Es decir, actuar más allá de las funciones que históricamente ha tenido el Ejército.
Sobre este cambio que instaura un régimen militar sin límites, la CNDH no dice ni una palabra en su informe. Tal vez por eso, Claudia Sheinbaum no se detuvo en su discurso en el Zócalo a mencionar a las fuerzas armadas, el blindaje del que gozan es claro.
Contrario a ello, el informe exime de toda responsabilidad al expresidente y a la legislatura al afirmar que “no se considera que exista militarización, ya que la participación de la fuerza armada permanente está regulada por el marco normativo, y su intervención, al ser extraordinaria, se encuentra sujeta a fiscalización, subordinación y control por parte del poder civil”.
Con una CNDH que es omisa en señalar y denunciar lo que es el inicio de un régimen militar, lo único que podemos esperar es que el segundo piso más que guinda, será más verde olivo que nunca.
@MaiteAzuela
