Heidi estaba por celebrar su cumpleaños número cinco, su abuela Griselda la llevaba junto con su hermano Kevin para que fuera atendida en una clínica del IMSS en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando un impacto de bala en la cabeza dejó a Heidi sin vida. Kevin de apenas ocho años de edad, fue quien salió del auto pidiendo ayuda para su hermana. Los disparos venían de un grupo del Ejército. No hubo ningún tipo de enfrentamiento entre criminales y militares en la colonia Victoria el 31 de agosto cuando Heidi fue asesinada, aunque esa sea, una vez más, la versión de los militares para deslindarse de su responsabilidad.
López Obrador se refirió a la muerte de Heidi Mariana Pérez Rodríguez como un daño colateral. El presidente afirmó: “Se asesinó a una niña en una balacera, muy lamentable. Ya se hizo la investigación, (...) Se pueden dar estos casos.” Dando por hecho que se trató de un accidente en un fuego cruzado.
La distancia en la que se colocó para minimizar el dolor de la familia de Heidi ante el delito del ejército es demoledora. Aunque la versión oficial habla de que hubo algún tipo de enfrentamiento con el crimen organizado, de acuerdo con el testimonio de doña Griselda Lizeth Zamora Saavedra, es una versión completamente falsa, ya que los militares dispararon contra su auto sin que se estuviera realizando ningún enfrentamiento.
Este gobierno ha intensificado la militarización con un discurso de diferenciación semántica que intenta cambiar la idea de guerra por paz. ¿Qué tipo de paz ofrece? Las y los niños en México son víctimas de la violencia armada, de la militarización y la ausencia de estrategia de seguridad por parte del Estado, no del “fuego cruzado”. No olvidemos que, en 2010, dos pequeños, uno de 5 y otro de 9 años, murieron a manos de soldados quienes dispararon a una familia que viajaba a Matamoros tras un retén por la Carretera Ribereña. Martín y Bryan Almanza Salazar fueron asesinados la tarde del sábado 3 de abril de 2010. Todo inició cuando su familia pasó un retén militar. Al ver a los soldados que se encontraban a un costado de la carretera, el conductor bajó la velocidad y tras pasar el retén, sin motivo alguno, les dispararon a matar.
Tan solo de enero a noviembre del 2021 se registraron 994 homicidios dolosos de personas de entre 0 y 17 años, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La Redim atribuyó estos asesinatos a la violencia que se ha generado en el país a raíz del enfrentamiento entre grupos del narcotráfico y elementos de las Fuerzas Armadas. La Red por los Derechos de la Infancia en México señala que “a partir de 2008, el número de homicidios contra esta población subió 33.3 por ciento, y comenzó un estrepitoso ascenso que tuvo su punto más álgido en 2012 en que se registraron mil 614 niñas, niños y adolescentes asesinados, la mayor cifra de homicidios observada durante los últimos 27 años (1990-2016), con un crecimiento en términos porcentuales de 153 por ciento respecto a 2007, es decir, los asesinatos de niñas, niños y adolescentes se triplicaron en este periodo de tiempo”.
No importa que cambie el liderazgo presidencial, el actuar de las Fuerzas Armadas es el mismo: no hay detención, no hay investigación policial, y todo se les dispensa.
El asesinato de Heidi sucedió el mismo día que el PRI envió a la Cámara de Diputados un dictamen para extender la presencia de las fuerzas armadas en el país hasta el 2028. La Cámara de Diputados apoyó la propuesta y está en manos del Senado darle marcha atrás.
Ante los oídos sordos del Poder Ejecutivo y las procrastinaciones del Poder Judicial, el Senado puede hacer una importante diferencia. Al no detener la fallida estrategia, estarán siendo cómplices de los que han perpetrado delitos contra los cientos de niñas y niños víctimas de esta guerra. Claramente la militarización no es el camino para la paz.
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