El martes fue asesinado el periodista Armando Linares. Es el séptimo periodista asesinado en México en lo que va del año. La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a la pregunta sobre la protección que no le ofreció su gobierno, fue que no había sido responsabilidad el Estado porque el periodista se había negado a recibir el acompañamiento del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación.

Supongo que el presidente, su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el equipo del Mecanismo saben por qué Armando Linares no aceptó su “protección”, pero por si alguno de ellos no conoce las fallas estructurales de su oferta, aquí les hago una detallada radiografía de la intimidación y la ineficiencia por la que hay que atravesar como periodista amenazado cuando uno decide incorporarse al mecanismo, porque lo conozco en carne propia.

Han pasado casi 7 años desde la amenaza de muerte que recibí en el periodo de Enrique Peña Nieto, tras escribir una serie de artículos sobre la violación de derechos humanos a cargo del Ejército y la Marina, y todavía el mismo martes que asesinaron a Linares, me envían un correo de parte del mecanismo en el que demuestran hacer oídos sordos a las necesidades explícitamente expuestas en decenas de intercambios por escrito. Las absurdas medidas y respuestas del mecanismo durante el sexenio anterior, no han sido muy distintas de las de este.

El mecanismo me hizo un diagnóstico inútil para ofrecerme las medidas de protección que le ofrece a todos sus inscritos y que además son medidas que la policía ofrece a otras personas. Una de las tres medidas que me otorgaron y que acepté en su momento, fue el botón de pánico, que mantuve activo un par de meses. Era un teléfono con una línea vendida previamente del que recibía llamadas todas las madrugadas con un tono alterante. Además, me ofrecieron hacer rondines en mi domicilio y el de mis padres y que tomara yo un taller sobre prevención de delitos contra la libertad de expresión en la PGR. ¿Algo así le hubiera salvado la vida a Armando Linares?

En uno de varios documentos enviados al Mecanismo, pedí junto con mi defensa profesional a cargo de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, que me otorgaran medidas útiles para sentirme protegida. Considerando que a mi abogado Ricardo Ortega, lo había amenazado personalmente Ricardo Sánchez Pérez Martínez, entonces Fiscal Especial de delitos contra la Libertad de Expresión FEADLE, sugerí incluso algunas medidas: a) Que el fiscal se abstuviera del conocimiento del caso. b) Que se nombrara a un fiscal con capacidad técnica y sensibilidad para que se encargara de la averiguación previa c) que se solicitara al entonces procurador general de la República y a la Subprocuraduría de Derechos Humanos que garantizara que el Fiscal Especial de la FEADLE no amenazara, amedrentara o realizara cualquier otra acción para obstaculizar la investigación del caso y d) Que se me brindara acompañamiento en el desarrollo de la investigación ante la FEADLE. Meses más tarde respondieron que no tenían competencia para ello.

Entre las y los periodistas debemos mantener vivos los temas que con asesinatos, amenazas y agresiones han sido silenciados. De los temas abordados por Linares que pudieron desatar venganza nombro algunos: 1) La administración de Silvano Aureoles Conejo ha hecho millonario a su amigo Carlos Herrera Tello con adjudicaciones directas. 2) Advertencias sobre las amenazas recibidas y cumplidas sobre su compañero Roberto Toledo que había denunciado “las corruptelas del poder en Zitácuaro”. 3) El director de la policía del municipio de José Sixtos Verduzco fue vinculado a proceso por su posible relación en el secuestro de una mujer.

¿Qué pasaría si matar a un periodista no lo silenciara, sino que ampliara su voz? Basta revisar las publicaciones que involucran a criminales y/o políticos para tener esos temas entre las líneas de investigación. Pero desde el micrófono de las mañaneras se sentencia por adelantado que no hay crimen de Estado.