La estrategia de “abrazos, no balazos” implementada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir al crimen organizado, además ser un fracaso a la vista del número histórico de muertos y de la creciente violencia en el país, tiene una arista económica que tampoco ha sido atendida: la aplicación expedita de la extinción de dominio de los miles de millones de pesos bloqueados a organizaciones criminales para invertirlos en infraestructura de seguridad y en los lugares del país más vulnerados.
Según información de la Secretaría de Hacienda, desde el inicio del gobierno se han congelado cerca de 2 mil millones de pesos a los cárteles de la droga correspondientes a un total de 22 mil 818 cuentas. Las organizaciones más afectadas, en ese orden, son el Cártel Jalisco Nueva Generación, 14 grupos ubicados en la CDMX y denominados como Operación Zócalo, el Cártel de Sinaloa, la organización criminal de Rumanos encabezada por Florian Tudor y la del narcotraficante Caro Quintero.
No obstante, y de acuerdo con expertos en la materia, el trabajo para ubicar y congelar los bienes que se obtuvieron a través de actividades ilícitas sigue careciendo de una ejecución que permita aplicar la figura de extinción de dominio a los recursos congelados para utilizarlos en favor del Estado.
En la actualidad, los casi mil 600 millones de pesos; 8.5 millones de dólares, y 8 mil 600 euros que la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado al crimen organizado en lo que va del sexenio permanecen olvidados en el sistema financiero, debido a que los propietarios, identificados como presuntos delincuentes, no se atreven a reclamar.
El problema es que no existe un proceso administrativo para acceder a esos recursos mediante la extinción de dominio, toda vez que esa figura le corresponde al Ministerio Público y se aplica a los decomisos que son resultado de una carpeta de investigación que se lleva al terreno judicial, lo cual puede tardar en construirse y procesarse muchos más años de los que le restan a este sexenio.
Una de las alternativas es una reforma a la denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para establecer el concepto de abandono administrativo, con la que se podría proceder a la extinción de dominio si, tras el congelamiento de cuentas por parte de la UIF, pasan 90 días y nadie reclama el capital que se retuvo en los bancos.
Según los registros que se encuentran en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, a través de los trabajos de Inteligencia Financiera se han bloqueado alrededor de mil millones de pesos a mil 478 sujetos pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación, mediante el operativo denominado Agave Azul.
En el caso de las organizaciones criminales con operaciones en la Ciudad de México, se congelaron 351.8 millones de pesos y 1.2 millones de dólares a mil 352 personas. El nombre que se le dio a este trabajo de investigación y de desmantelamiento de estructuras financieras fue el de Operación Zócalo, y contó con la participación activa del secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch.
Al narcotraficante Caro Quintero, y a tres personas vinculadas con el mismo se les congelaron 225.7 millones de pesos y 61 mil dólares, mientras que al Cártel de Sinaloa 153.4 millones de pesos y 5.7 millones de dólares. Adicionalmente, se contabiliza en este bloqueo de cuentas el capital que guardó en el sistema financiero la banda del rumano Florian Tudor, a la que se detectaron 525.2 millones de pesos y más de 186 mil dólares.
Pese a no poder disponer de este dinero en beneficio de las personas afectadas, el modelo mexicano de combate a las finanzas del crimen organizado ha sido reconocido a escala internacional, de ahí que posiciones como la representación del Grupo Regional de las Américas del Grupo Egmont y la vicepresidencia Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), así como el Grupo Conjunto de las Américas del grupo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI sean ocupadas actualmente por mexicanos: en el primer caso, por Santiago Nieto, y en el segundo por Mireya Valverde Okón.
Posdata
Tras la demanda civil que presentó el gobierno mexicano en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos, a las que acusa de emprender “prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”, la principal asociación de fabricantes de armas de fuego de Estados Unidos acusó al gobierno de AMLO de buscar un “chivo expiatorio” y pidió a las autoridades del país concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles de la droga ante la justicia. Mala señal.
Zebrands, ¿nuevo unicornio?
La mexicana Zebrands, cuyo CEO es Carlos Salinas, anunciará esta semana el lanzamiento de 34 nuevas marcas en México, Estados Unidos y Latinoamérica, con lo que prevé alcanzar ventas de hasta mil millones de dólares en los próximos cinco años.
La empresa que se dedica a la comercialización en línea de productos para el hogar, deportes, esparcimiento y tecnología para el descanso superó durante el primer trimestre de este año 200 millones de pesos en transacciones, lo que les representó un crecimiento de hasta 80% respecto al mismo periodo de 2020.
Tan sólo en los seis meses siguientes, la compañía dueña de marcas como colchones Luuna o Nooz lanzará al mercado 10 líneas de productos de distintos rubros, proyectando un crecimiento de 110% al concluir el año, para acercarse así a la categoría de “unicornio”.
@MarioMal
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