Los supuestos acuerdos a los que llegó Alejandro Moreno Cárdenas con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y con el general secretario Luis Cresencio Sandoval para que el PRI propusiera la iniciativa de extender la presencia del Ejército en las calles hasta 2028 a cambio de que Layda Sansores dejara de exhibirlo con audios, mensajes y videos en su programa “Martes del Jaguar”, al parecer no va a librarlo de la guerra que le declaró la gobernadora de Campeche. 

Muestra de ello fueron los presuntos mensajes de WhatsApp con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, publicados esta semana. Con esa revelación, Sansores cree que “mató dos pájaros de un tiro”: le hizo un favor a su amiga y “candidata”, Claudia Sheinbaum, y reactivó formalmente la embestida contra el presidente del PRI. 

En la Fiscalía General de Campeche, a cargo de Renato Sales, siguen abiertas todas las indagatorias contra Alito, esperando el momento político adecuado para judicializarlas. El problema es que Moreno Cárdenas efectivamente tiene la cola muy larga, así como un pasado y presente negros que lo persiguen. 

Con base en documentos de contratos, adjudicaciones y relaciones empresariales de sus familiares, amigos y cercanos hemos dado cuenta en este espacio de una enorme red de compañías fachada relacionadas con la gestión de Alito como presidente del PRI y la ejecución de los recursos públicos del partido. 

A estas irregularidades se suman otros negocios relacionados con un programa que, como gobernador, Alejandro Moreno impulsó para cultivar palma de aceite en su territorio y dejar de depender de la única gran industria que existe en esas tierras: el petróleo.

De acuerdo con su Primer Informe de Gobierno, celebrado en 2016, se trataba de un plan para sembrar 100 mil hectáreas de palma, con lo que se generarían alrededor de 24 mil empleos nuevos y una derrama económica de 18 mil 900 millones de pesos. La realidad es que el proyecto estaba diseñado para beneficiar principalmente a dos personajes cercanos al entorno del mandatario: Luis Antonio Espinosa Campos, contador de su hermano Gabriel Moreno Cárdenas, y Mohamad Yusuf Amdani Bai, presidente de Grupo Karim’s, a quien se le decomisaron vacunas contra el Covid-19 que se trasladaban clandestinamente desde Campeche hasta Honduras, presuntamente con el apoyo de Alito.

Luego de que se anunciara el proyecto que sentaría “las bases de la transformación” de la entidad, en presencia del entonces titular de Sagarpa, José Calzada Rovirosa, Espinosa Campos y Yusuf Amdani Bai comenzaron a construir una sospechosa estructura empresarial para la explotación de palma.

La primera compañía en crearse, dos meses después de la presentación oficial del programa, fue GEZ Grupo de Negocios Empresariales del Sureste. Sus dueños, en partes iguales, eran Luis Antonio Espinosa y South East Holdings Reserve, subsidiaria mexicana de Bay Holdings Venture Corp, perteneciente al Grupo Karim’s, cuyo objeto social es “todo tipo de inversiones”.

Quince días después se constituyó Palma Real del Sureste, SPR de RL, con el propósito de producir palma de aceite. Sus propietarios son GEZ, Luis Antonio Espinosa, una docena de trabajadores de Grupo Karim’s, Gerardo Peña Ramírez y Luis Daniel Uc Pérez, estos dos últimos son cercanos al hermano del entonces gobernador Moreno Cárdenas.

Finalmente, el 28 de noviembre del 2017 se creó la razón social San Joaquín del Este del Carmen, SPR de RL, que tuvo como accionistas a Palma Real del Sureste y otros 10 apoderados legales de Grupo Karim’s. Asimismo estaban involucrados los hermanos Mauricio, Marco Antonio, Manuel y Mónica Merino Sosa, empresarios campechanos que ya se dedicaban a la producción agrícola, tanto en su estado de origen como en Yucatán. San Joaquín del Este del Carmen fue creada con el fin explícito de producir palma de aceite, según consta en su acta constitutiva oficial.

Para completar el esquema de negocio era necesaria la constitución de una empresa que extrajera y comercializara el producto. Por ello, Yusuf Amdani y sus colaboradores crearon el 13 de noviembre de 2019 Campeche Oil Mill, SA de CV, que, según el Registro Público de Comercio, es propiedad de South East Holding Reserve, así como Grupo Agroempresarial del Sureste, S de PR de RL, y Bio Palma de México.

Por si no fuera suficientemente sospechosa e irregular esta “matrioshka” de empresas –escondida una dentro de la otra– Grupo Agroempresarial del Sureste pertenece también a Roberto Antonio Ortega González, alias “La Rana, sobrino del exgobernador campechano José Antonio González Curi. 

En tanto Bio Palma de México pertenece a Antonio Farías González y cuyo padre, Antonio Farías, fue detenido y sentenciado a casi cuatro años de prisión por tres delitos diferentes.

Posdata

En el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Javier Juárez Mojica, buscan convertirse en la autoridad de competencia de los mercados digitales, pretensión que sin embargo le ha generado conflictos en los tribunales con la Comisión Federal de Competencia Económica que también reclama jurisdicción sobre estos mercados.

Esta semana, el IFT lleva a cabo un foro internacional sobre “Retos de la Competencia en el Entorno Digital” con la participación de expertos nacionales e internacionales en la materia, y en el que uno de los temas centrales fue el de los servicios de cómputo en la nube, esenciales para el despliegue de las redes 5G de telecomunicaciones.

Los especialistas coincidieron en que en este sector de servicios de cómputo en la nube se registra una concentración a niveles local y global, por lo que no sería extraño que inicie una investigación que involucre a los jugadores más importantes del rubro.

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