Para ser un presidente que se dice ser muy nacionalista, Andrés Manuel López Obrador salió más bien 'malinchista' cuando se trata del sector aéreo. A punta de decretazos, presiones y virajes en la política aeronáutica, el titular del Ejecutivo ha desahuciado a las aerolíneas mexicanas, mientras las extranjeras ganan mercado y se frotan las manos con el cabotaje. 

La narrativa de fortalecimiento de las industrias nacionales no tuvo lugar en el sector aéreo mexicano. Desde la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, que iba a convertirse en el principal hub de Latinoamérica y uno de los más modernos del mundo, el presidente López Obrador dejó ver su animadversión con el sector y los principales socios y directivos de las aerolíneas, aunque no imaginaron que era apenas el comienzo de una serie de estocadas. 

La segunda llamada de emergencia para el sector aéreo fue el pago de impuestos y de servicios. Las condonaciones y adeudos fiscales, así como la cancelación del financiamiento de la turbosina, el uso del espacio aéreo y las cuotas migratorias llevaron a la quiebra a Interjet, una empresa mal manejada que terminó por expulsar a su dueño, Miguel Alemán Magnani, de la empresa, del Consejo Asesor del presidente López Obrador y del país; actualmente vive exiliado en Francia, porque es perseguido por las autoridades mexicanas.   

La misma historia de Interjet está por llegar a Aeromar, una aerolínea más chica, pero con la suficiente capacidad para dejarle un hueco a la aviación nacional por el tipo de rutas regionales que opera. La empresa fundada por Zvi Katz presentó un plan de reestructuración de la deuda por alrededor de 500 millones de pesos que tiene con el Aeropuerto de la Ciudad de México, sin embargo, también tiene adeudos con los trabajadores y con las autoridades aeronáuticas por el pago de servicios. 

Las tres aerolíneas que sobreviven lo hacen con márgenes de maniobra muy estrechos. Por un lado, tanto Aeroméxico, como Volaris y VivaAerobús no pueden abrir rutas o frecuencias a Estados Unidos desde mayo del 2021, cuando se perdió la Categoría 1 de seguridad aérea. En tres meses más, las líneas nacionales habrán tenido una desventaja competitiva de dos años con sus competidoras estadounidenses. En este lapso, las líneas de EU aumentaron un promedio de 40% sus vuelos a México, comiéndose el mercado binacional. 

Por si fuera poco, la iniciativa que ha puesto sobre la mesa el presidente López Obrador para permitir el cabotaje es otra mala idea que va en contra del sector aéreo nacional. Si bien la apertura de nuevas rutas por parte de aerolíneas extranjeras que conecten en el territorio nacional podría significar, de corto plazo, más competencia y menores tarifas, en el mediano término sería el golpe final para las tres aerolíneas que quedan en el mercado: un error suicida que no ha cometido otro país con su industria nacional. 
Por si fuera poco, el gobierno quiere lanzar su propia aerolínea, operada y administrada por el Ejército mexicano. Según la iniciativa original, buscaría cubrir las rutas que, por no ser rentables, no vuelan las aerolíneas comerciales. Sin embargo, el temor de la industria es que la todopoderosa Secretaría de la Defensa Nacional entre a competir con subsidios a las rutas donde los precios de los boletos sean más altos, es decir, una competencia desleal. 

En medio de este panorama oscuro para la industria mexicana, el presidente López Obrador sigue presionando a las aerolíneas a que operen más vuelos comerciales en el Aeropuerto Felipe Ángeles, a donde en los próximos meses se trasladará toda la carga que llega al AICM. Los encargados de la política aérea son el secretario Jorge Nuño y el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, y el general Miguel Vallín Osuna, director de la Agencia Federal de Aviación Civil. 
¿Van a ser los verdugos de la industria nacional? 

Posdata 1
La apertura de una oficina de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos en México no es garantía de que el país va a recuperar la Categoría 1 de seguridad aérea en el corto plazo. Es una deferencia del gobierno de Joe Biden para que las autoridades en México mejoren sus procesos… y para vigilar que se cumplan. 

Posdata 2
Ayer se expuso en este espacio cómo el director general del ISSSTE, Pedro Zenteno, maneja las licitaciones del instituto de salud con un grupo de operadores bien identificados.

Bueno, pues la ambición del funcionario es tal que ha ignorado el estatuto del ISSSTE, aprobado por la junta directiva –máximo órgano de gobierno de la entidad–, en el cual el control de las áreas administrativas de las delegaciones estatales estaba a cargo de la Administración central, es decir de su némesis Almendra Ortiz.

Pedro Zenteno no se resignó a perder los cientos de millones de pesos que manejan discrecionalmente las representaciones en todo el país. Ante esto, la Secretaría de la Función Pública emitió un oficio reprobando su actuar e instruyendo a publicar el estatuto en los términos que fue aprobado por el órgano rector, situación que no se ha subsanado y resulta paradójico, porque en sus épocas de administrador del ISSSTE, Zenteno se opuso rotundamente a ceder ese control a su antecesor, Luis Antonio Ramírez. 
Las vueltas que da la vida… y la ambición de poder y riqueza. 

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