La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) camina sobre la cornisa en el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Con el aparente objetivo de defender su autonomía, el rector Enrique Graue se metió en un juego de vencidas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el riesgo de destapar una cloaca relacionada a los procesos de titulación donde abundan los casos de plagio: más de la mitad de los universitarios egresados de la máxima casa de estudios habrían cometido alguna práctica irregular.
Así lo dicen por lo menos los resultados de la última “Encuesta sobre percepción del plagio en la UNAM”, elaborada por el Programa Universitario de Bioética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de la que se desprende que el 52% de los académicos refiere haber sido testigo de actos de plagio de sus colegas en la elaboración de tesis o tesinas para obtener el grado de licenciatura, maestría o doctorado.
El sondeo está enmarcado en el llamado Proyecto Ética Académica y contempla las opiniones de 2 mil 610 académicos de los niveles bachillerato, licenciatura y posgrado de las diversas escuelas y facultades de la UNAM, con un promedio de antigüedad laboral de 23 años y en su mayoría con grados de maestría y doctorado. Casi todos ellos aseguraron tener conciencia sobre la importancia de reconocer los derechos de los autores originales.
Aun con esa filosofía, las opiniones de la encuesta arrojan que, de cada 10 académicos, cinco vuelven a presentar un trabajo del pasado como si fuera nuevo; cuatro copian frases o párrafos de trabajos anteriores y cambian una o varias palabras para presentarlos como suyos; tres copian datos, experimentos o encuestas para presentarlos como propios, y dos llegan a inventar citas bibliográficas.
El fenómeno del plagio no sólo se observa en los trabajos de titulación, sino en la elaboración de artículos de opinión (49%), en la publicación de artículos científicos y especializados (47%) y en los planes de trabajo para dirigir una facultad (30%). El principal motivo para copiar es la presión que tienen para titularse, publicar y mantener su nivel de estímulos económicos, aunque también refieren como motivo que generalmente no hay sanciones.
Ante la pregunta expresa de ¿qué tan frecuente es que las autoridades sancionan plagios cometidos por profesores e investigadores? sólo 1% de los encuestados responde que “frecuentemente”, mientras que 62% asegura que “casi nunca”. Más aún, sabemos ahora que no existe una reglamentación específica en la UNAM para sancionar el plagio entre estudiantes.
El rector Enrique Graue está ahora en una encrucijada. Con la presión de Palacio Nacional y la revelación de la crisis estructural en la titulación de los estudiantes de la UNAM, decidió reiniciar la investigación sobre la tesis de la ministra Esquivel, a quien declaró públicamente el pasado 31 de diciembre como la plagiaria. Ahora le abre una oportunidad para defenderse y para presentar pruebas de descargo, casi tres semanas después de que se descarrilaron sus aspiraciones para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Seguirá un proceso de evaluación de pruebas, entre otras, la manifestación expresa del exalumno Édgar Ulises Báez y la confesión de la directora de tesis Martha Rodríguez Ortiz; ésta última destituida de la UNAM por reconocer que compartió el proyecto de trabajo de Yasmín Esquivel con otros alumnos –por lo menos otros cinco–, según se ha podido saber en las semanas pasadas. El último se tituló en 2010 con un trabajo similar al del escándalo.
En una evaluación a fondo del asunto, y ante la confesión expresa de Rodríguez Ortiz, tendrían que revisarse las 513 tesis que la profesora ha asesorado en sus 35 años de trabajo. Los pronósticos, basados en las proporciones de la encuesta del Programa Universitario de Bioética, apuntan a que más de 250 habrían basado sus textos de titulación en un trabajo previo.
El escándalo por el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Esquivel desató, además del enfrentamiento entre el rector y el presidente de la República, un nuevo escándalo en la UNAM: ¿cómo se titulan sus estudiantes y cuántos han plagiado sus tesis de licenciatura?
Posdata
Como lo adelantamos en la columna del 11 de enero, la oposición política y las organizaciones ciudadanas convocaron a una nueva marcha en defensa del INE y la democracia. Originalmente se planeó para el domingo 5 de febrero, una fecha emblemática por el aniversario de la Constitución –precisamente lo que se busca defender con las manifestaciones frente al llamado Plan B de reforma electoral que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador–, pero finalmente será el domingo 26 de febrero. Algunas organizaciones civiles mantienen la convocatoria para congregarse el 5 de febrero en el Ángel de la Independencia, emulando a la marcha del pasado 13 de noviembre, pero la más importante será la del 26. Al parecer fue un tema de tiempo. Lo que no cambia es el orador principal: será un jurista renombrado quien emita el discurso.
@MarioMal
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