Detrás de los empresarios Carlos Cabal Peniche, Alejandro del Valle y del coordinador de los Programas para el Desarrollo, Gabriel García –los tres amigos de los que ya hemos contado en esta columna– se mueve de manera sigilosa el canciller Marcelo Ebrard, con más poder y cercanía al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y con los alcances para llevar los negocios de sus aliados hasta el ámbito internacional.
Fue el propio Ebrard, desde su posición como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal en el periodo 2006-2012, quien resucitó empresarialmente a Cabal Peniche, justo en las épocas en las que el banquero favorito de Carlos Salinas de Gortari superaba un juicio por defraudación fiscal, el último de los 17 procesos penales que la PGR había seguido contra él desde los años 90.
En aquella época, Ebrard puso en marcha un plan de privatización de los servicios en la Central de Abasto, por lo que la operación de sanitarios, estacionamientos y cobro de peajes se concesionaron a empresas relacionadas con el exbanquero tabasqueño.
El asunto no fue poca cosa, pues como se lo detallamos también en columnas anteriores, la concesión de los servicios para el centro de intercambio comercial más grande del país representaba ingresos para los operadores que se acercaban a mil 500 millones de pesos anuales.
En cifras de aquellos años –los tiempos de Raymundo Collins al frente de la Ceda–, se hablaba de servicios sanitarios para unos 500 mil asistentes, entre vendedores, compradores y trabajadores, así como la administración de más de 3 mil cajones de estacionamiento y el peaje de unos 50 mil vehículos que ingresaban diariamente al lugar.
Desde aquel momento ya se pensaba en una candidatura presidencial para Marcelo Ebrard, por lo que Cabal Peniche se aprestaba para regresar a las grandes ligas, caminando nuevamente de la mano de un aspirante a encabezar el Poder Ejecutivo.
Los sueños presidenciales del canciller no se han podido concretar –y tampoco se tiene la seguridad de que se materialicen para 2024–, pero el retorno de Carlos Cabal y su aliado Alejandro del Valle, ligado al Grupo Atlacomulco del PRI, es una realidad en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Si bien ambos empresarios no pudieron concretar la venta de 8 mil cajeros automáticos que se instalarían en el Banco del Bienestar –por imprudencias políticas de Gabriel García, el coordinador de los delegados del gobierno federal–, la 4T les tiene deparados otros grandes negocios con dinero público; esto sin contar el impulso que ya les dieron para ingresar al negocio de la aviación con la capitalización de 150 millones de dólares a Interjet, y más a la callada al de los medios de comunicación con el Corporativo Coral y la compra de 50% de Radiópolis.
A través de su participación en la Cámara Intercontinental de Comercio de Houston, Del Valle, presidente ejecutivo de la organización, y Cabal, copresidente, han puesto los ojos en la operación de Segalmex, en el manejo de las remesas, en la eficiencia operativa del Banco del Bienestar y, más oportuno en estos tiempos, en la venta de productos para la industria de la salud.
En este último caso existen señalamientos de presuntos fraudes en la venta de mascarillas N95, cometidos precisamente por Alejandro del Valle y sus operadores de ICC México, quienes aseguran tener los insumos en existencia o trabajar con convenios con la empresa fabricante 3M.
Se asegura que estas mascarillas jamás llegan a los compradores interesados e incluso hay versiones de que esos tratos e incumplimientos se han presentado a nivel internacional; todo con el conocimiento del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Se habla de contratos por 40 millones de dólares que habría recibido del gobierno de Canadá para la entrega de estos insumos.
Posdata
Uno de los implicados en el caso de la Cooperativa Cruz Azul, Ángel Martín Junquera Sepúlveda, al que según el columnista Javier Tejado la FGR señala como asesor jurídico externo de la firma, es también abogado externo de Miguel Alemán Magnani y quien hizo el acercamiento del presidente de Interjet con Carlos Cabal y Alejandro del Valle. Es presidente del Colegio de Abogados de México y, según Tejado, tendría también una investigación pendiente que podría desencadenar en una orden de aprehensión.
Grupo Tomza, beneficiado en BJ
En Baja California el Congreso del Estado está pidiendo que los municipios construyan reglamentos que impidan el ingreso de nuevos jugadores en el mercado de suministro del gas, lo que beneficia a las gaseras del Grupo Tomza y su propietario Tomás Zaragoza.
El alcalde de Tijuana, Arturo González, es el más adelantado en esta materia, pues además de construir un reglamento que promueve prácticas anticompetitivas, acaba de otorgar por adjudicación directa nuevos contratos de suministro a Gas Silza, otra de las empresas de la familia Zaragoza. Lo anterior, aseguran morenistas, como parte de un acuerdo que permitirá impulsar al edil hacia la gubernatura de aquella entidad.
Tabasqueña consentida
Cada vez se duda más de aquella frase en que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicita que no se le compare con administraciones anteriores, pues “no somos iguales”. Sin embargo, todo indica que habría una nueva consentida en el sector limpieza; se trata de Industria de la Construcción y Proyecto Vial S.A. de C.V., firma tabasqueña que a partir del año pasado comenzó a ser declarada ganadora de diversos procesos de compra, todos ellos llevados a cabo por invitación a “Cuando Menos Tres Personas”.
De 2016 a 2018 esta empresa no registraba contratos en Compranet, pero de 2019 y lo que va de este año ha firmado cinco contratos por un total de 59 millones 835 mil pesos, y ahora persigue otro de poco más de 10 millones de pesos para encargarse del aseo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El fallo está programado para hoy.
Hospital modelo
Además de adherirse al Plan de Reconversión hospitalaria del gobierno federal, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), financiado y construido por Grupo GIA, de Hipólito Gerard Rivero, ha destinado 93 camas censables y 83 no censables e incrementado su plantilla con más de 400 trabajadores de la salud para la atención de pacientes con coronavirus. Asimismo, a través de la Fundación GIA donó mil 200 pruebas para la detección de Covid-19 en beneficio de los pacientes atendidos por el centro de salud que opera bajo el modelo de asociación público-privada, en conjunto con la Secretaría de Salud federal, de Jorge Alcocer.
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