El decreto publicado el jueves por el gobierno federal, el cual declara cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para vuelos de carga a partir del próximo 5 de julio, es una carambola de tres bandas del presidente Andrés Manuel López Obrador: por un lado le lanza un salvavidas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por el otro ayuda a reducir la saturación de operaciones del aeropuerto capitalino y de paso busca dar un golpe al contrabando de droga, dinero y armas que llegan y salen del principal recinto de carga del país.
Si bien la intención de trasladar todas las operaciones de carga del AICM a la base militar de Santa Lucía estaba planteado desde mayo del año pasado, el decreto cae como anillo al dedo en medio del juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, donde testigos han revelado cómo opera el trasiego de droga en el aeropuerto y cómo prácticamente todas las áreas están coludidas: agencias aduanales, personal de Aduanas y de Hacienda, policías, trabajadores de la zona de carga y empleados de las aerolíneas.
Raúl Arellano Aguilera, exagente de la Policía Federal, declaró en el juicio contra García Luna que comandantes que se reportaban con el exsecretario operaban para dejar pasar cargamentos de droga, dinero y armas en el AICM. “Nos daban una orden por radio: ¡A partir de este momento por 45 todos en 35”!, declaró el exagente, lo que significaba dejar pasar la mercancía por las bandas de revisión.
Así, el traslado de toda la carga del AICM al AIFA tiene detrás de sí, además de un acto desesperado del presidente López Obrador para que “su aeropuerto” comience a generar ingresos y se reduzcan los cerca de 100 millones de pesos de subsidios que se le destinan mensualmente, una estrategia de combate al crimen organizado.
El hecho de que la carga sea monitoreada y procesada a través del Aeropuerto Felipe Ángeles no asegura que se terminará el contrabando, pero sí reduce las posibilidades de actos ilícitos, comentó a este espacio un funcionario del gobierno relacionado con el sector.
Los principales aeropuertos de carga en el país son el de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, Querétaro y Cancún, según la Agencia Federal de Aviación Civil. El aeropuerto de Toluca también es un hub de carga importante para empresas como FedEx. En el sexenio pasado se intentó convertirlo en un aeropuerto de carga y no solo de aviación ejecutiva, como prácticamente se quedó tras la salida de aerolíneas como Interjet.
El aeropuerto capitalino es el mayor centro logístico para la carga aérea de Latinoamérica. El año pasado se movilizaron cerca de 571 mil toneladas de mercancías, donde el 85% de ese total provino del exterior y el resto fue nacional.
La importancia del AICM para la carga de la región ha alertado a la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, organismo que consideró que mudar las operaciones al AIFA va a generar una disrupción en la economía y afectará las cadenas de suministro.
También la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) alertó que el AIFA no cuenta con todos los requerimientos técnicos para que se lleve a cabo la migración de operaciones del AICM, entre los que mencionó la falta de certificaciones de terceros para carga que se transporta a Europa; equipamiento adecuado de los almacenes de carga; sistema aduanero operativo; agentes aduanales suficientes para despachar la carga importada, entre otros.
El decreto puede terminar siendo también contraproducente para el comercio exterior, al generar cuellos de botella que se traduzcan en mayores costos para las empresas y para los consumidores finales. En un entorno de alta inflación, como el que seguimos viviendo, el decreto ordenado por el presidente López Obrador podría traer más problemas que soluciones en el contexto económico actual.
Posdata
El desencuentro que tuvieron el domingo el presidente López Obrador y la ministra Norma Piña, en Querétaro, augura más fricciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Por si fuera poco, al discurso de autonomía y respeto a los jueces, magistrados y a todos los integrales del Consejo de la Judicatura Federal, pronunciado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue aplaudido por uno de los villanos favoritos de AMLO: el presidente del INE, Lorenzo Córdova. ¿Será que el presidente ya anticipa cómo van a resolver los ministros y ministras las controversias y acciones de inconstitucionalidad promovidas contra su Plan B de reforma electoral? Si el presidente dijo que solo le tiene confianza a dos o tres ministros de la Corte, ni siquiera le alcanzarían los cuatro votos necesarios para no declararlo inconstitucional, como fue en su momento la Ley de la Industria Eléctrica. Viene otra lucha de poderes de pronóstico reservado.
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