Las pesquisas que el gobierno de la 4T mantiene contra Ricardo Anaya son una realidad, así como la intención de liberar una orden de aprehensión en su contra; sin embargo, los elementos con los que cuenta la Fiscalía General de la República son tan endebles que el autoexilio del excandidato presidencial obedece también a otras razones, relacionadas con un creciente rechazo hacia su figura entre quienes aspiran a controlar y abanderar el Partido Acción Nacional de cara al 2024.
Fuentes cercanas al caso aseguran que el equipo de Alejandro Gertz Manero sigue intentando dar forma a un expediente por el delito de cohecho contra Anaya, quien presuntamente se habría visto beneficiado con 6.8 millones de pesos de los recursos que Odebrecht entregó a Emilio Lozoya para repartir sobornos. Pero la conformación de los argumentos delictivos se ha convertido en un problema para la Fiscalía, al grado de que la consignación del expediente ante las autoridades judiciales ha tenido que detenerse en más de una ocasión, tratando de evitar otro ridículo para el Ministerio Público.
El caso Lozoya y su relación con Odebrecht sigue siendo uno de los mayores dolores de cabeza para la FGR y ha motivado dos llamadas de atención desde la Presidencia, que le ha pedido “mover al elefante” para obtener mejores resultados. En el discurso de Andrés Manuel López Obrador el fiscal Gertz Manero sigue siendo un “hombre honesto”, pero empieza a caer en la categoría de ineficaz, pues de los 70 sujetos que mencionó el exdirector de Pemex en su denuncia sólo uno se encuentra vinculado a proceso y en la cárcel: el exsenador Jorge Luis Lavalle.
Ricardo Anaya es precisamente uno de esos 70 personajes denunciados por Lozoya en el documento de agosto de 2020, el único de los nombres importantes que integraba la Cámara de Diputados en tiempos de la Reforma Energética, y el único de los panistas que no se identificaba con el expresidente Felipe Calderón o con su grupo político. De hecho, Anaya se mencionaba en tiempos de Enrique Peña Nieto como un alfil del PRI; incluso como una alternativa para frenar el avance de Andrés Manuel López Obrador ante una administración peñista que se desplomaba en la aprobación de los votantes.
Pero el alfil se radicalizó, por lo que se hizo más sencillo tender puentes con el Obradorismo para buscar una transición sexenal tersa, lo que derivó en la persecución judicial por lavado de dinero contra el auto nombrado candidato presidencial –Anaya presidía y controlaba entonces el Partido Acción Nacional–, a la que se sumaron también diversos panistas que fueron relegados o expulsados por el dirigente de la organización.
Aquellos elementos que desencadenaron la tormenta perfecta contra Anaya en 2018 parecen hacer su aparición nuevamente: un discurso radical contra el Presidente en turno sin una posición política que le garantice blindaje, además del rechazo de una militancia blanquiazul que no tiene la intención de colocarlo nuevamente en la boleta.
Al igual que Anaya, el también queretano Francisco Domínguez, el chihuahuense Javier Corral, el yucateco Mauricio Vila y el polémico Francisco Javier García Cabeza de Vaca son aspirantes a la candidatura presidencial blanquiazul, y aunque enfrentados supuestamente con el gobierno federal, cuentan con alianzas en la misma 4T que les otorgan ventajas sobre el exiliado.
El gobernador de Querétaro cerró una alianza y mantiene una buena relación con la excandidata morenista a gobernar Querétaro, Celia Maya; Javier Corral empujó, aunque sin éxito, la victoria de Morena en Chihuahua; Mauricio Vila es bien visto por el Presidente, y hasta Cabeza de Vaca tiene contactos con Palacio Nacional. Ricardo Anaya es vulnerable entonces por todos los frentes, por lo que es momento de poner distancia esperando que se acomoden por sí solas las fichas en el tablero nacional.
Posdata
Tras lo sucedido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la frustrada ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar, fuentes cercanas a Palacio Nacional comentan que el Consejero Jurídico, Julio Scherer, habría puesto su renuncia sobre la mesa, aunque el Presidente no se la aceptó. Resulta que desde hace algunos días Scherer le pidió a AMLO una serie de enroques de personas clave en el Poder Judicial, los cuales hasta ahora no han sido aprobados.
@MarioMal
