El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a colocar a la franja turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en el radar financiero internacional. Se trata de una red de fraude en la comercialización de tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con un modelo que combina call centers, ventas engañosas y cargos indebidos a turistas estadounidenses.

En el centro de la operación aparece Carlos Humberto Rivera Miramontes, uno de los cinco individuos sancionados por Estados Unidos y cuyo nombre ya circula con un trasfondo político porque es hijo del exgobernador priista de Jalisco, Carlos Rivera Aceves, quien estuvo al frente de dicha administración entre 1992 y 1995.

El comunicado de la OFAC identifica al complejo Kovay Gardens —antes denominado Vallarta Gardens— como una pieza relevante de la red. Según el Tesoro, el esquema operaba mediante la captación de clientes, ventas con prácticas engañosas y posteriores fraudes de reventa o recuperación de supuestos activos vacacionales. El modelo no es nuevo en la región, pero la diferencia ahora es la atribución directa a una estructura ligada al CJNG y la dimensión empresarial y trasnacional del negocio.

La reacción mexicana fue inmediata y, a diferencia de episodios del pasado, coordinada. La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a siete sujetos adicionales —seis personas físicas y una moral— vinculados al mismo núcleo operativo. El movimiento implica el congelamiento de activos dentro del sistema financiero nacional.

La UIF informó además que el caso se sustenta en análisis financieros, fiscales y corporativos que detectaron flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales y participación accionaria en múltiples sociedades constituidas principalmente en el occidente del país.

Hacienda y la UIF buscan mostrar que el andamiaje de cooperación bilateral con Estados Unidos está funcionando y que México no está dispuesto a ser un eslabón pasivo en esquemas fraudulentos que, este caso, combinan turismo, lavado de dinero y estafas. La presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República confirma que el caso está avanzando y se enfila hacia el terreno penal.

En términos de riesgo sistémico, el expediente también exhibe la vulnerabilidad de la industria de tiempos compartidos, un segmento que durante años ha operado en una zona gris regulatoria. El dato que difundió el Tesoro —más de 850 reportes de actividad sospechosa vinculados a este tipo de fraudes y alrededor de 330 millones de dólares detectados— ilustra la magnitud del problema y explica la prioridad que le dio el gobierno estadounidense.

Para el gobierno mexicano, el reto inmediato será avanzar rápido en la investigación y evitar que el caso se quede archivado. La inclusión de perfiles con conexiones políticas eleva la presión y pone a prueba el discurso oficial sobre combate a las finanzas del crimen organizado.

Por ahora, lo que se observa es una respuesta alineada con estándares del GAFI y con mecanismos de cooperación que, cuando se activan de manera simultánea, suelen ser más efectivos.

Posdata 1

La ratificación de Omar Reyes Colmenares al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —aprobada por la Comisión Permanente en agosto de 2025, en sustitución de Pablo Gómez— marcó el inicio de una etapa de mayor coordinación internacional en el combate al lavado de dinero. Desde su llegada, Reyes reactivó los canales de intercambio de inteligencia con la OFAC y otras agencias estadounidenses, con el respaldo del gabinete de seguridad federal.

Fue en noviembre de 2025 cuando se dio a conocer el primer golpe relevante derivado de esa cooperación bilateral: el congelamiento de cuentas vinculadas a casinos bajo investigación por presuntas operaciones de blanqueo asociadas a la familia Hysa, así como el bloqueo de 10 personas y 9 empresas ligadas a una red con presencia en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido. Los expedientes documentaron triangulación de recursos, uso de empresas fachada y transferencias transfronterizas diseñadas para ocultar capitales de origen ilícito.

El viraje en la UIF apunta a un alineamiento más estrecho con Estados Unidos en materia de seguridad financiera. Con Reyes Colmenares al frente y la interlocución operativa con el equipo de Omar García Harfuch, el gobierno federal busca golpear a las organizaciones criminales en su punto más vulnerable: el financiero.

Posdata 2

Hablando de pesquisas y seguimientos financieros, la investigación federal que rodea a Samuel Orlando García Villarreal —medio hermano del gobernador de Nuevo León, Samuel García— entró en una nueva fase. La Fiscalía General de la República mantiene abierta una carpeta por presunta defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivada de querellas de la Procuraduría Fiscal presentadas desde 2021. En el expediente se documenta que el litigante fiscal habría omitido pagos de ISR por cerca de 598 mil pesos en 2018 y más de 2.7 millones en 2019.

La FEMDO incluso solicitó a un juez autorización para acceder a información bancaria y fiscal protegida —incluidas declaraciones y reportes al SAT— como parte del rastreo financiero del caso. García Villarreal se presenta como experto en litigio fiscal estratégico y es socio de despachos vinculados a su padre, el abogado Samuel Orlando García Mascorro.

La novedad es que Orlando García habría optado por la ruta de la colaboración con la FGR, lo que lo colocaría en calidad de testigo colaborador dentro de las indagatorias. De confirmarse formalmente, el movimiento cambiaría el alcance del expediente, pues este tipo de figuras suele abrir líneas de investigación más amplias sobre estructuras financieras y posibles redes de apoyo.

El asunto, sin embargo, es delicado para el entorno del gobernador Samuel García. Aunque hasta ahora la investigación se centra en responsabilidades individuales de su medio hermano, la apertura de información bancaria y la eventual cooperación ministerial elevan el riesgo político. En la FGR el caso sigue vivo y, como suele ocurrir en estos expedientes fiscales y penales, el verdadero impacto dependerá de lo que el propio investigado esté dispuesto a revelar.

Posdata 3

Los hermanos Batres se anotaron una victoria con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar la constitucionalidad del recién modificado artículo 2248 D del Código Civil de la Ciudad de México, para establecer que las rentas en la capital del país no puedan elevarse por arriba de la inflación. Se trata de un primer paso en la estrategia para que el grupo de Martí Batres consiga finalmente controlar el mercado de la vivienda.

La siguiente etapa consiste en aprobar en el congreso local la llamada Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, la cual, además de imponer límites a las tarifas de arrendamiento, inhibe la operación de las plataformas de estancia temporal, en mayores proporciones que lo hace ya la vigente Ley de Turismo de la CDMX, la cual establece que los anfitriones de sistemas como Airbnb solo pueden ofrecer sus inmuebles el 50% de las noches al año.

El sector inmobiliario ya ha manifestado abiertamente su rechazo a estas medidas, debido a que se incurre en una violación a los derechos de los propietarios. Los empresarios han ganado diversos amparos que confirman que los ciudadanos deben tener libertad de decisión sobre el uso de sus inmuebles.