El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a través de su Consejería Jurídica denunciar penalmente a los accionistas propietarios de Grupo México, de Germán Larrea, y a sus socios, los españoles de Acciona, por el incumplimiento de los acuerdos en la obra del Tramo 5 Sur del Tren Maya y la retención de recursos públicos.

La decisión presidencial se tomó luego de que las empresas involucradas no reconocieron el acuerdo para retirar las demandas por más de 5 mil millones de pesos que interpusieron ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el término anticipado del contrato y la declaración de seguridad nacional del proyecto, razón por la que fue tomado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según fuentes de alto nivel, tanto del Gobierno como judiciales, la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General de la República y el delito que se busca imputar a los accionistas y altos directivos de Grupo México y Acciona es el de peculado, por la “apropiación o desviación del destino de los recursos que pertenecen al Estado”.

Las fuentes refieren reuniones entre los equipos de la Consejería Jurídica de la Presidencia y del Fonatur para detallar la denuncia, todo a solicitud expresa del presidente López Obrador. La denuncia se presentó en la Fiscalía Especializada de Control Regional, que encabeza Germán Castillo Banuet, quien será el encargado de intentar judicializar las denuncias y solicitar órdenes de aprehensión contra las personas en cuestión.

La furia del Presidente, quien por primera vez durante su mandato ha pedido proceder penalmente en contra de alguien, se debió a que los socios de Larrea presuntamente desconocieron el acuerdo que firmaron los apoderados legales del Grupo México el miércoles 31 de mayo en Palacio Nacional, reunión en la que estuvieron presentes el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el director general del Fonatur, Javier May.

Tras la firma de ese acuerdo, que se dio en medio de las negociaciones por la recuperación de la concesión de 128 kilómetros de vías férreas de Grupo México en Veracruz, la empresa de Larrea envió un comunicado a sus inversionistas.

“El Gobierno Federal declaró la obra como de seguridad nacional y dio por terminado anticipadamente el contrato. Desde ese momento el consorcio llevó a cabo todas las acciones requeridas por Fonatur para formalizar el cierre de ese contrato y proceder a la conciliación y pago de los trabajos realizados”, refirió la empresa.

El acuerdo en el que Grupo México, como líder del consorcio al que se le adjudicó el Tramo 5 Sur del Tren Maya, firmó con el gobierno no fue reconocido por Acciona, que en México dirige Sergio Ramírez Lomelín y a nivel global preside la familia Entrecanales. La firma española tiene contratos de largo plazo con la CFE y fue de las empresas perjudicadas con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. La UIF y otras instancias mexicanas la han investigado por su sociedad con Odebrecht.

En el acuerdo extrajudicial incluyó que Grupo México devolviera unos mil 500 millones de pesos de los poco más de 5 mil millones que Fonatur les otorgó como anticipo para desarrollar la obra ferroviaria que correrá de Playa del Carmen a Tulum. El gran problema fue que el convenio fue firmado solo por Grupo México y no por el consorcio. Cuando representantes del gobierno citaron a los apoderados legales de Acciona para hacerlo oficial, ellos desconocieron el acuerdo de la empresa de Larrea, quien a su vez habría comentado que “no podía obligarlos” a que lo reconocieran, pese a ser el líder del consorcio.

En Grupo México, la familia Larrea es el principal accionista con cerca del 50%, además de grandes fondos de inversión como Invesco Advisers, Vanguard y BlackRock. En su Consejo de Administración figuran empresarios como Claudio X González Laporte y Antonio del Valle Ruíz.

Posdata 1

El pleito legal entre el gobierno y Grupo México detonó la sorpresiva e inusitada toma de sus instalaciones en Veracruz por parte de las Fuerzas Armadas. La ocupación de integrantes de la Marina se dio horas después de una reunión en Palacio Nacional entre Germán Larrea y el Presidente. Era apenas un aviso de lo que el gobierno estaba dispuesto a hacer para ganarle la partida al poderoso “Rey del Cobre”.

Posdata 2

Hablando de asuntos que tienen que ver con el sureste, el alcalde de Valladolid, Yucatán, Alfredo Fernández Arceo, ha sido señalado por varios empresarios de la región de pedir dinero a cambio de autorizar inversiones o negocios en su municipio. Denuncias a las que tuvo acceso esta columna exponen que el alcalde panista ha tejido una red de extorsionadores dentro de su equipo de gobierno, privilegiando y monopolizando las obras públicas con sus amigos y colaboradores cercanos.

Dicha red estaría encabezada por el propio Fernández Arceo y operada por sus dos hombres de mayor confianza: Manuel Alberto Basulto, titular de la Unidad de Gobernación y Asuntos Jurídicos, y Manuel Loria Santoyo, secretario Municipal y regidor del Ayuntamiento. Los empresarios aseguran que ambos son quienes cobran las cuotas, cuyos montos superan el millón de pesos por permiso, lo que ha frenado la inversión y la generación de empleos en este municipio insignia de la península de Yucatán. A estos señalamientos se suman una serie de irregularidades que viene arrastrando el municipio con el SAT, por una deuda que supera los 30 millones de pesos.

Todo este entramado se da a meses de que se definan las candidaturas del 2024, en las que el alcalde panista tiene intención de repetir.

@MarioMal