Después de nueve meses evadido de la justicia, el extitular de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, fue aprehendido por la Fiscalía General de la República como principal responsable del desfalco que, según las cuentas de la Auditoría Superior de la Federación, rebasa los 12 mil millones de pesos.

Gavira llegó al equipo de la denominada Cuarta Transformación durante la transición, cuando Ignacio Ovalle Fernández, el primer director de ese organismo, lo invitó a colaborar en el proyecto en agradecimiento por haberle contratado cursos de capacitación cuando, en tiempos de los gobiernos panistas, el amigo del presidente tenía dificultades financieras.

Aunque Segalmex nació jurídica y financieramente hasta 2019, desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder a finales del 2018 ya era un organismo operativo; el presidente se había comprometido con las comunidades más vulnerables a caminar rumbo a la autosuficiencia alimentaria, lo que se lograría a través de un programa de Precios de Garantía que les aseguraría a los pequeños y medianos productores un pago justo por sus mercancías.

Administrativamente las cosas en Segalmex comenzaron con el pie izquierdo, sin que alguien hiciera algo para frenar lo que se anticipaba como uno de los mayores escándalos de corrupción del obradorato. En ese entonces, por allá de abril de 2019, la Secretaría de la Función Pública a cargo deIrma Eréndira Sandoval palomeó la estructura operativa del organismo, que redujo de 455 a 216 el número de funcionarios de mando que operarían Liconsa, Diconsa y Segalmex.

Pareció en algún momento que los números que presumía aquella dependencia apuntaban también a la depuración del padrón de proveedores, mismo que quedó reducido de 2 mil 300 comerciantes a sólo 45 grandes marcas que abastecían canasta básica para las 27 mil tiendas Diconsa repartidas a lo largo y ancho del país.

Antes de que el llamado censo del Bienestar iniciara sus mediciones, Segalmex había concluido su propio censo lechero, en el que el número de pequeños y medianos productores de lácteo pasó de 5 mil a 16 mil y en el proceso se fueron quitando del camino a los intermediarios que tanto molestan al presidente.

Segalmex se apuntalaba para competir con las empresas de la iniciativa privada en las licitaciones de proveeduría para el gobierno, pues la instrucción que se tenía desde Palacio Nacional, según fuentes que participaban en las reuniones previas a la conferencia mañanera, era priorizar las compras a Diconsa y Liconsa, por arriba incluso de proveedores mayoristas.

En la realidad, el desorden administrativo que imperó desde los inicios de Segalmex abrió las puertas a que los servidores públicos cometieran una y otra vez ilícitos, al amparo, supuestamente, del Código de Comercio, justificando que sus operaciones debían semejarse a las de cualquier compañía abarrotera. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público fue siempre letra muerta.

Desde la revisión a la Cuenta Pública 2019 por parte de la ASF, los montos observados para Segalmex rebasaban los 3 mil millones de pesos; se trataba casi del 20% del presupuesto que el organismo tenía para operar, sin contar los 10 mil millones adicionales que le correspondían al Programa de Precios de Garantía.

Sobre René Gavira pesaban al menos cuatro órdenes de aprehensión: por el uso ilícito de atribuciones y facultades, ante la compra ilegal de de instrumentos financieros con recursos públicos; por la compra y procesamiento de leche bronca, y dos más por defraudación fiscal, peculado y delincuencia organizada. Todas las había estado litigando a través de sus abogados desde que se le vinculó a proceso en noviembre de 2022, cuando logró entonces enfrentar su caso en libertad.

La presión a la que se enfrentó la 4T por el caso obligaba a cambiar la medida cautelar para René Gavira, quien al menos desde abril pasado tiene un espacio reservado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, con otros 26 detenidos que radican ahí por el lodazal en el que se convirtió Segalmex.

Posdata 1

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, fue sorprendida por el temblor que ocurrió ayer minutos después de las dos de la tarde.

La funcionaria del gobierno de Joe Biden transitaba por la avenida Reforma de la Ciudad de México, tras haber ofrecido una conferencia de prensa en el Salón Panamericano de Palacio Nacional junto al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, cuando sucedió el sismo.

Testigos relatan que los agentes del servicio secreto de Estados Unidos bajaron a Yellen de la camioneta en la que viajaba para resguardarla en el hotel Four Seasons. Y como si fuera una película de acción, los funcionarios estadounidenses, con sus comunicadores en la oreja y sus lentes oscuros, frenaron el tráfico de la transitada avenida para que la secretaria del Tesoro pudiera pasar.

Posdata 2

A quienes también sorprendió el temblor fue a los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, quienes habían llegado al Museo Kaluz a una comida con el presidente Andrés Manuel López Obrador y tuvieron que salir momentáneamente luego de la activación de la alerta sísmica.

La plana mayor de la iniciativa privada se reunió con el presidente para hablar de su último año de gobierno, las reformas en ciernes, la reconstrucción de Acapulco y el nearshoring.

El Consejo Mexicano de Negocios reiteró que sus empresas planean invertir 30 mil millones de dólares en el país el próximo año, entre nuevas inversiones y reinversión de utilidades. Uno de los asuntos más importantes fue el de la reforma laboral para bajar la jornada semanal de 48 a 40 horas. El presidente se mostró dispuesto a lograr un consenso para que sea menor la reducción y les pidió una propuesta. Lo cierto es que va a promoverla con todo el siguiente año, en plena campaña electoral.

Posdata 3

Más de 500 alcaldes, exalcaldes y regidores de Yucatán, pertenecientes a la Asociación Civil “Ja’lacho’ob”, anunciaron su adhesión al proyecto de gobierno de Renán Barrera Concha, aspirante de la alianza PAN, PRI y PRD a la gubernatura del estado.

Buscan atajar los rumores de desbandadas que promueven por esas tierras personajes como el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y el diputado federal Rommel Pacheco. La agrupación que dirige Juan Sulub Cabrera, exalcalde priista de Tunkás, tiene presencia en los 106 municipios de la entidad, por lo que Morena deberá construir en esas tierras sus propias estructuras.