La relación de fuerzas entre la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y la aspirante a sucederla en la jefatura de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, es, por decir lo menos, tirante. Aunque la exjefa de Gobierno lo niega públicamente, es más que un secreto a voces: la distancia que ambas han puesto de por medio es evidente y permea a sus respectivos equipos.

Uno de los temas más relevantes que involucra a ambas y a su gélida relación es la postulación del nuevo o nueva titular de la Fiscalía capitalina.

La semana pasada, el Consejo Judicial Ciudadano, que preside Jorge Nader Kuri, reactivó los trabajos para designar a un nuevo Fiscal capitalino. Por ello, emitirá una convocatoria para que se inscriban todos los interesados en ocupar el cargo y se deberá formar una terna para someter al Congreso la decisión final.

En este proceso podrá participar el actual encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ulises Lara.

Se asegura que el objetivo de esta estrategia, emanada directamente del Palacio del Ayuntamiento de Martí Batres, es oficializar antes del proceso electoral la posición de quien se tituló recientemente como abogado, para que Ulises Lara permanezca al mando del ministerio público local al menos durante cuatro años más; en especial, durante las dos terceras partes del siguiente gobierno en la Ciudad de México.

El escenario no es el deseable para Claudia Sheinbaum, pues además de que se le ha negado la posibilidad de nombrar a un Fiscal General de la República que la acompañe en su eventual gobierno federal, como lo informamos la semana pasada sobre las deferencias que le sugirieron mantener con Alejandro Gertz Manero, tampoco llegaría a colocar en la Fiscalía de la ciudad a un personaje de todas sus confianzas.

Con temas como la Línea 12 sobre la mesa o simplemente la revisión de un ejercicio de gobierno que ejerció presupuestos por miles de millones de pesos, el nombramiento del fiscal General de la CDXM es un asunto prioritario para Sheinbaum, sobre todo en un contexto en el que hasta el empresario Carlos Slim se ha aventurado a declarar que la caída del tramo elevado del metro fue resultado de la “falta de mantenimiento”.

Ulises Lara es más que cercano a la autonombrada ministra del pueblo, Lenia Batres, y por lo tanto a su hermano, el actual jefe de Gobierno, Martí Batres. Se trata del grupo que impulsó a la candidatura por la CDMX a la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y que descarriló a Omar García Harfuch, quien se perfilaba como la carta de Sheinbaum para tomar su lugar en el gobierno de la capital. La campaña negra incluyó los ataques de Alejandro Encinas por el caso Ayotzinapa.

También hay indicios de que Ernestina Godoy fue otra damnificada de esta ala de Morena considerada como radical. Se sabe que la coordinación de la bancada del partido en el Congreso de la CDMX no hizo el cabildeo suficiente ―a cualquier costo y a cualquier precio― para que Godoy se mantuviera en el encargo. La coordinadora es la diputada local Martha Ávila, cercana a Clara Brugada.

A todo esto se suma el bochorno que le hicieron pasar a Sheinbaum en octubre del año pasado, con un vacío Estadio Azul. Es por esto que toma vuelo la versión de que la candidata presidencial ha buscado interlocutores con los panistas y el equipo del candidato de la oposición, Santiago Taboada, para impulsar en la FGJCDMX a la jurista Ana Laura Magaloni, a quien por cierto ha considerado para relevar en la FGR a Alejandro Gertz Manero.

Tanto a Claudia Sheinbaum como a Santiago Taboada conviene impulsar a un fiscal para ambas partes transitable, sobre todo uno que no responda a un grupo político que se caracteriza por abrirse espacios a base de todo tipo presión. En este marco el acuerdo con los panistas parece la única vía para lograrlo, aunque sea antitético y anticlimático.

Posdata 1

Mediante el oficio con folio 411/UPCP/2024/0460, fechado el pasado lunes 26 de febrero, la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, instruyó a las dependencias y entidades de la administración pública federal abstenerse de contratar personal para plazas presupuestarias de carácter permanente y eventual, o de contratar personal que preste servicios profesionales por honorarios a partir del próximo sábado 2 de marzo de 2024.

Los recursos que resulten de mantener estas vacantes deberán ser transferidos, en los primeros 10 días hábiles siguientes al término de cada mes, al Ramo General 23: Provisiones Salariales y Económicas, en el concepto “Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales”. Incluso aquellas dependencias que no tengan presupuesto para contratación de personal deberán hacer reducciones en su gasto a nivel flujo de efectivo para mostrar una mejora en el balance presupuestal.

Quedan exentas de estas nuevas reglas, enfocadas a crear en pleno proceso electoral una nueva bolsa de recursos frescos, las contrataciones que realicen la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, además de las que se realicen en IMSS-Bienestar, las dependencias preferidas del gobierno federal.

Posdata 2

El general Gustavo Vallejo, quien tiene aspiraciones de convertirse en secretario de la Defensa Nacional en el próximo sexenio, deberá superar la última fase de la puesta en operación del Tren Maya, además de alejarse de la corrupción o de la tentación de entregar contratos millonarios a amigos o recomendados.

El ingeniero y mando castrense está por asignar, esta semana, un contrato por mil 300 millones de pesos para el suministro de 55 millones de litros de combustible diésel a la razón social Gas Azul de Nogales SA de CV, cuyo perfil se asemeja mucho al de una empresa fantasma, sin contratos previos ni operaciones registradas.

Si bien existen indicios de la presencia de una compañía con ese nombre en el norte del país, no se le conoce infraestructura en los estados.

Posdata 3

Sobre la información que se publicó ayer en este espacio, el director general adjunto de Fibra Uno (FUNO), Gonzalo Robina, aseguró que la Oferta Pública Inicial de Fibra Next sigue en pie y trabajan alineados con las autoridades, además de que no han sido notificados de alguna denuncia, por lo que demandaran a quien, según sus dichos, inició una campaña de desprestigio contra la empresa.

Según el directivo, la OPI se decidió posponer y está sujeta a la ratificación de criterio por parte del Servicio de Administración Tributaria, para constatar que cumplen con el régimen de fibra para hacer la transacción.

Robina explicó que una vez que tenga la ratificación de criterio por parte del SAT, en ese momento se hará el “filing” ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dependencia que llevará su proceso normal de alrededor 10 días para su aprobación,

Por el otro lado, los demandantes dijeron que en el conflicto entre FUNO y TELRA Realty esto no es novedad, pues no es la primera vez que la empresa de los El-Mann amaga con demandar a Telra. La Fibra intentó demandar a sus exsocios por supuesta difamación; sin embargo, al parecer el caso no avanzó. Esta pelea viene del sexenio pasado y de la indemnización por 5 mil millones de pesos que FUNO tuvo que pagar al Infonavit por un operación denunciada ante la FGR.

@MarioMal