El proceso electoral del 2024, uno de los más grandes en la historia de México, ha desatado una batalla entre empresas y estrategas dedicados a la consultoría política que buscan quedarse con el mayor número de campañas.
En junio de 2024 los mexicanos elegirán al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, a 128 senadores y 500 diputados federales. También se renovarán nueve gubernaturas, 31 congresos locales, 16 ayuntamientos (alcaldes, síndicos y regidores) y 24 juntas municipales.
Algunos de los principales consultores del país ya comenzaron a disputarse a sus clientes, unos de ellos en vísperas de arrancar sus campañas y otros con potencial para convertirse en candidatos o candidatas hacia el 2024. Lo cierto es que la batalla contra Morena y sus partidos aliados se ve desde ahora muy cuesta arriba para la oposición política.
Sergio José Gutiérrez Hernández y su empresa Espora fueron los orquestadores de la campaña de César Verástegui “El Truko” al gobierno de Tamaulipas. Él y su equipo encabezado por Sara Tamez, Jose Antonio Hernández, Gabriela Padilla, Edith Valdez, Gabriela Matus y Ricardo Salas fueron contratados por el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para diseñar la estrategia digital del abanderado de la alianza.
Además de una estrategia de golpeteo político en contra de Américo Villarreal, sus hijos Américo y Francisco Villarreal Santiago, así como del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. También fueron blanco de la campaña el diputado federal Erasmo González, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, los alcaldes de Victoria, Eduardo Gattás, de Altamira, Armando Martínez, y de Reynosa, Carlos Peña, así como los actuales funcionarios estatales Olga Sosa, en la Secretaría del Trabajo, y Héctor Villegas, secretario general de Gobierno.
Gutiérrez Hernández, quien en el 2012 fue el dirigente del Movimiento Nacional de Cibernautas que apoyó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, también realizó una estrategia para desgastar al actual presidente López Obrador, con resultados poco efectivos.
Espora también ha permanecido muy ligada al PRI, dentro del cual prácticamente nació, participando en las campañas del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz; de Omar Fayad, en Hidalgo, así como de Miguel Riquelme en Coahuila. Recientemente operó la campaña de la panista Tere Jiménez en Aguascalientes y la contención de la entonces candidata de Morena, Nora Ruvalcaba.
Este martes la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, publicó en su programa “Martes del Jaguar” una conversación en la que Gutiérrez Hernández intercambia mensajes con Alejandro Moreno sobre campañas del PRI y entregas de dinero.
Otro de los principales consultores de candidatos panistas es Rodolfo Oropeza, dueño de la agencia Día D, quien durante 2021 y 2022 estuvo muy activo en campañas electorales. Fue uno de los colaboradores en la campaña electoral de César Verástegui en Tamaulipas.
Por otro lado se encuentra Andrea de Anda, propietaria de Ojiva Consultores, vinculada con el PAN por llevar la campaña presidencial de Ricardo Anaya. Posteriormente fue contratada por el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, a quien le diseñó la estrategia digital de diversas campañas.
Otra estratega es Gisella Rubach, una de las principales consultoras políticas de México, con 30 años de carrera en el marketing político. Ha colaborado solamente con campañas del PRI y del PAN. Desde 1997 es la coordinadora del diplomado en Marketing Político en el ITAM. Se le atribuye el triunfo de Alfredo del Mazo en 2017, precisamente contra Delfina Gómez. Ahora está repitiendo la fórmula con Alejandra del Moral.
Otro que anda muy activo es Marco Sifuentes, quien ha sido consultor del PAN desde el 2017. Él diseñó la campaña del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. En 2022 se encargó también de la campaña de Tere Jimenez a la gubernatura en Aguascalientes y de Esteban Villegas en Durango.
Roberto Trad, a su vez, se ha especializado en diseñar campañas del PAN y del PRI. Participó en el 2017 con el actual gobernador Enrique Riquelme en Coahuila. Hoy se desempeña como asesor del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y es consultor de la candidata del PRI en el Estado de México, Alejandra del Moral. Ha trabajado con Ricardo Anaya, los hermanos Moreira, Alito y múltiples candidatos de PRI y PAN.
Otra estratega muy conocida es Alejandra Sota, vocera del expresidente Felipe Calderón, quien trabajó también con el expresidente Enrique Peña Nieto y participó en la campaña de Lía Limón, actual alcaldesa panista de Álvaro Obregón en la Ciudad de México.
Finalmente, Pico Covarrubias, propietario de Pico Adworks, fue uno de los estrategas de la priísta Carolina Viggiano en Hidalgo y en Tamaulipas del panista César Verástegui. Su popularidad como consultor llegó cuando llevó la publicidad de Ricaro Anaya en la campaña presidencial del 2018 que perdió con Andrés Manuel López Obrador.
A todos estos consultores los une el factor de la alianza entre el PRI y el PAN, los partidos para los que han trabajado durante muchos años. Este grupo de especialistas serán quienes lleven a cabo las campañas e intenten influir en las elecciones del 2024, si es que la alianza Va por México sobrevive a las traiciones internas, lo cual hoy se ve difícil.
Adán Augusto, Ebrard y el decreto
Muchos comentarios se han vertido en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre la responsabilidad de la tragedia sucedida en el centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez que ocasionó la muerte de 39 personas.
La conferencia de prensa que ofreció ayer la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, no dejó satisfechos a nadie, pues si bien se habla de ocho presuntos responsables, algunas ya detenidos por la Fiscalía General de la República, no se prevé que se encuentre un alto funcionario relacionado con los temas migratorios.
El martes, en una entrevista con Joaquín López-Dóriga, el secretario de Gobernación declaró que él no es el encargado de operar el sistema migratorio, puesto que esa responsabilidad se transfirió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Marcelo Ebrard, tras un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tal acuerdo fue publicado el 19 de septiembre de 2019 y dice a la letra, en su artículo primero: “Se crea con carácter transitorio la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria. En lo subsecuente la Comisión, la cual dependerá de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tendrá por objeto fungir como instancia de coordinación de las políticas, programas y acciones que las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal tienen en materia migratoria, para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias de coordinación que al efecto establezca la Comisión en dicha materia.”
Y agrega en su artículo segundo: “La Comisión será presidida y coordinada por el Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien en sus ausencias será suplido por el Titular de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe o por el servidor público que al efecto designe.”
El canciller Ebrard se limitó a decir el martes que dejaba cualquier consideración de índole política para otros momentos. “Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”, escribió en su cuenta de Twitter.
Dentro de la Cancillería consideran que la responsabilidad es del Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación. Y que pese a que existe el decreto del 2019, este se refiere más bien a una coordinación de políticas públicas transitoria para negociar con el entonces gobierno del presidente Donald Trump.
Una crisis más para las “corcholatas” de Morena hacia el 2024, como muchas otras que ha tenido la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con el Metro de la Ciudad de México.
Posdata
El presidente López Obrador no se va a quedar con las ganas de regular a las empresas mineras, muchas de capital extranjero, principalmente de Canadá, y a las mexicanas, donde magnates como Germán Larrea, Alejandro Baillères y Carlos Slim han hecho buena parte de sus fortunas.
El proyecto de decreto implica una reforma estructural al sector, con la eliminación de beneficios y el aumento de obligaciones para las empresas privadas, lo que encendió las alertas en la Cámara Minera de México, sobre todo en materia de inversión.
La iniciativa plantea una reducción de la duración y prórroga de las concesiones mineras. Disminuye de 50 a 15 años las concesiones y se podrá prorrogar una sola ocasión, sujeto al cumplimiento de obligaciones.
Un tema relacionado con empresas mineras lleva hacia el Banco Accendo, que entró en proceso de liquidación en septiembre del 2021, por malos manejos de sus entonces principales acciones, los hermanos Reyes de la Campa. Uno de ellos, Francisco Javier Reyes de la Campa, tiene un proceso judicial abierto que lleva en libertad condicional.
Resulta que los exdirectivos lograron enajenar parte de los títulos de empresas mineras que integraban el portafolio del banco antes de la quiebra, con lo cual habrían cobrado el dinero previo a la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se dice que ahora viven en Canadá, quitados de la pena.
@MarioMal
