En el sector energético las cosas están más que claras: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está abierto a la libre competencia, siempre y cuando sus empresas productivas del Estado, llámense Petróleos Mexicanos o Comisión Federal de Electricidad, se mantengan en posiciones de privilegio frente a sus rivales comerciales.
El caso de Pemex es el más representativo de esta premisa. En una especie de doble discurso, la empresa arrancó hace unos días una campaña publicitaria para posicionar sus combustibles frente a la competencia. Junto con ello eliminó los candados que le impedían vender su producto a precios anticompetitivos e incluso por debajo de los costos de producción.
Arrancaba la segunda quincena de enero cuando la empresa que dirige Octavio Romero puso al aire la campaña denominada “Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas de Pemex”, la cual, como su nombre lo indica, es parte de la mercadotecnia de la petrolera para incrementar la preferencia de los consumidores sobre las marcas que tiene disponibles en el mercado.
Como se esperaba, no tardaron en surgir las preguntas de los empresarios gasolineros respecto a la legalidad, o como el propio Presidente lo dice, la moralidad de utilizar en este tema el slogan y comunicación que el gobierno de la 4T ha enarbolado como bandera en su lucha contra el huachicol.
De entrada, se quejan los privados, nada tiene que ver con el robo de combustible la distribución de marcas ajenas a las del Estado, por lo que transferir las ya conocidas arengas propagandísticas al terreno puramente comercial es tanto como criminalizar a la competencia y, por tanto, resulta desleal.
Más aún, ponen énfasis en que los productos comercializados bajo la marca Pemex no son precisamente de carácter nacional; esto porque, si bien se han hecho esfuerzos en esta administración por reducir las importaciones de combustibles, actualmente más de 60% de las gasolinas que vende la petrolera provienen precisamente del exterior.
Sin importar las dudas, la Dirección Corporativa de Pemex tiene contratados para la difusión de los spots de la campaña unos 25 millones de pesos en espacios mediáticos de alcance nacional, según el portal de transparencia y contrataciones de la empresa productiva del Estado.
En los registros también destacan los diferentes estudios de mercado que se contrataron para evaluar el impacto del slogan y la campaña entre la población, en cuyo diseño estuvo involucrada la agencia de publicidad Grupo HRMS, de Luis Eduardo Cervantes.
Pero el reclamo más grande de los gasolineros, en este marco en el que Pemex pareciera, aunque muy a su manera, querer competir, es la anulación del acuerdo A/057/2018 de la Comisión Reguladora de Energía ocurrido en los últimos días de 2019.
Dicho acuerdo permitía al órgano regulador establecer límites a Petróleos Mexicanos para ofrecer precios preferenciales en ventas de combustibles al mayoreo; es decir, ahora Pemex tendrá plena discrecionalidad para ofrecer descuentos a sus clientes, aún en detrimento de la rentabilidad de la otrora paraestatal.Anteriormente, la empresa que encabeza Romero Oropeza estaba obligada a hacer públicos sus costos en logística y a poner a aprobación de la CRE su operación de mercado, con el objetivo de evitar prácticas anticompetitivas que, en el nuevo contexto, parece que ser lo normal.
Así la publicidad de Pemex en los tiempos de la 4T. Y en la CFE, ahí viene también…
Impuestos a casinos (II)
Ya le hemos comentado aquí que existe una gran preocupación por parte de varios legisladores en torno a la modificación de los lineamientos fiscales sobre los impuestos a juegos y sorteos, pues ciertamente hoy en día estos presentan un verdadero desorden tributario.
Por ejemplo, en 2020, en por lo menos cuatro estados (Baja California, Puebla, Sonora y Ciudad de México) se impusieron e incrementaron los impuestos a las empresas autorizadas para efectuar apuestas, mientras que muchas plataformas en línea funcionan sin restricción alguna.
Un ejemplo de ello son las iniciativas que presentó el senador Cruz Pérez Cuéllar el pasado julio de 2019 que buscan un reordenamiento y una clarificación recaudatoria al modificar las Leyes de Coordinación Fiscal y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Y es que la falta de regulación para el juego en internet implica que un sinnúmero de casas de apuesta no paguen impuestos, lo que deriva en dos cosas principalmente: primero, que existe una pérdida millonaria en cuanto a la recaudación federal; y por otro lado incentiva una competencia desleal hacia las casas de apuesta que se encuentran reguladas ante la Secretaría de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero. Será un tema que estará a discusión en el Legislativo en los próximos días.
Twitter: @MarioMal