La ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien hizo historia al colocarse como la primera mujer en encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llegó al máximo cargo del Poder Judicial de la Federación (PJF) con la convicción de defender su autonomía e independencia, en un contexto de polarización política y social; sin embargo, su falta de experiencia en cargos de alto nivel y su temperamento explosivo la hicieron caer en la trampa de la 4T: las “fuercitas” que la ministra presidenta quiso jugar con el Ejecutivo y Legislativo derivarán en la extinción de los fideicomisos del PJF y un recorte de por lo menos 20 mil millones de pesos para el próximo año; y se podría poner peor si tras las elecciones del 2024 Morena y sus aliados obtienen la mayoría calificada en el Congreso federal para que a los ministros y ministras sean elegidos por voto popular.
Norma Piña va a pasar a la posteridad no solo por “romper el techo de cristal” de la Corte, sino como la ministra presidenta responsable de permitir que se debilite la estructura del Poder Judicial de la Federación, por lo menos en el formato en el que la conocemos hasta nuestros días y que ha funcionado mayoritariamente bien, siendo un contrapeso y un equilibrio de los otros poderes, pero sin llegar al punto del enfrentamiento.
La responsabilidad de la también titular del Consejo de la Judicatura Federal, señalada incluso por sus colaboradores, radica en su intransigencia y en su rechazo a negociar y buscar acuerdos con los otros Poderes de la Unión, los cuales la tienen contra las cuerdas y a punto de quitarle una bolsa de recursos superior a los 15 mil 400 millones de pesos, que garantizaban principalmente prestaciones laborales para los más de 45 mil trabajadores de los tribunales y juzgados.
La extinción de 13 de los 14 fideicomisos que administra el Poder Judicial de la Federación es un tema que ya está incluido en el orden del día en la siguiente sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto, programada para el 10 de octubre. Sorprendentemente, ni los representantes de los partidos de oposición parecen decididos a bloquear la iniciativa, pues aunque el PAN ha intentado controvertirla en sesiones pasadas, hasta el momento nadie ha solicitado su retiro.
El cabildeo preventivo de la Corte con las diversas fuerzas políticas ha sido prácticamente nulo; la única reunión prometedora que tuvo la ministra presidenta fue con el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, pero los puentes que se tendieron con el también aspirante a gobernar Puebla ahora mismo son intrascendentes, pues fue el legislador quien presentó e impulsa la propuesta de extinguir los fideicomisos, por una orden directa de Palacio Nacional.
A este errático accionar de la ministra Norma Piña y su equipo se suma que Morena cuenta con suficientes argumentos para determinar que el manejo de los fideicomisos ha sido irregular. En este espacio revelamos las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha venido realizando sobre la acumulación de recursos en fideicomisos que no se están utilizando para cumplir con su objetivo original. Las prestaciones que estos deben cubrir, asegura el órgano de David Colmenares, se resuelven regularmente con el gasto corriente.
De esta manera, se obtiene que de enero a junio del presente año la administración de Norma Piña ha logrado sumar a sus fideicomisos la nada despreciable cantidad de mil millones de pesos para colocarlos en una cifra de ahorro total de 21 mil 554 millones. En ese mismo periodo el gasto o la inversión de esos recursos en prestaciones médicas, de pensiones o de mantenimiento de viviendas es marginal, por lo que o no se brinda cobertura a esas prestaciones o se cubren con otras fuentes de recursos.
Dicha irregularidad no es exclusiva del periodo de Norma Piña; incurrieron en ella los ministros Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar y muchos de los que fueron ocupando la presidencia en la Corte. Así se fue creando esta gran bolsa que muy seguramente -por lo menos en tres de sus cuartas partes- pasará a la Tesorería de la Federación. Tan sólo se respetará el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que guarda en la actualidad unos 6 mil 100 millones de pesos.
La clave de las administraciones anteriores en el Consejo de la Judicatura Federal para mantener ese ahorro que se reportaba permanentemente en el Diario Oficial de la Federación fue siempre el diálogo, tanto con el Poder Ejecutivo como con el Legislativo y hasta con la Auditoría Superior de la Federación, con quien Zaldívar, por ejemplo, tenía muy buena relación a través de su contralora Arely Gómez. Ese diálogo y cabildeo simplemente se canceló, y se sustituyó por un estilo que privilegió siempre el conflicto.
En el Poder Judicial, en todos lo niveles, l@s ministros, consejer@s, magistrad@s, jueces y juezas, tienen sentimientos encontrados sobre la posición de la plenipotenciaria presidenta de la Corte y del CJF; much@s piensan que los excesos a los que ha llegado para defender la independencia y autonomía han provocado una ruptura difícil de componer, por lo que su futuro y su seguridad son cada vez más inciertos.
@MarioMal
