La madrugada del 3 de julio, Samuel, su amiga Andrea y otros más acababan de salir de la discoteca Riazor. Según han narrado los testigos de los hechos, el joven se encontraba realizando una videollamada cuando otros muchachos pasaron frente a él y pensaron que los estaba grabando. Lo increparon por ello y le dijeron que parara. Le dieron un puñetazo en la cara y luego vino la lluvia de más golpes y patadas. Al grito de “maricón de mierda” de los energúmenos violentos, Samuel perdió la conciencia y en la ambulancia que lo llevaba al hospital, falleció.
En un tuit, Andrea escribió “Lo han matado por su orientación sexual. Tenía 24 años. Si visteis algo, por favor contactad conmigo. #justiciaparaSamuel”. Y así, la etiqueta #justiciaparaSamuel se viralizó por toda España (y más allá de sus fronteras). Con pancartas con las frases “Nos están matando” y “Lo que te llaman mientras te matan importa”, salieron miles de personas a algunas de las principales plazas públicas del país para exigir justicia contra un crimen claramente homófobo. Sin embargo, y después de detener a tres sospechosos, la policía todavía no declara que el motivo del asesinato hayan sido realmente homofobia.
La reciente y controvertida ley húngara que atenta contra las libertades de las personas homosexuales, las “zonas libres de personas LGBT” en Polonia, la criminalización de la homosexualidad en Rusia, entre otras medidas retrógradas, reflejan la preocupante situación que el colectivo vive en el viejo continente, a pesar de las presiones de los países miembros de la Unión Europea, o de otros organismos internacionales.
Hasta hace pocos años, en América, Brasil lideraba la lista de países homófobos, seguido de México. En nuestro país existe el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, y emite un informe detallado, con los datos que puede recabar, acerca de los crímenes de los cuales son objeto las personas del colectivo. En su documento del 2020, el Observatorio hace una aclaración muy importante acerca de estas acciones violentas e ilícitas: no son reconocidos legalmente como crímenes de odio, como sí lo es el feminicidio, y tampoco tienen parámetros que los midan y son difícilmente registrados por su propia naturaleza, por lo que no se investigan como se debiera y tampoco se sancionan.
Con este organismo han colaborado apenas diez entidades del país en la elaboración del registro presentado. Cuentan con datos a partir del 2014, y aclaran que es muy probable que por cada caso contabilizado, existan otros tres sin conocer. Dice el documento: “En la plataforma del Observatorio al 17 de mayo de 2020 se tienen registrados 209 casos (…): 25 en lo que va del año, 75 durante el 2019, 36 en el 2018, 25 en 2017, 12 en 2016, 23 en 2015 y 13 en 2014” (Migueles, 2020, p. 19).
De todos estos casos, Veracruz se va a la cabeza con 49 de los registros, le sigue Chihuahua con 37, 28 son de Michoacán, 22 de Guerrero, 18 de Puebla, 14 de Coahuila, 13 de la CDMX, 12 de Nuevo León, 10 de Jalisco y 6 de Baja California (Migueles, 2020, p. 20). Todo el informe puede consultarse aquí: http://www.fundacionarcoiris.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Observatorio-2020.pdf
Apenas días después de que terminara el Mes del Orgullo, y de que se llevaran a cabo marchas en muchos países alrededor del mundo para reivindicar los derechos de las personas LGBT+, la realidad nos pega otra vez en la cara para darnos cuenta de que la realidad sigue siendo difícil de enfrentar cuando no se vive dentro de la heteronormatividad, y no por no adecuarse a los viejos estándares, sino porque a otros simplemente no les gusta como eres.
Migueles, P. (2020). Informe 2020 Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT. Recuperado de http://www.fundacionarcoiris.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Observatorio-2020.pdf
