De no haber cambios de último momento en la agenda del Senado, el proceso legislativo del llamado Plan B de la reforma electoral concluirá el próximo miércoles 22 de febrero seguramente con la aprobación de la mayoría de Morena, el PT y el Partido Verde. 

El senador Ricardo Monreal, líder de la fracción mayoritaria y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) confirma que el proyecto de reformas a cuatro leyes electorales ordinarias turnado hace diez días a comisiones, empezará a discutirse mañana lunes 20 de febrero a las cinco de la tarde para que ese mismo día se dictamine.  

Si se aprueba o se rechaza se turnará al pleno para que el martes 21 de febrero se le dé primera lectura y el miércoles 22 de febrero, tras la segunda lectura, se deliberará, se votará y se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. 

De ser este último el caso, ni duda cabe que el Plan B será impugnado por su presunta inconstitucionalidad o controversia con un organismo autónomo ante la Suprema Corte, que tendrá la prerrogativa, que seguramente ejercerá, de suspender la vigencia de las reformas hasta que resuelva el fondo del asunto. 

Resolución ésta que habrá de tomar el tribunal constitucional con el tiempo encima, pues se tiene para junio próximo la crucial elección en el Estado de México y para finales del año el arranque del proceso electoral de las presidenciales de 2024. 

Cabe recordar que el gobierno de AMLO propuso primero una reforma constitucional (electoral y política) que no alcanzó en la Cámara de Diputados la mayoría calificada y fue desechada el pasado 6 de diciembre (269 votos a favor, 225 en contra y una abstención). 

Esa reforma constitucional proponía desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) para dar paso a un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) con eliminación de facultades para integrar y resguardar el padrón electoral y reducir de 11 a 7 sus consejeros integrantes, además de eliminar los 32 tribunales electorales de los estados.  

También planteaba que consejeros y magistrados electorales se sometieran –como candidatos en elecciones– a procesos electorales con gastos de campaña y propagada, además, en su vertiente política, reducir a 200 legisladores la integración de la Cámara de Diputados, a 32 la de Senadores y modificar la forma de elección para que todos los integrantes del Congreso fueran electos por la vía de la representación proporcional. 

Asimismo, proponía eliminar el financiamiento público ordinario de los partidos político (solo lo habría en los años electorales), de manera que únicamente pudieran fondear sus actividades con recursos privados.

El plan B

Desechada la propuesta de reforma constitucional, el gobierno de López Obrador planteó de manera inmediata una iniciativa de reformas a leyes electorales secundarias (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Partidos Políticos, Ley de Medios de Impugnación y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 

La iniciativa plantea entre otras cosas:  

1. La reducción de las estructuras administrativas del INE y la eliminación de sus fideicomisos, con un recorte presupuestal equivalente a los tres mil 605 millones de pesos.      

2. La reducción de los salarios de los consejeros electorales de manera que no rebasen el del presidente de la República. 

3.  Recalcular los tabuladores de 18 mil trabajadores del INE y de organismos locales electorales. 

4. La compactación de la estructura orgánica del INE y de los organismos públicos locales (OPLES). 

5. Realizar cambios a los procesos de organización electoral, sin modificar las facultades del INE para integrar el padrón electoral y lista nominal de electores. 

6. Unificar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección que empezará el mismo día de los comicios. 

7. Eliminar la Junta General Ejecutiva del INE y en su lugar crear una especie de Comisión de Administración con cinco consejeros electorales. 

8. Ajustar los cambios en la estructura del INE al presupuesto ya aprobado, sin que se otorguen recursos adicionales. 

9. Eliminar dos salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que no entraron en funciones que, a la postre, serán absorbidas por la Sala Superior.  

10. Permitir que partidos coaligados se puedan distribuir votos para garantizar el 3% de los sufragios requeridos para mantener el registro (la llamada “cláusula de la vida eterna” que incorporaron a la iniciativa en PVEM y el PT, y que ya no transitó en la Cámara de Diputados, pero que podría reactivarse en los debates que iniciarán esta semana en el Senado). 

Y 11. Permitir a los partidos políticos el uso de remanentes de sus recursos públicos y privados para financiar elecciones subsecuentes. 

El 25 de enero pasado el INE entregó a los integrantes de su Consejo General un análisis detallado de todas esas propuestas y focalizó los riesgos que podrían generar “por la ausencia de una deliberación informada sobre su contenido y la carencia de un diagnóstico objetivo sobre las fortalezas y necesidades del modelo electoral vigente”, por lo que los cambios en marcha “implican consecuencias indeseables para la celebración de elecciones que sean, como mandata la Constitución, libres y auténticas”. 

En términos simples, están confrontadas dos posiciones: la que apela a la austeridad en un modelo electoral que es tan caro como la histórica desconfianza en esos procesos y la que vislumbra un debilitamiento del INE tendiente a que el gobierno tome el control de los procesos electorales, lo que dicho sea de paso, lo arrebataría a quienes hoy lo tienen. 

Sería injusto no reconocer que quienes avalan la segunda de estas posiciones, defienden la creación de instituciones que fueron aprobadas en su mayoría con el consenso de todos los actores político, que son muy costosas, sí, pero que han permitido a lo largo de poco más de dos décadas, “la renovación pacífica y periódica de los poderes a través del voto libre y secreto”. 

Aunque fue por esa vía que AMLO llegó al poder, es obvio que no puede estar de acuerdo con la totalidad del aserto pues alegó fraude electoral en 2006 y la compra de la elección en 2012. 

Pero también es obvio que las reformas planteadas por el Plan B afectan -de acuerdo con el análisis del INE-, su autonomía, la estructura territorial de sus órganos ejecutivos en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas; los procedimientos de capacitación y organización electoral que están en la base del ejercicio del sufragio y el conteo escrupuloso de votos; la fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, el cumplimiento de las obligaciones de los partidos, los derechos laborales de quienes integran el servicio profesional electoral nacional y la rama administrativa de los Organismos Públicos Locales, así como el respeto al pacto federal y la libre configuración legislativa de las entidades federativas. 

La perspectiva es que el Plan B quede aprobado esta semana por el Congreso, pero que las impugnaciones a que dará lugar deberán someterse a la última palabra de la Suprema Corte. Varios constitucionalistas consultados por esta columna ven en ello una reforma antidemocrática e inconstitucional pues detectan en ella al menos veinte violaciones a la Carta Magna.  

Por encima de ella no puede estar ninguna ley secundaria y cabe recuperar aquí el epígrafe atribuido al prócer liberal Ignacio Luis Vallarta, padre de la Ley de Amparo en el entramado normativo de nuestro país, y al que recurrió el abogado Federico Ponce Rojas en su columna de ayer sábado: “La Constitución gobierna al legislador, así como al ciudadano común y, al ser suprema, no puede ser modificada por otra ley; de tal manera que cuando una ley contravenga a la Constitución, ésta puede ser anulada por los tribunales”. 

Ya veremos. 

Instantáneas 

1. VA LA TÓMBOLA. Como le planteaba aquí el pasado 22 de enero, todo se encamina a que la designación del nuevo presidente del INE y de otros tres consejeros electorales se dirima mediante la insaculación, es decir, una especie de tómbola. El pasado jueves 16 de febrero, la fracción mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados impuso a los tres perfiles que le corresponden a esa instancia para integrar el Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a esos cargos. Aunque se hablaba de un posible acuerdo con la coalición opositora Va por México (PAN-PRI-PRD) de incluir a algún especialista cercano a esos partidos, Morena optó por el columnista de La Jornada, Enrique Galván Ochoa, el abogado Andrés García Repper y la ex administradora de la Guardia Nacional, Evangelina Hernández. Ellos se sumarán a los propuestos por la CNDH: Ernesto Isunza Vera del CIESAS y Araceli Mondragón González de la UNAM; y a los del INAI: el doctor en Derecho, Sergio López Ayón y la analista política María Esther Azuela. De la evaluación de perfiles que hagan todos ellos surgirán las quintetas para presidente del INE y tres consejeros electorales que el pleno de la Cámara de Diputados deberá avalar con votación calificada. Ésta difícilmente se alcanzará si los aspirantes son cercanos a la 4T, por lo que deberá pasarse a la insaculación. Así está previsto en la ley. 

2. EN EL RADAR. Dos asuntos, indudablemente, deberá estar en el radar de la opinión pública la semana que inicia. El veredicto del juicio contra Genaro García Luna cuyo jurado reanudará deliberaciones el próximo martes y el camino que tome el creciente escándalo del plagio de la tesis de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel; luego de que la jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga (autónoma como todos los juzgadores pero políticamente subordinada a una de las integrantes del más alto tribunal del país), ordenara el pasado jueves 16 de febrero a la UNAM dejar de informar sobre ese proceso de plagio para no violar su derecho a la presunción de inocencia. 

3. AHORA EN QUINTANA ROO. Sin tomar en cuenta el fracaso de iniciativas similares en la CDMX y el Edomex, el Congreso de Quintana Roo está empeñado en aprobar una reforma que derivará en violaciones a los derechos humanos de los miles de repartidores de plataformas electrónicas en ese estado. Además de cobrarles un impuesto de 2% sobre cada pedido, se pretende obligarles a asociarse a algún sindicato para poder trabajar y tener que pedir y pagar permiso para ejercer su derecho al trabajo. ¿No habían quedado atrás las prácticas del sindicalismo charro? Los principales impulsores de este proyecto son el  diputado local José María Chacón, presidente de la Comisión de Movilidad, y el titular del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcázar. La votación del dictamen se pospuso para la semana que está por iniciar.

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