Han rodado las primeras cabezas por el asesinato presumiblemente a manos de policías de Guerrero del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Gómez Peralta y la crisis de violencia que desató ese homicidio ocurrido el 7 de marzo, y la de inseguridad que se disparó tras el embate del huracán Otis el 25 de octubre anterior, en un estado con fuerte presencia de cárteles de la droga y en el contexto de un polarizado proceso electoral federal.
La gobernadora Evelyn Salgado informó ayer en la tarde que recibió y aceptó las renuncias del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y del secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera. También dio a conocer en un videomensaje que inició el procedimiento administrativo y jurídico para sustituir a la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, cuya remoción ya le fue notificada a ella y al congreso local.
Valdovinos Salmerón, por lo visto la principal responsable de la crisis generada por su torpe gestión en la investigación del homicidio del joven normalista, se aferra al cargo. Al menos eso deja ver en el comunicado en el que acusó recibo del planteamiento de remoción hecho por la gobernadora y en el que alega que su destitución es decisión del congreso estatal y se resiste a ser removida no obstante el riesgo de más protestas violentas. Habrá que ver lo que dice al hacer uso —como adelantó— de su derecho de audiencia y legítima defensa ante el Congreso estatal.
Pero vayamos por partes.
Ludwig Marcial Reynoso ocupaba la secretaría general de Gobierno desde el inicio del mandato de la gobernadora en diciembre de 2021. Forma parte del equipo más cercano de su padre, Félix Salgado Macedonio, de quien fue su secretario general del ayuntamiento cuando éste gobernó Acapulco en 2005 y años después su senador suplente.
Fue sustituido anoche y quedó como encargada del despacho la doctora en derecho Anacleta López Vega, quien se venía desempeñando como subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos quien fuera parte de la terna presentada por la gobernadora Salgado para ser la fiscal General del estado, pero que fue rechazada por el Congreso local.
El hasta ayer secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, es general brigadier del Ejército y apenas había tomado posesión el pasado 25 de enero en sustitución del capitán de la Marina, Evelio Méndez Gómez, quien dejó el cargo desgastado por la crisis de inseguridad propiciada por al menos 16 grupos delincuenciales operando en siete de las ocho regiones del estado.
La fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón es una abogada de formación militar (alcanzó el rango de teniente coronel) que ya había presentado una solicitud de licencia para dejar el cargo por seis meses, sin goce de sueldo, por motivos personales que no especificó. Al no recibir respuesta del congreso local, retiró la solicitud dos semanas después para continuar en el cargo, al que arribó sin ser propuesta de la gobernadora Salgado (cuya terna fue rechazada) y electa por unanimidad de la legislatura estatal de entre 44 aspirantes inscritos.
Hasta donde se sabe ahora, la falta de coordinación de la fiscal Valdovinos Salmerón con las secretarías de Seguridad y General de Gobierno fue la que dio lugar, primero, a una versión de los hechos que revictimizó al joven asesinado (al sugerirse que él disparó primero incluso filtrando el contenido de supuestos periciales forenses que daban positivo al uso de pólvora en el cadáver del normalista, lo que el propio AMLO se encargó de desmentir al señalar que fue ejecutado, víctima de abuso de autoridad ); y, después, a la fuga del policía que le disparó y que aún sigue prófugo.
Horas después de ocurridos los hechos, a las 7:30 de la mañana del ocho de marzo, los tres policías estatales presuntamente involucrados rindieron su declaración ministerial, confirmó la secretaría de Seguridad. Pero la Fiscalía no los retuvo las 48 horas que podía hacerlo de acuerdo con sus facultades ni solicitó ampliación del término ni mucho menos órdenes de aprehensión. Eso abrió la puerta de escape al policía que disparó, lo que también fue informado por López Obrador en la “mañanera” y mereció una fuerte recriminación a la fiscal de la gobernadora Salgado.
El descuido de la fiscal no solo había complicado las investigaciones, sino abonado a la irritación de los normalistas de Ayotzinapa que, al enterarse de la fuga del policía, vandalizaron sus oficinas en Chilpancingo y exigieron su destitución, un reclamo completamente justificado ante su incompetencia y descuido.
Omisiones similares a las cometidas semanas antes con los ataques contra el transporte público de la capital guerrerense y otros hechos delictivos que afectaron y paralizaron también a Acapulco, y Taxco.
Al hacer el anuncio de estas renuncias, Evelyn Salgado dijo que su gobierno abona en todo momento a una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia, señalamiento que más tarde mereció que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, considerara que la decisión de aceptar renuncias de integrantes prominentes de su gabinete son “determinaciones valientes” de la gobernadora a la que reiteró todo el apoyo del gobierno federal y atajó la demanda político electorera de una desaparición de poderes en el Estado, que ya plantean algunos diputados y senadores del PAN de acuerdo con lo exigido por el artículo 76 constitucional.
¿Hay razones para desaparecer poderes en Guerrero?
Es inocultable que la situación en el estado es crítica en términos de inseguridad y de violencia. Pero habría que empezar por preguntarse cuáles son las razones por las que el Senado (único facultado para hacerlo según la fracción quinta del referido artículo de la Constitución) puede desaparecer los poderes de un estado.
La ley reglamentaria de ese artículo constitucional es más exhaustiva al respecto: cuando los titulares de los poderes constitucionales quebranten los principios del régimen federal, abandonen el ejercicio de sus funciones sin causa de fuerza mayor de por medio, estuvieren imposibilitados de ejercer el cargo por razones físicas o conflictos por ellos mismos causados o propiciados y que impidan la vigencia del orden jurídico, prorrogaren su permanencia en el cargo después de fenecido su período o adoptaren una forma de gobierno distinta a la fijada por la Constitución.
De haber declaratoria de desaparición de poderes, el presidente de la República presentaría dentro de los tres días siguientes la terna de la que el Congreso de la Unión elegiría a un gobernador provisional. Si el Ejecutivo federal no lo hiciere, entonces el Senado presentaría la terna para la elección del mandatario provisional que deberá convocar a más tardar en tres meses a elecciones de gobernador y de legisladores locales, proceso que no deberá rebasar los seis meses.
No se ve que en el actual caso de Guerrero y su gobernadora apliquen estas causales. Evelyn Salgado ha plantado cara a los problemas del complejo estado que gobierna y tomado, por lo pronto, una decisión que se espera que pronto se vea reflejada en una investigación justa e imparcial del asesinato del normalista Yanqui Gómez Peralta.
En nuestro país ha procedido la desaparición de poderes en 48 ocasiones, siendo la última vez el año de 1975 en el estado de Hidalgo, cuando se acusó a los poderes de la entidad de violaciones a los derechos humanos. De esa 48 declaratorias de desaparición de poderes cuatro han sido en Guanajuato.
Durante los últimos diez años se solicitó en dos ocasiones: En Oaxaca, cuando la insurrección social durante el gobierno del priista Ulises Ruiz (2006) y en Guerrero, cuando la desaparición de los 43 de Ayotzinapa (2014), caso, por cierto, completamente ajeno al actual.
En ambos casos el Senado determinó que la desaparición de poderes solo podrá declararse cuando los tres poderes de una entidad hayan desaparecido.
Lo que hoy por hoy es claro es que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón se rebela sin importarle que es justamente su incapacidad la que ha colocado a Guerrero en su actual situación de violencia y que claramente podría escalar atizada por los intereses políticos electorales que se dirimen de cara a los comicios del próximo dos de junio.
