Las democracias se consolidan en la transparencia y el nuevo decreto que oculta de la vista pública las obras de infraestructura icónicas de este gobierno, calificándolas como “seguridad nacional”, significa un atentado a uno de los pilares de la democracia: el acceso a la información, que es un derecho que le asiste a cualquier mexicano.

Es incomprensible que el gobierno que tiene como bandera la lucha contra la corrupción genere las condiciones de opacidad que podrían estimular la realización de acciones constitutivas de abuso y fraude, al tratarse de proyectos muy complejos, muy técnicos y de altísimo presupuesto.

Este decreto, -o acuerdo, como lo define el presidente de la república-, publicado en el Diario Oficial de la Federación blinda los proyectos gubernamentales con opacidad, “en lo oscurito”, posiblemente durante cinco años, como lo indica la Ley Federal de Transparencia en su artículo 99, pudiendo extenderse por otros cinco más de forma discrecional, lo cual protege de la fiscalización de los próximos gobiernos de la república cualquier acto que pudiera considerarse inmoral, no ético o constitutivo de delito.

El combate a la corrupción no se debe sustentar en las buenas intenciones de los funcionarios y proveedores del gobierno, -ni en sus valores morales-, sino que se construye sistemáticamente, instrumentando acciones que imposibiliten la realización de acciones delictivas. Frente al arca abierta, hasta el justo peca.

En lugar de tratar de convencer a todo México de los beneficios, -que según el punto de vista gubernamental aportarán estas obras al desarrollo de México-, se optó por la censura, cerrando al escrutinio público la construcción de estas obras, con lo cual de forma innecesaria se generan sospechas.

En este mundo contemporáneo, -regido por las percepciones-, es peligroso para un gobierno democrático recurrir a la censura, que es a lo que equivale este decreto o acuerdo.

Sin embargo, ante la polarización que ha generado este acuerdo administrativo, la narrativa del presidente se ha orientado a justificar su planteamiento como una medida simple y llana para evitar que algunos jueces otorguen a “sus adversarios” recursos jurídicos y amparos para frenar las obras, así como para obviar permisos que debiesen ser otorgados con celeridad por las autoridades. Sin embargo, ¿Qué autoridad federal o estatal podría oponerse a los deseos personales del presidente?

Aún concediendo que este recurso presidencial hubiese estado motivado por un deseo auténtico de agilizar las obras evitando bloqueos jurídicos o administrativos, la verdad es que como consecuencia también serviría para ocultar aspectos financieros como lo sería el incremento del costo total de las obras, generado por un mal cálculo inicial, lo cual termina estando por encima del presupuesto autorizado por el Congreso.

Además, ya metidos en la oportunidad que brinda la opacidad, si la información sobre las obras se vuelve restringida, no es descabellado suponer que surgiría el riesgo de abrir la puerta a acciones que pudieran ser constitutivas de corrupción por parte de proveedores y funcionarios de rango menor.

Definitivamente, la transparencia es un efectivo recurso operativo para desestimular la corrupción y la opacidad logra lo contrario: la impulsa.

LORETTA

Bien lo dijo Bernardo Bátiz en su comparecencia en busca de un lugar en la SCJN: difícilmente los miembros de una terna propuesta por el presidente de la república no serán cercanos a él.

Este es un problema de sistema, pues la terna no debiese ser propuesta por el presidente en turno, -como siempre ha sido-, pues la mayor parte de las controversias que la SCJN tendrá que definir serán en relación con acciones del Poder Ejecutivo.

Debiese ser la misma SCJN quien defina la terna, en respeto a su propia autonomía como parte de uno de los tres poderes de la unión, -que es el Poder Judicial-, y esta sea enviada al Senado.

Sin embargo, el contexto actual nos remite a tener que aceptar que en la práctica, la autonomía absoluta de cada ministro se obtiene después de que el presidente que le impulsó deje el cargo.

En un país diferente al nuestro, -principalmente los de cultura sajona, nórdica o latina europea-, aún teniendo vinculación cercana con el presidente, todos los ministros podrían tener autonomía de gestión. Sin embargo, esta dependencia es un asunto de idiosincrasia.

Debemos reconocer que un valor de la cultura mexicana, -insertado en nuestra idiosincrasia-, es la lealtad que se deriva de la amistad, o de la reciprocidad de favores. Esto enaltece a la mexicanidad, pero en el ámbito de la política y la gobernanza se convierte en un lastre. En la política mexicana pesa más el compromiso que nace de la amistad personal, que el compromiso con el país o la sociedad.

Muy lejano a nosotros ya está ese acto heroico que se le adjudica al insurgente Nicolás Bravo, quien como parte del grupo de oficiales cercano a Morelos prefirió sacrificar la vida de su padre, -de nombre Leonardo Bravo-, cuando este, que también era militar insurgente, fue apresado por el virrey Venegas y ofrecido en intercambio a su hijo Nicolás, siempre y cuando Nicolás abandonase definitivamente al ejército de Morelos. Leonardo Bravo fue fusilado, pues según las palabras de su hijo, “la patria es primero”.

Hoy, antes que la patria y los compromisos con la ciudadanía están los amigos, a quienes se protege cuando infringen la ley.

Por tanto, tendremos que esperar a que la nueva ministra Loretta Ortiz Ahlf asuma sus funciones constitucionales para saber de qué tamaño es su compromiso con México y con la Constitución, aún en contra de los deseos o expectativas del presidente de la república.

EL RETO DE BANXICO

La altísima posibilidad de que la subsecretaria de la SHCP Victoria Rodríguez Ceja se convierta en la próxima gobernadora del Banco de México es de suma relevancia.
Quizá ella no tiene la trayectoria y reconocimiento internacional que tuvieron Agustín Carstens, Miguel Mancera, Guillermo Ortiz, Alejandro Díaz de León y otros que con su reconocimiento profesional dieron certeza y estabilidad a nuestra moneda.

Sin embargo, lo que más pesa en su contra es la posibilidad de que a ella no haga honor a la autonomía absoluta que como institución hoy tiene Banxico, además de la falta de trayectoria profesional en el mismo banco, como sí la han tenido sus antecesores.
Muy atinadamente ella grabó un mensaje que se ha transmitido en noticieros de televisión y otros medios, donde se compromete a proteger las reservas internacionales y velar por la independencia de la institución.

Sin embargo, poco se ha hablado de la función que también cubre Banxico generando indicadores económicos que hasta hoy no coinciden con los datos que difunde el actual el gobierno federal. Esto hoy es posible gracias a su total independencia y por ello pone en evidencia la inexactitud de los “otros datos”.

La credibilidad de los indicadores económicos de Banxico genera certeza para los inversionistas nacionales y extranjeros en su toma de decisiones, así como confianza ante la comunidad internacional.

En contraste, simplemente con tener la posibilidad de que los indicadores económicos del Banco de México se alineen con los deseos optimistas y triunfalistas que genera el actual gobierno, se podrá vender al pueblo de México la esperanza de un futuro mejor y pedirle paciencia para que la supuesta bonanza llegue a los bolsillos y a la mesa de todas las familias mexicanas. Con esto, las posibilidades de triunfo en las siguientes elecciones aumentarían considerablemente, pues las ganas de creer del pueblo de México son infinitas y su paciencia no tiene límite frente a un líder carismático que le acostumbra decir lo que quiere oír.

La alineación de los indicadores de Banxico, -respecto al comportamiento de nuestra economía-, con los datos que favorecen al gobierno federal, generaría una percepción de eficiencia y eficacia de la política económica, lo cual es capitalizable electoralmente.
Por tanto, es mucho lo que se juega el país con el próximo nombramiento del gobernador, o gobernadora de Banxico.

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