El domingo 5 de junio de 2016 se celebraron comicios para gobernador en el estado de Chihuahua. Meses antes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría transferido 275 millones de pesos al gobernador César Duarte Jáquez, con el probable propósito de financiar la campaña de su partido, el Revolucionario Institucional.
Así lo habría confesado Jaime Ramón Herrera Corral, ex secretario de Finanzas de esa entidad. Su testimonio sirvió para rastrear una de las muchas operaciones de financiamiento ilícito que el partido tricolor recibió del tesoro federal durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Un actor clave en esta operación fue presuntamente Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entonces alto funcionario nacional de esa fuerza política.
Según Herrera Corral, otro actor principal fue Alonso Isaac Gamboa Lozano, quien en 2016 se desempeñaba como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP.
Este hombre, asesinado el jueves de la semana pasada, durante el primer semestre de 2016 habría recibido instrucciones de su jefe, Luis Videgaray Caso, para firmar un supuesto convenio de “Fortalecimiento Financiero,” a favor del tesoro estatal de Chihuahua, mediante el cual se transfirieron los 275 millones de pesos que habrían sido invertidos en las elecciones de aquel mismo año.
A pesar de esta operación, y otras tantas que se realizaron por parte del gobierno de Duarte con el mismo propósito, el PRI perdió esos comicios.
De otra forma no habría sido denunciado ni tampoco investigado este acto de corrupción política.
El proceso judicial emprendido en 2017, por la nueva fiscalía estatal de Chihuahua, topó muy rápido con pared. Cuando el fiscal César Peniche procedió a citar a Alonso Isaac Gamboa Lozano para que rindiera declaración sobre este expediente, la Secretaría de Hacienda castigó al gobierno de Chihuahua reteniendo recursos por más de 700 millones de pesos.
Así de importante era el silencio de Gamboa Lozano. Si este funcionario acudía ante la autoridad ministerial terminaría exhibiendo como principal cerebro de la operación a Luis Videgaray, brazo derecho del presidente Peña Nieto.
Este relato da contexto para revisar los motivos que podrían estar detrás del asesinato de Alonso Isaac Gamboa Lozano.
El pasado jueves 21 de mayo, a las 16 horas, a un costado de la Autopista del Sol, un grupo armado disparó contra tres hombres y dos mujeres, entre los que se encontraba este funcionario clave de la operación Chihuahua.
La investigación sobre este asesinato está actualmente en manos la Fiscalía Estatal de Morelos y cabe temer que pronto se le dará carpetazo, como se hace con la mayoría de hechos de sangre montados para que parezcan ajuste de cuentas entre narcotraficantes.
Como declaró el fiscal de Chihuahua, César Peniche, Gamboa Lozano se llevó de este mundo secretos y pruebas que habrían incriminado en actos de fraude electoral y peculado al círculo más próximo del ex presidente Peña Nieto.
La muerte de González Lozano asegura impunidad para demasiada gente: ayuda en su causa a César Duarte, a Gutiérrez Gutiérrez, a Luis Videgaray, y al resto de políticos y burócratas de alto nivel que, durante el sexenio previo, dispersaron recursos abundantes del contribuyente para financiar campañas políticas y abultar patrimonios privados.
Si la justicia fuese un asunto serio este asesinato tendría que ser investigado con rigor por, al menos, tres dependencias de la Fiscalía General de la República: la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especial para Delitos Electorales.
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La impunidad es un mal que se conjura dentro de los tribunales, y crece sin contención cuando se le enfrenta fuera de ellos.
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