María Isabel Miranda Torres presentó una nueva denuncia por secuestro infiriendo que Salvador Leyva Morelos Zaragoza, titular de la unidad antitortura del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y este periodista podríamos estar relacionados con el ilícito.
El jueves de la semana pasada, a partir de una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) se abrió la carpeta de investigación FED/SIEDO/UEIDMS-CDMX/2020. Horas después Isabel Miranda envió un comunicado a los medios informando sobre los supuestos hechos:
“Los secuestradores de mi hijo y quienes los apoyan amenazan y cumplen. Acaban de liberar a mi abogado quien se encontraba secuestrado hasta hace unos momentos … (L)a delincuencia organizada en complicidad con diversos actores me vuelve a amedrentar … No creo en las casualidades ya que (sucedió) justo a un día de haber denunciado a (Salvador Leyva Morelos Zaragoza) … y al cobarde periodista (Ricardo Raphael, al que se le hacen) notar los lazos que tiene con los delincuentes.”
Isabel Miranda lleva 15 años fabricando acusaciones y culpables. Esta reciente denuncia se parece mucho a otra que presentó hace seis años (PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014), la cual tenía también como propósito intimidar a sus adversarios.
Con el ánimo de corroborar el modus operandi de la señora Miranda, a lo largo del tiempo, vale la pena visitar aquel episodio:
El 31 de mayo de 2014 la periodista Anabel Hernández público en la revista Proceso (1960) una investigación, (El caso Wallace, más turbio que nunca), en la que se exhibió que el hijo de la señora Miranda, Hugo Alberto León Miranda, tenía varias identidades.
Hernández presentó ahí las actas de nacimiento, obtenidas en el registro civil, que revelaron irregularidades importantes del caso. Cinco años después, se confirmó verdadera aquella investigación: el hijo de la señora Miranda fue registrado primero como Hugo Alberto León Miranda, luego como Hugo Alberto Miranda Torres y finalmente como Hugo Alberto Wallace Miranda.
Enfurecida por el reportaje de Anabel Hernández, la señora Miranda acudió a la SIEDO para que se abriera una averiguación previa en contra de las personas que habían conseguido y publicado tal información.
El 13 de julio dos agentes de la SIEDO, sin ningún mandato legal, presentaron e interrogaron con violencia a Giel Meza, abogado de la organización En Vero, con el propósito de que confesara quién había proporcionado los documentos a la periodista. Cuento con la narración de Meza sobre los gritos y amenazas arrojados contra su persona, por Gualberto Ramírez, entonces fiscal anti-secuestros de la SIEDO.
También Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, en dos ocasiones fue conducida a la SIEDO. La última vez sufrió vejaciones reprobables: se le despojó de su vestimenta y Gualberto Ramírez la agredió verbalmente durante varias horas mientras preguntaba con insistencia sobre sus nexos con la periodista.
En agosto de 2014 Anabel Hernández envió una carta a la PGR denunciando represalias e intimidación derivadas del reportaje. En concreto reclamó que la unidad anti secuestros de la PGR, “de manera abusiva y fuera de su competencia” hubiese abierto una averiguación a petición de Isabel Miranda:
“Si la persona María Isabel Miranda considerara que se trata de un artículo difamatorio, la vía tendría que ser civil y no penal.”
Debo precisar aquí que solo Giel Meza y Enriqueta Cruz fueron conducidos con violencia para que declararan ante la SIEDO. Anabel Hernández jamás fue notificada ni citada a propósito de la averiguación previa referida.
En mi columna del jueves pasado fue incorrecto afirmar que ella fue detenida por Gualberto Ramírez. La autoridad de la PGR no se atrevió a meterse con Anabel Hernández y la carta de reclamo enviada a Laura Borbolla, entonces fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, bastó para que la respetaran.
ZOOM
A lo largo de su vida Isabel Miranda ha fabricado muchas denuncias para intimidar a quien ella califica como sus adversarios y la SIEDO ha sido cómplice sumisa de su voluntad.
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