Cabeza de un poder del Estado concebido para contener los excesos del Ejecutivo, la Corte vivió durante la última semana el mayor acoso al que haya sido sometida en la era moderna del país. Humillados, desautorizados, difamados, deshumanizados incluso —y lo peor, silenciados—, los 11 ministros del máximo tribunal parecen listos para asistir mañana a una sesión histórica, no por la agenda a desahogar, sino porque se someterán, otra vez, a sus verdugos.

El debate obligado en esta hora no es si la Corte debe o no, puede o no, erradicar de la Constitución disposiciones como la prisión preventiva oficiosa —por suponer una barbarie contra derechos humanos fundamentales o por oponerse a convenciones internacionales firmadas por México y que, por ello, tienen el mismo peso que nuestro texto constitucional. 

Lo que ocurrirá este lunes, según todas las previsiones, confirmará que el Poder Judicial federal —de los estatales ya ni hablamos— ha sido vaciado de poder. Y será inevitable recordar que hace 28 años, en 1994, una reforma de fondo buscó renovar un sistema impartidor de justicia podrido hasta la raíz.

Cualquier determinación para impedir que la Constitución avale la práctica de encarcelar y luego investigar (y tener hoy a decenas de miles de personas tras las rejas por años sin sentencia) necesitaría al menos ocho votos de 11 posibles, y para ello se requeriría dignidad de los ministros y ministras, un insumo que escasea en ese solar. 

Pero esta crisis no se reduce a este tema, sino que se extiende a prácticamente toda la agenda sobre la que se ha construido el proyecto de la autoproclamada cuarta transformación.

En estos mismos momentos se tramita en el Congreso —decir ‘se debate’ sería una concesión inmerecida a los legisladores— la aprobación de la ley para someter a la Guardia Nacional al mando de las fuerzas armadas. Una ley que no tuvo carácter preferente, como lo anunció Palacio, sino que vino acompañada simplemente de la orden de no debatirla en comisiones, no generar un esquema de parlamento abierto, no divulgarla entre la ciudadanía. Simplemente, llevarla al pleno para ser votada y desde luego, aprobada por la mayoría del oficialismo. El Poder Legislativo convertido en oficialía de partes. Un achichincle.

Se asume que esta nueva legislación tardará más en ser implementada que en resultar impugnada ante la propia Corte. Pero tendrá que formar fila, pues no ha existido disposición central del gobierno López Obrador que no enfrente ya toda la batería de las protestas jurídicas imaginables, se trate de controversias constitucionales, alegatos de inconstitucionalidad o una tormenta de amparos. Sin embargo, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, con lo ayuda de algunos colegas ujieres, se ha ocupado de meter al congelador estos reclamos para llevarlos al pleno en el momento oportuno; por ejemplo, después de que termine la actual administración. O nunca.

En el caso de la esperada resolución de la Corte sobre la prisión preventiva oficiosa, el ministro Zaldívar ha manifestado en forma reiterada que se opone a su existencia. Y lo ha hecho tanto y tan en público que este lunes podría solicitar ser disculpado de votar o ser llamado a no hacerlo, por su curioso desliz de anticipar criterio.

De toda suerte el escenario para esta resolución seguirá reflejando la hoguera de vanidades en que se consume la búsqueda de la nueva presidencia de la Corte, cuyo relevo será en enero próximo. Habrá ministros que arriesguen su voto o tengan un voto particular, lo que sea que les atraiga protagonismo, pero sin incomodar ni poner en riesgo el mandato desde Palacio. 

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