Una guerra intestina en la cooperativa de la cementera Cruz Azul, que la semana pasada causó la muerte de ocho personas y heridas a 12 más, acumula nuevos aspectos que alarman al gobierno federal. Entre ellos, la injerencia de políticos en el conflicto y movimientos financieros inexplicables por parte de los abogados que en agosto de 2020 propiciaron en esa compañía el derrumbe del largo cacicazgo de Guillermo “Billy” Álvarez.
Evidencias de desfalcos por parte de Álvarez Cuevas —hoy de 77 años— llevaron a que el gobierno López Obrador, vía la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República, generara una estrategia conducida por Julio Scherer Ibarra, entonces consejero jurídico de Palacio, en busca de castigar presuntos delitos y reparar el daño al fisco. Desde el primer momento se aseguró que ello era secundado, bajo motivos diferentes, por un controvertido personaje: Eduardo Osorio Chong, hermano del exsecretario de Gobernación y actual senador Miguel Ángel Osorio.
Despachos conducidos por los abogados Guillermo Barradas, Roberto García González y Santiago García Luque auspiciaron formalmente las denuncias de un grupo disidente de cooperativistas encabezados por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, que se hicieron del control tras documentar desvíos por al menos 300 millones en esa compañía, que produce una de cada cuatro toneladas del cemento vendido en el país. Entre los coacusados de “Billy” Álvarez figuraron Víctor Garcés, Mario Sánchez y el también abogado Ángel Junquera, señalado de cubrir exorbitantes a honorarios a litigantes externos.
Nuevos elementos añaden hoy piezas a la historia. Un reciente expediente de la UIF entregado a este espacio, junto con reportes de inteligencia, revela que la renovada administración de Cruz Azul ha pagado a los aludidos despachos de Barradas, García González y Luque al menos 200 millones de pesos por los servicios prestados, según facturas a la vista. A ello siguió un entramado jurídico y financiero que incluyó voluminosas transferencias a cuentas bancarias radicadas en el extranjero, algunas de ellas con beneficiarios tan singulares como supuestos vendedores de arte. Autoridades consultadas estiman que podría haber un esfuerzo para maquillar el verdadero destino de esos pagos.
Análisis de inteligencia federal sobre el ataque ocurrido el pasado miércoles 27 a instalaciones de la cooperativa en el poblado de Jasso, municipio de Tula, Hidalgo, aportan mayor complejidad, lo que incluye posibles nexos con bandas del huachicol que operan en la refinería de Pemex asentada en ese municipio.
Lo que resulta evidente es que la planta cementera de Tula es el principal foco de la confrontación en Cruz Azul, entre la renovada directiva de la empresa, que conducen los citados Marín y Velázquez -a los que se moteja “La Disidencia”- y la facción encabezada por Federico Sarabia y Alberto López, que se autonombran “La Resistencia”.
En Tula —como antes en Oaxaca e incluso en la Ciudad de México— se habían producido ya choques, incendios intencionales y fricciones entre los dos grupos antes de que ocurriera la refriega mencionada con ocho muertos —quizá nueve, según temen médicos. Entre los asesinados no dominan trabajadores sino integrantes de un grupo de choque contratado en el estado de México. Ambas facciones cruzan acusaciones sobre quiénes fueron los instigadores de la agresión.
Estamos frente a un nuevo escalamiento de la crisis en Cruz Azul, cuyo principal motor parece ser la aparente decisión del gobierno López Obrador para sacar las manos de un problema en el que no fue solo testigo, sino actor directo, junto con otros más que también han dejado sus huellas digitales en un rastro manchado ya de sangre.
