En el arranque de la administración López Obrador, Julio Scherer Ibarra, el poderoso consejero jurídico, recibió la encomienda de Palacio para definir al titular de la recién creada Fiscalía General de la República. Las consecuencias de esos días sacuden hoy a la llamada cuarta transformación y agudizan la crisis que involucra a Scherer, Alejandro Gertz Manero y Olga Sánchez Cordero, las figuras más emblemáticas de la primera mitad del gobierno.

Al carácter explosivo de la carta difundida ayer por Scherer Ibarra en la revista “Proceso”, sobre una presunta conspiración en su contra emprendida por el fiscal y la senadora y ministra en retiro, se sumarán nuevos escándalos. Ello, al confirmarse que el espionaje telefónico a Gertz provino de oficinas gubernamentales, según adelantó él en privado ante senadores la semana pasada. No será menos corrosiva la sentencia de la Corte sobre el aparente uso de la Fiscalía para manipular un caso del fuero común a fin de encarcelar a una sobrina política de su titular como una venganza personal. 

La noche de la elección en la que resultó triunfante López Obrador, en julio de 2018, un puñado de personajes cercanos fue convocado a un discreto brindis en el domicilio del virtual presidente electo. El tabasqueño tuvo palabras de reconocimiento para cada uno de los asistentes. Así lo hizo con Bernardo Bátiz, su procurador de Justicia durante los años en la jefatura de Gobierno capitalino (2000-2006). A él le deseó suerte como próximo fiscal general de la República. Este agradeció y se reiteró a disposición del proyecto que por fin conquistaba la Presidencia.

Bátiz, entonces de 82 años, fue incluido en la terna presidencial para que el Senado nombrara fiscal, pero fue marginado por la figura de Gertz, que semanas antes se perfilaba para ser nombrado subsecretario de Seguridad, bajo las órdenes de Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora. Bátiz envió un comentario a este espacio negando que él hubiera declinado el cargo por motivos de edad y salud, como se dijo aquí. 

Ahora se sabe que, en una carambola de tres bandas, Scherer Ibarra convenció al Presidente de que Gertz era el mejor prospecto, salvó a Durazo (que se quejaba de su subordinado aun antes de que iniciaran tareas), y selló con el inminente fiscal un acuerdo de trabajo conjunto que funcionó hasta el primer día de septiembre pasado, al conocerse la renuncia del consejero jurídico. Tras ello, López Obrador se refirió a él en conferencia de prensa como “mi hermano”. En los hechos, Scherer Ibarra se había desempeñado por 32 meses como el virtual vicepresidente. 

En política se dice que la única certeza posible es sobre el pasado. La ruta para la caída de Gertz Manero se presenta tan impredecible como las perspectivas de que pueda mantener un mínimo margen de autoridad moral al quedar al centro de una sorda pugna en el gobierno, exhibir un patrimonio personal alucinante y protagonizar una cruel historia contra su cuñada nonagenaria y la hija de ésta, en prisión desde hace 500 días.

El Senado hizo saber en días pasados a Palacio que, en su análisis, el único procedimiento jurídico para eventualmente separar a Gertz de la fiscalía no podría ser que la propia cámara alta derogara la designación en su favor de enero de 2019. Se precisaría, indica el reporte, un cese directo del presidente López Obrador, que incluso podría ser apelado (aunque ello sea improbable) por una votación senatorial en los cinco días posteriores. Mientras estos escenarios se dirimen, los episodios de esta historia seguirán siendo dardos al corazón de la 4T.