En vísperas del inicio del gobierno, Julio Scherer Ibarra informó a Alejandro Gertz que el presidente López Obrador lo postularía para ser el primer fiscal general de la República. Estaba previsto designarlo subsecretario de Seguridad federal, bajo el mando de Alfonso Durazo, pues la fiscalía se hallaba reservada para Bernardo Bátiz, pero éste declinó por motivos de salud y edad —tenía entonces 82 años, Gertz alcanzaba 79.
“Es el puesto que siempre soñé”, le dijo Gertz a Scherer ante el ofrecimiento del Presidente. Ese día surgió un vínculo entre los tres; es improbable que alguno haya imaginado que el sueño de Gertz derivaría en una pesadilla para la naciente administración.
El fiscal ha estado al centro de escándalos financieros como los “Pandora Papers” por uso de paraísos fiscales para refugiar su fortuna personal; la rebatinga desatada por el patrimonio de la Fundación Jenkins ligada a la Universidad de las Américas de Puebla, contra la que ha sostenido un obsesivo litigio desde hace décadas; la confrontación con el extitular de la UIF, Santiago Nieto…
Este fin de semana fue filtrada una serie de audios de conversaciones del fiscal con su mano derecha, Juan Ramos, que desnuda la presión sobre el ministro Alberto Pérez Dayán, que acaba de presentar un proyecto de sentencia que beneficia en principio a la hija de una anciana que por 40 años fue pareja de Federico Gertz —hermano de aquél—, a la que Gertz ha perseguido judicialmente, primero como litigante privado y ahora al frente del Ministerio Público federal.
Una nueva crisis atribuida al fiscal golpea a López Obrador en un momento incómodo para Palacio. El escándalo de moda ha empezado a desmoronarse, pero tendrá un nuevo capítulo esta semana si Gertz Manero logra arrancar de un juez, ahora sí, una resolución en favor de lo podría ser su último intento de revancha.
Este martes habrá una segunda audiencia judicial contra los integrantes de un despacho de litigantes que defendió a Juan Collado, personaje de alta sociedad, abogado y presunto prestanombres de poderosos personajes del PRI en las últimas décadas. Él se halla preso bajo acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros delitos graves. Se calcula que mantiene bajo su control fondos y propiedades por 2,000 millones de pesos que pertenecen a personajes que se conservan en el anonimato.
Existen evidencias de que una ruptura con Scherer —por motivos hasta ahora desconocidos— llevó a Gertz a ofrecer a Collado abrir la puerta de su celda, vía un “criterio de oportunidad”, a cambio de acusar de extorsión al citado grupo de abogados, que encabeza Juan Antonio Araujo, e involucrar en ello al exconsejero jurídico presidencial. En lo que parece un recurso desesperado, la denuncia de Collado argumenta que la extorsión buscó obligarlo a malbaratar la caja de ahorros “Libertad”, de su propiedad…, aunque hay indicios de que él y su familia buscaban comprador mucho antes de esta historia.
Colaboradores de Gertz Manero aseguran que denuncias similares serán presentadas contra Scherer, Araujo y los colaboradores de éste, por otros actores. Ello incluiría al abogado Ángel Junquera, al que se liga con el saqueo a la Cooperativa Cruz Azul; al empresario Carlos Ancira, acusado de fraude a Pemex, y al matrimonio de Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, presumiblemente roto tras ser ligados con un imperio de empresas fachada.
Consultas realizadas por este espacio indican que esas nuevas denuncias lucen cada vez más improbables, salvo quizá en el caso de Junquera, cuya condición de testigo protegido pone su destino en manos de la fiscalía de Gertz.
