En el contexto de la disputa por la gubernatura de San Luis Potosí que se renueva el próximo año, al diputado federal Ricardo Gallardo Cardona le están reviviendo antiguas denuncias que cuestionan su honestidad y la legalidad de sus actividades políticas. Además de la denuncia que preparan en la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los movimientos financieros del legislador y su familia, en la que mencionan presuntos vínculos con delincuencia organizada, en la Procuraduría Fiscal Federal hay otra denuncia por defraudación fiscal equiparada en el pago de ISR por 7 millones de pesos que, acusan, Gallardo Cardona no pagó al SAT del ejercicio fiscal de 2012.

Aunque el asunto fiscal se remite al 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se ha discutido en los tribunales judiciales desde aquel año, cuando le interpusieron la primera denuncia al entonces presidente municipal de Soledad de Graciano, San Luis Potosí, con el número de averiguación previa UEIORPIFAM/A9/292/2014, que luego fue consignado por el Ministerio Público en noviembre de 2017 ante el Juzgado Cuarto de Distrito de San Luis Potosí, el cual declinó su competencia para conocer el asunto y lo mandó al Centro de Justicia Penal del mismo estado que también declaro su incompetencia para conocer la denuncia.

Ante tales decisiones y rechazo de los jueces federales, aún en la extinta PGR a cargo de Elías Beltrán, se volvió a presentar la denuncia por defraudación fiscal equiparada, y el Ministerio Público abrió una nueva carpeta en contra de Ricardo Gallardo Cardona ahora con el número FED/SEIDO7UEIOROIFAM-SLP70000157/2018, para insistir en la acusación. El asunto pasó así al actual gobierno y e 17 de octubre de 2019, ya en la actual Fiscalía General de la República, la MP Miriam Andon García, emitió el decreto de “no ejercicio de la acción penal”  en favor del acusado Gallardo Cardona, con lo cual se exoneraba al actual diputado federal del PVEM de la acusación de defraudación al fisco.

Pero la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) a través de su Dirección General de Delitos Fiscales se inconformó con la decisión del Ministerio Público y tras serle rechazados varios oficios de impugnación en el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México, terminó logrando que el asunto se revisara directamente en el Centro de Justicia Penal de SLP, en donde el 11 de febrero de 2020 se abrió el expediente 3/2020 para atender la impugnación de PFF.  Finalmente el 11 de marzo de este año se celebró la audiencia en la que el juez de Distrito Especializado decretó procedente revisar el “no ejercicio de la acción penal” otorgado al diputado.

El asunto va en que la Procuraduría Fiscal interpuso un juicio de amparo indirecto el pasado 1 de julio, en el que solicita a los magistrados del Tribunal Unitario del Noveno Circuito con residencia en San Luis Potosí, la protección de la Justicia Federal para que se subsanen “violaciones de derechos humanos y garantías fundamentales” cometidas contra la parte quejosa que es la PFF y pide que se invalide la declaratoria del “no ejercicio de la acción penal” en contra de Ricardo Gallardo.

Pero detrás de toda esta historia de denuncias y acusaciones en contra del actual diputado federal por el PVEM al que la UIF investiga por sus movimientos financieros y la Procuraduría Fiscal por presuntas evasiones está, sin menoscabo de las denuncias oficiales y el curso que tomen, una guerra política desatada por la gubernatura de San Luis Potosí. Gallardo es uno de los aspirantes declarados al gobierno estatal y ya figura en varias encuestas de empresas como Consulta Mitofsky, Gabinete de Comunicación y otras en primer lugar de preferencias, seguido del aspirante del PAN, Xavier Nava, actual alcalde de la ciudad de San Luis Potosí. Desde su diputación en la bancada del verde, Gallardo ha operado una posible alianza con Morena para ser candidato, la cual está condicionada a la decisión que tome el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, de si decide ir o no como candidato a las elecciones potosinas. Si Moctezuma no va, entonces el diputado sería candidato de la alianza PVEM-Morena.

Eso lo ha colocado en la mira de sus adversarios, marcadamente del alcalde potosino Nava, de quién se dice contrató los servicios del abogado Javier Coello Trejo para impulsar y retomar los antiguos expedientes judiciales en contra de Ricardo Gallardo que fueron abiertos en 2014 justo en el gobierno de Peña Nieto. En el sexenio pasado incluso se le detuvo en 2015 acusado de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero y estuvo preso varios meses. Su detención entonces estuvo a cargo del mismo Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, que hoy está profugo de la justicia y escondido en Canadá donde se prepara una orden de extradición por parte de la FGR para que responda a varios delitos cometidos durante su actuación en el Caso Ayotzinapa.

Veremos en qué termina toda esta guerra potosina, en la que desde el poder estatal han pedido que las instancias federales revivan las denuncias y acusaciones delicadas en contra de Ricardo Gallardo Cardona para tratar de descarrilar una eventual candidatura por Morena. El juego de fuerzas es interesante porque al parecer el PRI, que es el partido del gobernador Juan Manuel Carreras, está prácticamente aniquilado para las próximas elecciones y será importante ver hacia dónde se mueve el mandatario estatal en la batalla por el poder local que claramente está entre el panista Xavier Nava, con su abogado Coello Trejo operando, y el diputado Gallardo Carmona, cuya candidatura ha despertado fuertes reacciones aún cuando sigue supeditada a la decisión que tome desde la SEP Esteban Moctezuma.

En fin que los políticos potosinos, fieles a su pasado huasteco, nahua, pame y totonaca, se traen una guerra cruenta por la gubernatura que se renueva en el 2021.

NOTAS INDISCRETAS…

A propósito de Moctezuma, cuentan que a políticos potosinos que lo fueron a ver hasta la SEP para preguntarle si iría o no a buscar la candidatura de Morena a la gubernatura, el secretario les respondió que no, que él buscaría ser presidente en el 2024 ¿Será que don Esteban está pensando nuevamente en buscar la grande, aquella que se le frustró muy temprano cuando llegó a ser el fallido delfín del presidente Ernesto Zedillo?...

Ayer médicos del Hospital Ángeles del Pedregal comentaban que habían visto mucho más movimiento de elementos de la Agencia de Investigación Criminal que iban y venían por las salas del hospital y que varios de ellos subieron al Piso 6, el área VIP donde presuntamente ha estado internado Emilio Lozoya Austin. A los doctores que trabajan en el lujoso hospital privado les llamó la atención el movimiento de agentes porque en los últimos días se había relajado mucho la vigilancia y en los operativos que montaban apenas había algunos elementos de la Guardia Nacional en los alrededores de la instalación médica, en los que los federales, que cada vez eran menos, prácticamente solo estaban estacionados sin hacer ningún tipo de revisión de seguridad.

El personal interno había relajado tanto sus medidas que se podía llegar sin problema, como visitante, al mencionado piso 6 sin que nadie preguntara nada y mucho menos revisara a los visitantes, al grado que se llegó a especular que Lozoya ya no estaba en el hospital. Pues al parecer, si no estuvo varios días, ayer lo regresaron de donde quiera que estuviera oculto, y por el movimiento que reportan los doctores del Ángeles, es posible que ya se prepare su primera declaración oficial que ocurrirá este martes a las 9 am en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, como lo informó anoche el Consejo de la Judicatura Federal. Por fin parece que, aunque sea por unas horas, Lozoya Austin pisará la cárcel, aunque solo sea en el juzgado… Los dados mandan Escalera doble. Gran tiro.

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