Bajo una carpa que simulaba un cielo nocturno repleto de estrellas en el salón principal del Hotel Marriott de Villahermosa, se celebró la fiesta de XV años de la hija de Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario tabasqueño contratista de Pemex, favorecido con miles de millones de pesos en el sexenio pasado donde dos de sus paisanos controlaron los negocios de la petrolera: Octavio Romero Oropeza y Marcos Herrería Alamina.
Guerrero Rojas es propietario de Petroservicios Integrales México S.A. de C.V. y de Grupo Energético de la Chontalpa, así como de otras 15 empresas, según los registros públicos revisados para esta columna.
Los ingresos de las empresas del empresario tabasqueño suman un total aproximado de 3,869 millones 950 mil pesos, cifra que se compone de la siguiente manera: el grueso proviene de Petroservicios Integrales México S.A. de C.V., con un contrato de 1,997 millones de pesos en 2019 y otro en 2023 por 104 millones de dólares (unos 1,872 millones de pesos). A esto se añaden montos menores de otras operadoras como Meyaj, con contratos que no superan los 300 mil pesos, Oil Industry Logistics con menos de 450 mil pesos, y Gocsa con adjudicaciones por debajo de los 200 mil pesos en 2024. El resto de su complejo de 17 compañías, que incluye nombres como Graro Inmobiliaria, Inmobiliaria Tracksa y Petróleos Tabasqueños, no registra contratos públicos vigentes en las bases de datos de Compranet o el PNT entre 2025 y 2026, lo que acentúa el contraste entre la facturación reportada y el nivel de vida exhibido.
Guerrero Rojas es señalado en el gremio como una pieza estratégica y presunto prestanombre en el entramado de poder de Octavio Romero Oropeza, exdirector de Petróleos Mexicanos; Manuel Herrería Alamina, el poderoso exadministrador de la paraestatal; y también muy cercano al actual gobernador de Tabasco, Javier May.
En este tablero de ajedrez corporativo, Guerrero Rojas no camina solo. Su red de socios refleja la simbiosis entre la política y los negocios en el sureste mexicano. En sus actas aparecen nombres como el de Héctor Peralta Grappin, exdiputado federal; José del Carmen Olán Arce; y familiares directos como Luis Felipe Guerrero Rojas. Otros aliados estratégicos incluyen a Arturo Córdova Escalante, Ricardo Vázquez Flores y Luis Enrique Burgos Verbel. Esta estructura le ha permitido navegar incluso en aguas turbulentas: a pesar del flujo de capital que presume, Guerrero Rojas enfrenta desde julio de 2019 una demanda activa interpuesta por Pemex Exploración y Producción (PEP) (expediente 33/2019) ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Tabasco, relacionada con operaciones o incumplimientos en el sector.
Resulta paradójico que, mientras en el Marriott de Villahermosa se servía un menú de cinco tiempos —que incluyó crema de alcachofa, croquetas de jamón serrano con mermelada de cebolla, carpaccio de res, filete en salsa de vino tinto y picaña braseada, regado con Champagne y Whisky de reserva—, la transparencia en sus contratos sea una sombra. Mientras la fiesta se estima en más de 40 millones de pesos, empresas de su grupo como Gocsa o Meyaj reportan en el Portal Nacional de Transparencia contratos recientes por montos que apenas rozan los 200 mil o 300 mil pesos. ¿De dónde sale entonces el flujo para pagar a J Balvin y Belinda en una sola noche? La respuesta parece estar en los convenios de coordinación y licencias con la CRE y ayuntamientos como el de Comalcalco, donde Grupo Energético de la Chontalpa obtuvo 15 convenios tan solo en 2024.
De acuerdo con fuentes del staff que coordinó la logística del evento y capturas de comunicación interna, la cartelera musical fue un despliegue de poder adquisitivo: J Balvin, cuya tarifa por actuación privada ronda los 15 millones de pesos; Belinda, quien habría cobrado 5 millones de pesos más el costo de un avión privado solo por cantar "Las Mañanitas"; el fenómeno de los corridos tumbados Xavi, y la agrupación Matute, con un contrato de 2 millones de pesos. La conducción, para no dejar espacio a la sencillez, corrió a cargo de Galilea Montijo.
El despliegue de riqueza fue una calca de la opulencia que el discurso oficial jura haber desterrado de la vida pública. En los pasillos del Marriott de Villahermosa se instalaron estaciones funcionales de Sephora y Christian Dior, con tocadores iluminados y personal especializado dispuesto para el retoque de maquillaje de las asistentes durante toda la velada. El paroxismo del consumo llegó con los obsequios: pulseras de la firma Hermès, con un valor unitario de 25 mil pesos, entregadas como simples recuerdos de mesa. Sin embargo, el momento que definió la noche fue la entrega del regalo estelar del padre a la festejada: una bolsa Birkin —cuya lista de espera y costo de cientos de miles de pesos la hacen un símbolo de estatus global—, presentada a través de un video grabado por una de las vendedoras premium de la firma parisina.
Lo ocurrido en Villahermosa es el retrato del surgimiento de los "nuevos ricos" que, a contracorriente de la prédica de austeridad franciscana de quien los catapultó —López Obrador—, decidieron enriquecerse a manos llenas. Personajes como Octavio Romero y su compadre Manuel Herrería, quienes manejaron la chequera de Pemex; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; el joven operador Amílcar Olán, y muchos otros forman parte de esta casta que entendió rápidamente que la austeridad era una narrativa para el consumo masivo, pero no una norma de vida privada.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, asegura que no es un fracaso que la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no vaya a ser aprobada por la falta de acuerdos y consenso con sus aliados del Verde y el PT.
El zacatecano considera que tirarse a matar por esa reforma sería contraproducente para lo que viene. La cautela de Monreal tiene que ver con el relevo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la designación de los tres nuevos consejeros del INE, votaciones que requieren de la mayoría calificada.
El proceso para sustituir a David Colmenares ya está en marcha. La convocatoria fue lanzada el 18 de febrero y el pleno cameral tiene como fecha fatal el 11 de marzo para elegir al nuevo titular para el periodo 2026-2034.
Asimismo, el próximo 4 de abril concluyen su encargo los consejeros Dania Ravel, Jaime Rivera y Beatriz Zavala, dejando tres vacantes que son el verdadero objeto del deseo para la consolidación del plan B o C de la reforma electoral.
Monreal opera con pies de plomo. Sabe que si los aliados sienten que su lealtad no es recompensada en la terna de la ASF, podrían encarecer o incluso bloquear el quórum para los consejeros electorales. La prudencia de Monreal con el Verde y el PT tiene que ver con estos otros dos temas.
Por cierto que hablando de Abelina López, cuya administración será sometida a una auditoría forense por parte de la ASF —tal cual se reveló en esta columna la semana pasada—, ahora la novedad es que la alcaldesa hizo uso político de la marcha del 8M en Acapulco para su promoción personal.
La alcaldesa se colgó del nombre de la presidenta Sheinbaum, al plasmarlo en las cientos de playeras que usaron diversos grupos de mujeres con la leyenda "Si tocan a Claudia o a Abelina, respondemos todas".
Qué lamentable la falta de sororidad de Abelina López con las agrupaciones feministas que marcharon en Acapulco con demandas legítimas, pero que fueron relegadas por las ambiciones políticas de la muy polémica y cuestionada alcaldesa.
A la auditorías forense que está por aplicarle el órgano de David Colmenares se sumará ahora cuánto gastó en las playeras que repartió, a ver si en este caso sí tiene cómo explicarlo o si se queda como con los 900 millones de pesos que se acreditó desvío y no ha aclarado.
En un intento por transmitir seguridad jurídica al sector turístico, autoridades federales ejecutaron una diligencia para retirar la posesión al empresario Fernando Eugenio Barbachano Herrero de los hoteles Mayaland y The Lodge en Chichén Itzá, una medida que pone fin a un presunto delito de fraude en el que el personaje intentó retener propiedades que él mismo había entregado y cobrado hace seis años.
El conflicto tiene su origen en 2020, cuando Barbachano Herrero no solo firmó una promesa de compraventa con la Inmobiliaria R4, sino que recibió la jugosa cantidad de 4.5 millones de dólares por la operación. Pese a haber cobrado el dinero y entregado voluntariamente la posesión de los inmuebles, el empresario inició repentinamente una resistencia legal; se retractó del acuerdo sin devolver los fondos y buscó recuperar los hoteles mediante recursos jurídicos que fueron ya desechados por la justicia federal.
La diligencia ocurrida apenas la semana pasada, ordenada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Yucatán, resalta de entrada que en los recursos de Barbachano Herrero hubo una invasión de jurisdicción, pues el empresario pretendió validar su postura mediante una jueza de Quintana Roo, quien había autorizado levantar el aseguramiento de los hoteles pese a carecer de competencia para hacerlo. Para los empresarios del sector turístico este tipo de actos de “arrepentimiento", tras haber cobrado cuantiosas sumas de dinero, no solo afectan a la certeza jurídica o a la inmobiliaria R4, sino que ahuyentan el capital extranjero y nacional al posicionar a la región como un foco de inestabilidad y con falta de garantías para hacer negocios.
Este año, Grupo Andrade, de Ángel Mieres Zimmermann, cumplirá un centenario de operación, un hito poco común en la industria automotriz mexicana. La empresa nació en 1926 con la apertura de Ford Automotriz Tuxpan, fundada por Antonio Fernández Andrade, en una época en la que el automóvil apenas comenzaba a consolidarse en el país. Con el paso de las décadas, aquel negocio inicial evolucionó hasta convertirse en un grupo con más de 60 distribuidoras en el país, la representación de más de 35 marcas y ventas superiores a 45 mil unidades al año, además de una plantilla que hoy supera los 6 mil empleos.
El crecimiento se explica en buena medida por su capacidad de adaptarse a los cambios de la industria. En 1964, con la creación de Automovilística Andrade, la empresa dio un paso hacia la profesionalización y expansión en un contexto marcado por el Decreto Automotriz de 1962, que restringía importaciones y buscaba fortalecer la producción nacional. Años después, en 1979, la incorporación de Nissan a su portafolio marcó el inicio de una estrategia multimarca que terminó por diversificar la oferta y ampliar su presencia en el mercado automotriz mexicano.
Hoy la operación del grupo va más allá de la venta de vehículos y se extiende a distintos segmentos de la movilidad. A través de empresas como Integra y Ultra Fleet Solutions administra una flota superior a 100 mil unidades, mientras que otras divisiones participan en servicios de mantenimiento, logística y renta de autos. Esa estructura refleja un cambio más amplio en la industria automotriz, donde el negocio ya no se limita a la comercialización de unidades, sino que cada vez más se articula alrededor de servicios integrales de movilidad.
@MarioMal