Mañana miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del agobiado Poder Judicial de la Federación debatirá sobre la elección en Jalisco, en respuesta a la demanda interpuesta por la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, quien pidió declarar nulos los comicios por la gubernatura estatal del pasado 2 de junio, que ganó el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. Se trata de la última instancia en este proceso y el fallo de los magistrados definirá si se declara válido el triunfo de Lemus o si se le da la razón a la candidata morenista en su petición de nulidad.

El proyecto de sentencia, que ya hizo público desde hace varios días el magistrado Felipe Fuentes, propone desechar la impugnación de Delgadillo y confirmar la declaratoria de validez y el triunfo de Lemus, tal y como lo determinó el Tribunal Electoral de Jalisco desde el pasado 12 de agosto, argumentando que la candidata morenista “carece de interés jurídico dado que no acudió a inconformarse ante la instancia local”.

Es decir, que Claudia Delgadillo, que no apareció como demandante o agraviada en la primera impugnación que presentó Morena ante el Tribunal estatal el 15 de junio, cometió un error garrafal, y eso hizo que el magistrado Fuentes desconociera su interés jurídico al haber impugnado a nivel federal, sin haberlo hecho antes, ella como afectada, en la instancia local. Porque, efectivamente, en la primera denuncia que se presentó para impugnar el resultado del 2 de junio en Jalisco, sólo aparecía Morena como partido y fue hasta dos días después que la candidata se quiso sumar, pero ya sólo pudo aparecer como “coadyuvante” en la denuncia y no como afectada.

A reserva de cómo voten los 5 magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral federal este miércoles, todo indica que la mayoría votará a favor del proyecto de Felipe Fuentes, con lo que la última instancia confirmaría “el cómputo, la elegibilidad y la declaración de validez de la elección a la gubernatura en Jalisco, así como la entrega de la constancia de mayoría expedida a favor de Jesús Pablo Lemus Navarro”, quién después de cuatro meses y medio de haber ganado los comicios, sería por fin declarado oficialmente “gobernador electo de Jalisco”.

Así quedaría resuelto de manera definitiva e inatacable, el triunfo de MC y de su candidato Pablo Lemus en Jalisco, y terminaría el largo periodo de incertidumbre y tensión que se vivió en ese estado ante las impugnaciones de Morena que pretendía revertir el resultado de esos comicios a partir de una serie de argumentos y presuntas irregularidades que fueron desechados, primero en las instancias estatales, luego en la Sala Regional del TEPJF y finalmente por la misma Sala Superior del Tribunal que es la máxima y última instancia en materia de elecciones.

Oficialmente el argumento jurídico del magistrado Fuentes, sobre el error que cometió Claudia Delgadillo, al no haber promovido ella personalmente la primer demanda de impugnación ante el Tribunal Estatal, será la causa legal por la que se deseche su denuncia federal, y jurídicamente está más que sustentado, en el proyecto del magistrado ponente, la tesis y las jurisprudencias que establecen que el juicio de ciudadanía que promovió la abanderada morenista no tenía razón jurídica porque no se puede ir a la instancia federal sin antes haber impugnado en lo local.

Pero extraoficialmente el fallo que emitirán este miércoles los magistrados también tiene otras lecturas e interpretaciones políticas sobre las razones detrás del inminente revés a Morena y a su polémica candidata en Jalisco. La primera versión apunta a que la muy cuestionada y nunca totalmente aclarada ausencia del senador de MC, Daniel Barreda, en la sesión donde se votó la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, fue en realidad un montaje orquestado y coordinado entre la 4T y la cúpula emecista, para facilitar la aprobación de la citada reforma judicial, algo que niegan en el partido naranja pero que tampoco nunca pudieron aclarar, más allá del sentimental argumento del senador ausente de que “tenía que apoyar a mi padre”.

Y hay una segunda versión que apunta a que también Claudia Delgadillo cavó su propia tumba, no sólo por su garrafal error jurídico de no encabezar ella la denuncia local, sino porque desde Palacio Nacional decidieron dejarla sola y a su suerte, desde el pasado 17 de agosto, día en el que los morenistas, al parecer incitados por la candidata perdedora, abuchearon y le gritaron al gobernador Enrique Alfaro durante un evento con el entonces presidente López Obrador y con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en la zona de Los Altos de Jalisco.

Fue tan humillante el abucheo de más de 3 minutos al gobernador en su propia tierra, y tan fuerte la escena en la que Alfaro se quedó trabado y a punto de las lágrimas porque los morenistas no lo dejaban empezar su discurso, que el propio Andrés Manuel y Sheinbaum tuvieron que intervenir para callar a los morenistas y pedirles, ya en tono imperativo, que le permitieran al gobernador dar su discurso. Dicen en Morena que ese día la molestia del mandatario y la mandataria electa fue tal que se decidió no apoyar más las impugnaciones de Claudia Delgadillo al proceso electoral.

El caso es que, como diría el clásico tan citado en Palacio Nacional, “haiga sido como haiga sido”, todo indica que mañana la señora Delgadillo y Morena Jalisco recibirán un duro revés y se terminará así el impasse en el que se encontraba la entidad jalisciense que, después de meses de incertidumbre y tensión, tendrá por fin un gobernante electo en la persona de Pablo Lemus, que rendirá protesta como gobernador constitucional el próximo 1 de diciembre.

NOTAS INDISCRETAS… Extraña y esquiva, por decir lo menos, la respuesta que ayer le dio la presidenta Sheinbaum a la periodista Claudia Guerrero, cuando le preguntó sobre la corrupción en las Aduanas federales y el cobro de extorsiones por parte del crimen organizado en colusión con los funcionarios del sistema aduanero nacional. “Pues si tienen más datos con gusto lo revisamos”, dijo la presidenta que volvió a remitirse al periodo de su antecesor diciendo que durante el sexenio pasado “se avanzó mucho tanto en Aduanas como en Puertos y se sigue trabajando conjuntamente”. Según la doctora la forma en que sabe que disminuyó la corrupción en las Aduanas es porque aumento la recaudación y el cobro de derechos por parte de la Agencia Nacional de Aduanas, dependiente de la Secretaría de Hacienda en 250 mil millones de pesos más que ingresaron como impuestos aduanales a las arcas federales. Lo que no dijo o no sabe la presidenta es que la propia Hacienda y el sistema aduanero han reconocido que la fuga y evasión de impuestos en las aduanas y puertos federales se estima en 1 billón de pesos, por lo que el avance que presume en los seis años pasados no parece ser nada para presumir y menos para afirmar que se disminuyó la corrupción, cuando el gobierno federal sigue perdiendo 750 mil millones de pesos que van a parar al crimen organizado que cobra extorsiones por pasar, sin revisión ni supervisión de las aduanas, toda clase de productos, desde gasolina ilegal procedente de Estados Unidos --como la que importaba el difunto empresario tamaulipeco Sergio Carmona y de la que financiaba campañas políticas de Morena-- hasta armas y cualquier tipo de productos de contrabando ilegal. Pero lo más extraño de la respuesta de Sheinbaum, que insistió en pedirle “más datos” a la periodista que le preguntaba, es que ella y su equipo saben muy bien de qué tamaño es el enorme agujero de corrupción en las aduanas federales, porque el ex director de Aduanas en el gobierno anterior, Rafael Marín Mollinedo, les entregó un informe detallado de cómo el crimen organizado y la corrupción de funcionarios de la 4T han permitido el contrabando de gasolinas y demás productos a cambio de jugosas ganancias para ambos bandos. Marín Mollinedo fue nombrado por el ex presidente a finales de 2022 y seis meses después, en junio de 2023, presentó su renuncia de manera intempestiva y corrió a Palacio Nacional para decirle al entonces presidente que había recibido amenazas de muerte de los narcos y criminales confabulados con funcionarios de distintas aduanas como Nuevo Laredo, Matamoros y Tijuana, por lo que le pedía encarecidamente que le aceptar la renuncia y le permitiera irse del país. Tan real fue esa denuncia de Rafael Marín, que el presidente lo sacó de Aduanas y lo mandó de embajador ante la OMC, cargo que aún ocupa. Y esa misma denuncia, con todo y documentación, la presentó Mollinedo al equipo de transición de Claudia Sheinbaum hace un par de meses. Así que la doctora sabe muy bien de qué se habla cuando se habla de corrupción y crimen organizado en las Aduanas federales. Que no lo quiera ver y pretenda que un periódico o una periodista le den “más datos”, resulta, por decir lo menos, una actitud esquiva o extraña, por no decir negligente… A propósito del Tribunal Electoral, quien sigue deshojando la margarita sobre si se va o se queda de esa institución es el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, cuyo periodo termina el próximo 31 de octubre, pero según lo que se aprobó en la Reforma Judicial podría quedarse hasta el año 2027 en el cargo, si así lo decide. En un principio el magistrado había dicho que se iría en cuanto terminara su encargo, pero después cambió de opinión y dijo a sus cercanos que estaba evaluando quedarse hasta que la nueva reforma se lo permita. El caso es que a estas alturas, cuando faltan 16 días para que concluya su encargo, aún no se sabe si el magistrado Reyes se va o se queda… La que sí dijo ya que ella se irá en cuánto termine el periodo para el que fue electa por el Senado, es la magistrada Janine Otálora, aunque ella concluye hasta dentro de un año, el 31 de octubre de 2025. Lo curioso de todo esto es que la ampliación de dos años que se les regaló a los magistrados del Tribunal Electoral se supone que quedó aprobada en el texto de la Reforma Judicial, pero oficialmente ninguno de los 5 integrantes del Tribunal Electoral tienen una constancia o documento que acredite la extensión de su encargo… Se baten los dados. Tocó Serpiente.