La plataforma de prestación de servicio de transporte mediante aplicación móvil no solo perdió el amparo interpuesto contra el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, sino que también perdió el recurso interpuesto en contra del Congreso del Estado por el decreto 444 expedido en diciembre del 2016 y que lo obliga a registrarse ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para operar formalmente.
Así lo dio a conocer la legisladora Alejandra Valdés Martínez, diputada presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, quien detalló que la negativa de los tribunales para otorgar el amparo se fundamentó en dos cuestiones.
“Primero porque no está alineado en la ley, no es un transporte que esté legítimo y por lo tanto no podemos darle un seguimiento a la petición del pago en efectivo y aparte porque ellos hablan de que estamos desconociendo un derecho humano porque hay gente que no tienen tarjetas de crédito y que por eso ellos quieren que se dé el pago en efectivo, pero si bien sabemos que hay gente, muchísima más gente que rebasa el límite de que no tienen modo de llegar a una aplicación de estas. Entonces allí ya no estamos faltando a ningún derecho humano”.
Por esta razón, indicó que Uber está restringido de operar en la entidad, en tanto no cumpla con la obligación de registrarse como lo establece la ley. Además, la legisladora consideró que la búsqueda de Uber, al buscar que se le permita el cobro en efectivo, es ampliar su mercado de usuarios.
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