María Mónica Albarrán Bustos, secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal del partido Morena, denunció violencia política por parte de otras mujeres integrantes del partido y que a su vez han denunciaron ser víctimas de violencia política por parte de Gabino Morales Mendoza, coordinador estatal de Programas de Desarrollo Social.

Albarrán Bustos detalló que son aproximadamente siete militantes las afectadas por estas conductas que iniciaron desde el 2015, fecha en la que el partido Morena comenzó a recibir recursos públicos a través de prerrogativas.

“Todas las militantes (afectadas) en su mayoría, quiso en su momento retirarse de un movimiento que empezó y sigue siendo un movimiento de amor con amor se paga (…) increíblemente a partir del 2015 empecé a sufrir esto, me ponen el pie a tal grado de que le dicen a una compañera que no me apoyara”, expuso.

Abundó que “la gota que derramó el vaso” y llevó a las presuntas víctimas a denunciar estos actos ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) es que “vamos viendo declaraciones de Sarahí Esquivel donde ella se victimiza, cuando ella supo y ejerció violencia en contra de nosotros y en su momento ella calló y fue cómplice”, aseguró.

También señalaron como presuntas responsables de ejercer violencia política a sus compañeras militantes a Paola Rachel Aguilar Correa, integrante de la ayudantía federal, Martha Lissett García García, trabajadora del Congreso del Estado y Marcelina Oviedo Oviedo, actual oficial mayor del Congreso del Estado.

Las presuntas víctimas anunciaron que presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena y realizarán talleres de perspectiva de género para los militantes del partido.

Llama la atención que dos de las militantes señaladas Sarahí Esquivel Veloz y Lisset García García, presentaron en su momento denuncias de violencia política en razón de género en contra de Gabino Morales Mendoza, coordinador estatal de programas sociales de desarrollo, ante la CNHJ por la que se emitieron resoluciones sancionadoras en contra del también conocido como “superdelegado”, la primera emitida el pasado 10 de diciembre del 2018 a través de una amonestación pública y la segunda emitida el pasado 25 de enero del 2019, en la que se suspendieron sus derechos partidistas por seis meses y además se le ordena acudir a talleres de capacitación en materia de violencia política en razón de género y violencia política en contra de la mujer, además de la destitución de cualquier cargo que ocupara dentro de la estructura partidista.

apl

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