Los no antecedentes penales se han convertido en una solicitud de usuarios de redes sociales a quienes van a ocupar un cargo público y que resultaron electos el pasado primero de julio a raíz de darse a conocer que Pedro Carrizales Becerra, un ex “chavo banda” llegará al Congreso del Estado.

Tanto se ha cuestionado si hay denuncias en contra de “El Mijis” que El Universal San Luis Potosí preparó un especial con los próximos funcionarios y funcionarias que sí tienen denuncias en su contra.

Uno de ellos es Óscar Bautista Villegas, diputado federal electo al III distrito federal, contra él fue presentada una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República por presunta coacción del voto y el presunto uso de programas federales para condicionar el voto al PRI.

Esta no es la única acusación en su contra, también se le denunció como presunto implicado en la llamada “ecuación corrupta”, que fue develada a través de un video que protagonizó el diputado con licencia Enrique Flores Flores y que presuntamente revelaba la extorsión de la que eran víctima los alcaldes para que sus cuentas publicas fueran blanqueadas.

Sobre este proceso el legislador con licencia aseguró había resultado absuelto, incluso dijo contar con un documento expedido por la Procuraduría General de Justicia del Estado que así lo acreditaba, sin embargo dicho documento nunca fue dado a conocer públicamente.

Otra de las próximas funcionarias públicas con denuncias en su contra es Josefina Salazar Báez, diputada federal electa por el V distrito, contra ella se encuentra interpuesta una denuncia por falsificación de facturas que habrían cobrado bajo el concepto de apoyos legislativos de gestoría.

Además se le relaciona con la gestión de recursos para el denominado “Moches Gate”, que hace referencia a obras que presuntamente no se llevaron a cabo en el municipio de Ciudad del Maíz para las cuales la legisladora gestionó recursos, aprobados por el Congreso del Estado como Fondo de Gestoría.

Estas personas tuvieron la posibilidad de participar en el proceso electoral debido a que mantienen sus derechos a salvo al no ser declarados culpables de delito, además de que uno de los requisitos para obtener la candidatura es cumplir con los requisitos de los organismos electorales que entre ellos implican la presentación de carta de no antecedentes penales.

gpl

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