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IPICyT espera respuesta del Congreso para implementar programa de pacificación en zonas vulnerables

Hace dos meses se presentó un planteamiento de programa piloto a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que de dar resultado podría convertirse en una política federal, pero no ha sido atendido.
Foto: Archivo El Universal San Luis Potosí.
07/09/2019
08:26
María Medrano
San Luis Potosí, SLP.
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Hace dos meses el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología (IPICyT) presentó a los diputados locales Pedro César Carrizales Becerra y Alejandra Valdés Martínez, presidente y vicepresidenta de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, el resultado de un diagnóstico sobre jóvenes en situación vulnerable, acompañado de un plan de acción piloto para atender sus necesidades, proyecto que espera los recursos necesarios para echarse a andar.

Sobre el trabajo realizado Salvador Ruiz Correa, director de You-i.Lab del IPICyT, indicó que el instituto firmó un convenio de colaboración (en marzo de 2019) con el Poder Legislativo para trabajar el tema de jóvenes que viven problemas de marginación social, “con la idea de, primero entender cuál es la problemática aquí en nivel local y en segundo lugar hacer una propuesta de acción” que pudiera replicarse a nivel nacional.

Abundó que se trabajó en la Unidad Ponciano Arriaga (UPA) con el diputado Pedro César Carrizales Becerra y en la colonia Abastos Infonavit con la diputada Alejandra Valdés Martínez, con recursos propios del instituto como financiamiento y equipo, entre el que se incluyó a personas expertas en sociología y ciencias ambientales.

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“A raíz de estos trabajos propusimos llevar a cabo unas tareas, una estrategia que se llama ´Tertulias para la paz´ y que básicamente consistían en sistematizar la intervención en cada una de estas colonias de una manera sostenible”.

El proyecto se planteó a manera de caravana itinerante, para de este modo, ahorrar recursos en la renta de instalaciones y mantenimiento de infraestructura en zonas de la periferia y que además conjuntara el esfuerzo de iniciativa privada y gobierno municipal y estatal para convertir el piloto en un programa sostenible.

“Presentamos la propuesta hace aproximadamente dos meses, yo hablé con la diputada Valdés y vino el diputado Carrizales, vino para acá (al IPICyT) y yo les plantee cómo podemos hacer todo (…) la idea era presentar un piloto que pudiera presentarse al presidente de México y decir, ´mire esto ha estado funcionando´”.

El programa piloto que sentaría las bases de lo que podría convertirse en un programa federal de pacificación de zonas vulnerables, requiere de un presupuesto de menos de un millón de pesos, “para subsanar los trabajos de campo, el personal que hacía toda la parte técnica e íbamos a demostrar cómo se podría hacer y hacer todas las gestiones de la iniciativa privada”.

La marginación es un problema de falta de comunicación y articulación de la sociedad

Dentro del diagnóstico realizado por el IPICyT se detectó que el problema de la marginación y violencia es un problema de comunicación y articulación con los otros estratos de la sociedad, “nosotros descubrimos que en las colonias muy marginadas, basta, a veces, nada más estar presente y escuchar a la gente para que la gente esté más feliz”.

Por ello, señaló que el tema no requiere dinero, sino que requiere articulación y voluntad, sin embargo, ante la falta de respuesta de los legisladores el proyecto ha quedado estancado.

“Yo quiero pensar que no es falta de voluntad, sino que simplemente que la problemática política es muy difícil aquí en San Luis Potosí y en todo el país (…) lo que te puedo decir es que si hay la voluntad en algún momento, nosotros aquí estamos listos para arrancar”.

El investigador, aclaró, a pregunta expresa, que este proyecto es diferente al diagnóstico que presentó el diputado Pedro César Carrizales, alias “El Mijis”, ante autoridades federales y que se elaboró a través de la contratación de una empresa consultora privada.

“Nosotros somos académicos, tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo académico y científico, pero por supuesto que todo el trabajo que hacemos es pagado por los impuestos de los ciudadanos, somos funcionarios públicos, entonces moralmente estamos obligados a apoyar a la sociedad y sobre todo nuestro laboratorio coincide con la estrategia gubernamental de que se tiene que atender a los jóvenes”.

Además, indicó que la idea es realizar trabajo desde la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno, con el objetivo de rescatar a los niños de las zonas vulnerables que luego podrían convertirse en los jóvenes que se busca sacar de la violencia y marginación.

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