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Congreso no tiene “vuelta atrás” determinará sanciones contra RGJ: Rubén Guajardo

Presidente de la Comisión de Justicia detalló el procedimiento para atender la resolución del TEESLP respecto a la promoción extemporánea del segundo informe de gobierno del exedil capitalino.
Foto: Archivo El Universal San Luis Potosí
12/11/2019
03:01
María Medrano
San Luis Potosí
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Para determinar a qué sanción se hará acreedor el expresidente municipal Ricardo Gallardo Juárez, por exceder el tiempo de promoción de su segundo informe de gobierno, el Poder Legislativo tendría que conformar una comisión jurisdiccional, anticipó Rubén Guajardo Barrera, diputado presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.

Esto luego de la resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEESLP) que considera el caso de Gallardo Juárez como “cosa juzgada”; a esta instancia fue enviado el expediente por decisión del Pleno del Legislativo, para solicitar a la institución jurisdiccional que determinará las sanciones contra el exedil, o en su caso, indicará en qué normativas tenía que fundamentar, el Poder Legislativo, las que emitiera.

Guajardo Barrera indicó que hay un apartado de la Ley Electoral en el que se menciona que si no hay autoridad superior, el Congreso debe ser el que sancione, “yo estoy convencido de que la autoridad superior en este caso es el Congreso del Estado”, expuso.

Recordó que la denuncia la inicia el Partido Acción Nacional (PAN) ante el Consejo Estatal Electoral (CEEPAC), instancia que se encargó de formar el expediente y que turna al TEESLP, institución que emite una resolución que luego fue recurrida en instancias superiores, pero que queda firme al señalar que le corresponde al Congreso del Estado determinar las sanciones.

“El PAN presenta un amparo por omisión legislativa porque el Congreso ha sido omiso en sancionar”, recapituló, por lo que considera que ahora el Poder Legislativo “no tiene vuelta atrás” y debe atender el tema.

Apuntó que el procedimiento para esto, sería conformar una comisión jurisdiccional “que entre al fondo del asunto y que vea qué es lo que se puede hacer”, pero adelantó que desde su conocimiento del caso, la sanción podría ir desde una amonestación privada hasta una inhabilitación, aunque recordó que las determinaciones de las comisiones jurisdiccionales deben someterse a la decisión del Pleno.

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