04 / julio / 2022 | 17:09 hrs.

ASE se defiende ante quejas de funcionarios de Zaragoza

El archivo de sanción no obra en la dependencia por responsabilidad de la Contraloría Interna de Zaragoza.

Foto: Archivo El Universal San Luis Potosí.
Política 14/11/2019 12:42 María Medrano San Luis Potosí, SLP. Actualizada 12:42

La Auditoría Superior del Estado (ASE), mediante comunicado, justificó la ausencia en sus archivos del expediente de sanción en contra de la actual presidenta municipal de Villa de Zaragoza, Paloma Bravo García, durante su encargo como directora de Desarrollo Social, que fue requerido por un regidor y quien se ostenta como tesorero de la administración.

Esto luego de que funcionarios de la administración de Villa de Zaragoza, se presentaron ante la Oficialía de Partes.

En el comunicado enviado por la ASE, la dependencia sugiere como causa de la ausencia la responsabilidad de la Contraloría Interna del municipio.

“La carencia del expediente se debe a que el órgano interno de control de Zaragoza, en el periodo correspondiente, omitió notificar a la ASE el documento mediante el cual ordenaba la inhabilitación de Paloma Bravo García, por lo que no pudo ser registrada en el padrón de funcionarios y exfuncionarios inhabilitados”.

Además, la dependencia defiende que “tiene conocimiento” de que la implicada promovió un juicio de amparo que le fue entregada, “en la que se ordena al contralor interno dejar insubsistente el emplazamiento realizado a la actual alcaldesa por considerar que le fue vulnerado su derecho de audiencia”, lo que habría dejado sin efecto la inhabilitación.

José Alberto Sánchez Flores, quien se ostenta como tesorero, y un regidor argumentan que la hoy alcaldesa no podría haber asumido el encargo o siquiera ser candidata porque habría estado vigente una inhabilitación en su contra.

Cabe mencionar que el miércoles 13 de noviembre en sesión del pleno del Tribunal Estatal Electoral (TEESLP) se admitió la denuncia interpuesta por la alcaldesa de Villa de Zaragoza, Paloma Bravo García, por violencia política en razón de género y lo dejó en manos de la magistrada Denisse Porras Guerrero, al tiempo de ordenar activar el protocolo que provee medidas cautelares de protección a la quejosa y su familia.

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vkc

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